/ Isabel Sepúlveda /
No hay palabras para describir el dolor de perder un hijo, agravado por la circunstancia de ser niños y adolescentes desaparecidos o masacrados por el crimen organizado. Esto viven hoy cientos, miles, de padres en todo el país. No podemos normalizar esta tragedia causada por el debilitamiento del Estado de derecho, ni debemos trivializar los hechos bajo el cínico argumento de “quién sabe en qué estaban metidos”.
El Índice Global de Crimen Organizado (Ocindex) ubica a México en la tercera posición entre 193 en este mercado ilícito. Esta lamentable realidad sólo puede combatirse con eficacia fortaleciendo al Poder Judicial, con respeto a su autonomía presupuestal y operativa por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, tal como lo ordena la Constitución.
Desafortunadamente la administración obradorista está haciendo lo contrario. La independencia judicial se encuentra en grave riesgo. Esta semana se dio a conocer el informe “Diagnóstico sobre la Independencia del Sistema Judicial Federal en México”, un trabajo conjunto del Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York (New York City Bar), la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (https://bit.ly/VCDJFLAM).
El documento forma parte de una serie de diagnósticos para 15 países en Latinoamérica, que visibilizan los principales problemas de la judicatura para actuar con independencia. El informe concluye que disminuir el presupuesto del Poder Judicial Federal (PJF) y continuar con los ataques a personas juzgadoras generará responsabilidad internacional del Estado mexicano. Hago un breve resumen de las conclusiones.
En México se detecta un grave riesgo en la independencia del Sistema Judicial federal. Dos temas son de urgente preocupación: los ataques constantes del Presidente a la Judicatura Federal en general, y ataques específicos a los integrantes de la Suprema Corte, magistradas, magistrados, juezas y jueces federales, y la discusión actual para reducir de manera importante el presupuesto del PJF, que impactaría gravemente la función judicial.
El informe relata cómo las acusaciones del presidente López Obrador y su administración están directamente dirigidas a casos de decisiones judiciales que no favorecen los intereses de su gobierno, violando sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de la independencia judicial. Aún más, la reforma propuesta al Legislativo proponiendo el uso del voto popular directo para conformar la judicatura, responde no a un ánimo de fortalecerla, sino de controlarla.
Estas violaciones a los estándares internacionales han sido señaladas por diversas organizaciones nacionales e internacionales, sin que el gobierno haya dado respuesta o tome con seriedad la gravedad de los ataques, los cuales van desde menciones y campañas de desprestigio, hasta investigaciones administrativas y penales infundadas, características de regímenes autoritarios.
López Obrador insiste en que es necesario recortar el presupuesto del PJF. La Cámara de Diputados está discutiendo el Presupuesto de Egresos para el 2024. Es fundamental que la Judicatura Federal cuente con los recursos solicitados de acuerdo a la justificación entregada por la ministra presidenta. Una reducción de un 32 por ciento, como pretende el Presidente, afectaría gravemente el acceso a la justicia. Implicaría la desaparición del 63 por ciento de los Juzgados de Distrito y 69 por ciento de los Tribunales Colegiados. Datos del Inegi muestran que entre 2021 y 2022 el número de asuntos ingresados a los órganos jurisprudenciales del Consejo de la Judicatura aumentó 17.7 por ciento.
Una drástica reducción del presupuesto al PJF tendría efectos trágicos al alejar, aún más, a la población del acceso a la justicia, una destrucción tal vez equivalente a la del sistema de salud.
Para el próximo proceso electoral es prioridad exigir a todos los candidatos un compromiso público para garantizar el respeto a la independencia judicial.
