*La SIP recuerda al periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, secuestrado y asesinado hace 11 años, un crimen que permanece en la impunidad.
11.05.2025. Miami , EUA.- A 11 años del asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz, en México, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recuerda, a través de su campaña “Voces que reclaman justicia”, que la impunidad en los crímenes contra periodistas puede derivar en autocensura, afecta el derecho de la sociedad a recibir información y pone en riesgo la libertad de expresión.
A Gregorio Jiménez de la Cruz, Goyo, lo secuestraron alrededor de las siete de la mañana el 5 de febrero de 2014, luego de dejar a dos de sus hijos en la escuela, según el registro de la SIP.
Cinco hombres armados y encapuchados irrumpieron en su casa en la comunidad Villa Allende, en Coatzacoalcos, Estado de Veracruz. “Él es el fotógrafo”, dijo uno de los sujetos, según informes de prensa. Le colocaron un cuchillo en el abdomen y una pistola en la cabeza; a sus otras dos hijas “también las encañonan”, el periodista no opone resistencia, “lo esposan y a empujones lo llevan a una camioneta”, de acuerdo con los testimonios publicados en el informe “Gregorio: asesinado por informar”, de la Misión de Observación de un grupo de 16 periodistas y cuatro organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión, entre ellas la SIP, que investigaron el caso.
El 11 de febrero de ese año su cuerpo decapitado y con huellas de tortura; fue hallado en una fosa clandestina en el municipio de Las Choapas al sur del estado, junto a los cadáveres del dirigente sindical Ernesto Ruiz Guillén, y el de un taxista. También se indicó que le habían cortado la lengua, de acuerdo a lo publicado en un artículo de Gatopardo.
Jiménez de la Cruz, periodista empírico, cubría la fuente policíaca y era fotógrafo y repartidor de los diarios Notisur y Liberal del Sur, en Veracruz, el Estado más letal para el ejercicio del periodismo en México. Entre 2010 y 2016 fueron asesinados 17 periodistas en Veracruz y otros tres permanecen desaparecidos, según informes de organizaciones de libertad de prensa.
Algunos de sus artículos los firmaba con el pseudónimo “el Pantera”, otros se publicaban sin nombre; entre otras razones, para resguardar su seguridad. El secuestro y asesinato de Jiménez de la Cruz movilizó a sus colegas del país, de Coatzacoalcos y a organizaciones de prensa para exigir justicia. A la fecha de su muerte tenía 43 años, cuatro hijos junto a su pareja Carmela Hernández, y otros tres de una relación anterior.
El caso de Jiménez de la Cruz, sobre el que se denunciaron “carencias graves” en el proceso de la investigación oficial, fue atraído a nivel federal por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), debido a la existencia de pruebas que vinculaban el crimen con su trabajo periodístico. Inicialmente el gobierno estatal alegó que se trató de una venganza personal, no vinculada al periodismo.
Nueve años después del homicidio, el 5 de agosto de 2023, la Fiscalía General de la República, acusó y dictó auto de formal prisión contra José Luis Cházaro Ramírez, por su probable responsabilidad como coautor en los delitos de secuestro agravado y homicidio del periodista.
Otras cinco personas fueron detenidas anteriormente por el asesinato, entre estas, Teresa Hernández Cruz, propietaria del bar El Palmar, con quien el periodista habría tenido un altercado meses antes de su asesinato, por la publicación de una nota. También fue detenido José Luis Márquez, “el Pony”, jefe de una célula delincuencial, quien presuntamente había sido contratado por Hernández Cruz para perpetrar el asesinato, según informes de prensa.
Hasta septiembre de 2024, no se había fijado fecha de juicio para ninguno de los sospechosos y tampoco se habían dictado condenas, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). El caso sigue impune.
El vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad, Carlos Jornet, expresó que “la falta de resolución en los casos de crímenes contra periodistas es uno de los desafíos más grandes y complejos que enfrenta la justicia en países donde estos crímenes ocurren con regularidad, con sistemas tan sobrecargados como disfuncionales. Es imperioso quebrar el ciclo de impunidad que rodea a estos casos y que sofoca el libre flujo informativo de una sociedad y daña la salud de la democracia”.
La campaña “Voces que reclaman justicia”, de la SIP, tiene como objetivo resaltar y mantener vigente la memoria de los periodistas asesinados en las Américas, recordar su trabajo periodístico y continuar exhortando a las autoridades a poner fin a la impunidad que rodea la mayoría de estos crímenes, mediante la búsqueda de justicia.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
