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/Juan José Rodríguez Prats
El fracaso de la democracia y del Estado, la ausencia de empatía, la emergencia de los populismos, la crisis de la colectividad, el vaciamiento de la palabra y la verdad…
Jacobo Dayán
México es hoy un país dependiente en todos los órdenes. Desde alimentos, recursos energéticos y financieros, hasta la impartición de justicia nos vienen de fuera. Su capacidad para tomar decisiones está mermada. Un nacionalismo mal concebido y la concentración de poder, consecuencia de un afán narcisista, limitó al sector privado en áreas vitales de su economía y sobrecargó al sector público con enormes tareas, haciéndolo cada vez más incompetente. Para colmo, designar funcionarios afines en militancia partidista, pero sin cualidades profesionales, ocasionaron ineptitud en el otorgamiento de servicios.
La expropiación petrolera fue una medida para resolver un conflicto obrero-patronal, no una decisión de política económica. La empresa creada para dotar al país del insumo indispensable para su desarrollo fue, desde el origen, una carga para las finanzas estatales. Al inicio del gobierno de López Mateos, por una inexplicable debilidad y miedo, se empezó a hablar de áreas exclusivas del Estado. Se acentuó la creencia del concepto de soberanía como sinónimo de autosuficiencia y patriotismo. La palabra, cuyo origen obedeció a consolidar el Estado como autoridad jerárquica superior a los señores feudales y a la Iglesia, en nuestro caso se sacralizó y se usó como escudo para ocultar enormes carencias.
A eso se agrega la soberbia de una clase política engolosinada en su obsesión de no distinguir lo público y lo privado. Se le denominó patrimonialismo, elemento sustancial del populismo. Qué ironía: soberanía alimentaria, soberanía energética. Otro vocablo que nadie se encargó de definir, pero que sonaba estrambóticamente elocuente: lo estratégico. Se nos hizo creer que fuerzas extrañas intentaban someternos y, por lo tanto, había que extremar políticas proteccionistas.
Asombra que nuestros gobernantes supliquen a los dueños del capital que inviertan cuando antes se les impedía, por ambiciosos y explotadores, que incurrieran en lo que era monopolio del sector gubernamental. Nuestra política de arranques y frenos ha imposibilitado la necesaria continuidad del crecimiento nacional.
Es necesario focalizar el tema de nuestro sistema jurídico donde se da la culminación de la irracionalidad. Nos llevó décadas instaurar un derecho electoral, con sus respectivas instituciones, que le diera confianza a nuestra democracia.
La llamada 4T ha cometido una de las mayores aberraciones de la que se tenga memoria: extrajo del derecho público una materia, que por su naturaleza es sobradamente de la incumbencia del Estado, para formar parte del derecho privado. Los delitos ya no son investigados de oficio, tampoco los órganos correspondientes pueden, por iniciativa propia, denunciar hechos que distorsionen la voluntad ciudadana. El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se niegan a cumplir su deber con el argumento de ser competencia de los electores.
No puedo omitir un caso que es augurio de lo que nos sucederá con el Poder Judicial recientemente electo. Una infamia, por donde se le vea, es la mención de Lorenzo Córdova Vianello como racista en uno de los libros de texto gratuitos publicados por la SEP. El ofendido acudió al amparo, que llegó a una sala de la Suprema Corte para su revisión final. Los juristas Javier Laynes Pontizek y Alberto Pérez Dayán, por elemental justicia, le dieron la razón al promovente. Jazmín Esquivel y Lenia Batres se lo negaron. Duele este ejemplo de ignominia y desvergüenza.
Los próximos días serán intensos y plagados de acontecimientos que tendrán profundas consecuencias en el largo plazo. No me puede alegrar que le vaya mal al gobierno. Sería un acto de masoquismo. Por eso le exijo a la presidente Sheinbaum que asuma su deber de cuidar a México y no a individuos que tarde o temprano, dentro o fuera, enfrentarán la ley.
