*Han sido las madres y familiares de las víctimas quienes han emprendido colectivas de búsqueda para realizar actividades que el Estado mexicano no ejerce:
Escrito por Wendy Rayón Garay.
15.06.2025/Cimac Noticias.com /Ciudad de México.- En México, ser una mujer buscadora se ha convertido en una doble condena. Cinco mujeres de Guanajuato que dedicaron su vida a buscar a sus familiares desaparecidos hoy también se encuentran desaparecidas: Lorenza Cano Flores, Luz Alejandra Lara Cárdenas, Martha Leticia Gallardo Martínez, Teresa Magueyal Ramírez y María del Carmen Vázquez Ramírez. Sus casos evidencian la brutalidad con la que se responde a quienes luchan por la verdad y un patrón alarmante de violencia.
Las mujeres buscadoras han sido, desde el episodio de la Guerra Sucia, uno de las piedras más incómodas para el Estado mexicano. Desde la rabia y la no – tregua, han evidenciado desde hace décadas el pobre actuar de las autoridades y su incapacidad para contener las desapariciones forzadas. Desde 1978 que surgieron los primeros grupos de buscadoras, estas organizaciones de madres, tías, abuelas y hermanas han sacudido el paradigma de nuestro país. En aquel año, se presentaron 84 madres buscadoras, lideradas por la activista Rosario Ibarra.
Juntas, formaron el primer Comité de Familiares contra la Represión Política con origen en Monterrey; tenían por objetivo la libertad de las personas presas políticas, la verdad y la devolución con vida de sus seres queridos víctimas de desaparición forzada.
Desde entonces, el número de desapariciones en el país ha incrementado. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualmente, en México hay 129 mil 193 personas personas desaparecidas, de las cuales 29 mil 617 son mujeres, cuyas familias no saben nada de ellas desde hace semanas, meses, años y han sido las madres y familiares de las víctimas quienes han emprendido colectivas de búsqueda para realizar actividades que el Estado mexicano no ejerce: encontrar a las y los desaparecidos.
En este 2025, la colectiva «Hasta Encontrarte» denunció una nueva agresión contra uno de sus integrantes. Esta vez, fue contra el padre buscador José Francisco Arias Mendoza privado de su libertad por un grupo armado que entró a su domicilio en donde también asesinaron a su hijo Jaime González Vázquez de 27 años. Anteriormente, José y su esposa Eva María Vázquez Flores buscaban a su hijo Miguel Ángel González Vázquez, desaparecido el 20 de enero de 2022, localizado sin vida en febrero de 2023.
Según informó la colectiva, la Fiscalía local restituyó sólo fragmentos del cuerpo de Miguel Angel, por lo que, desde entonces, Francisco y Eva continúan en la búsqueda del resto del cuerpo de su hijo. Ambos participan activamente en las actividades que realiza el colectivo Hasta Encontrarte y en la búsqueda de todas y todos los desaparecidos en Guanajuato y en México.
Sin embargo, las desapariciones de personas buscadoras en Guanajuato ya suman 10 casos, en donde la mitad son mujeres: Luz Alejandra Lara Cárdenas, Oscar Iván Jiménez Torres, Lorenza Cano Flores, Martha Leticia Gallardo Martínez, Teresa Magueyal Ramírez, María del Carmen Vázquez Ramírez, Francisco Javier Barajas Piña, Jorge Ulises Cardona Zavala y María del Rosario Zavala Aguilar.
Datos de la colectiva apunta que, desde el 2010 a la fecha se han documentado 26 personas asesinadas y 6 desaparecidas, siendo un total de 32 personas buscadoras que han visto en riesgo su vida por la labor de encontrar a sus seres queridos. También señalaron que, entre el gobierno de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum se han perpetrado 25 de los 32 casos documentados.
En los primeros ochos meses de la administración de Claudia Sheinbaum se han documentado siete casos en los estados de Guanajuato, Veracruz y Jalisco. Cuatro de los casos son personas buscadoras desaparecidas, y tres son personas buscadoras asesinadas.
Las mujeres buscadoras desaparecidas en Guanajuato
Martha Leticia Gallardo Martínez de 44 años de edad, desapareció el 3 de abril de 2018 cuando viajo desde Mazatlán a Irapuato, Guanajuato, para identificar el cuerpo de su esposo quien fue asesinado y su cuerpo estaba a la espera en el Semefo. Anteriormente, Martha formó parte de la asociación de rastreadoras «Una Luz de Esperanza» de Sinaloa, en la búsqueda de su hijo José Manuel Gallardo, desaparecido en 2011 a los 21 años de edad.
María del Carmen Vázquez Ramírez fue asesinada junto a su madre el 6 de noviembre de 2022 cuando un par de motociclistas tocaron en su domicilio en la calle Leonardo Valle, esquina con Allende, en el centro de Abasolo. Ella buscaba a su hijo Óscar Zúñiga Vázquez, quien desapareció el 14 de junio de 2022 y motivo por el cual se unió a la colectiva «Hasta encontrarte».
El 2 de mayo de 2023, Teresa Magueyal Ramírez fue asesinada a plena luz del día frente a un jardín de niños en San Miguel Octopan por dos hombres con capucha mientras ella regresaba en bicicleta de hacer las compras. Teresa llevaba dos años siendo madre buscadora en Celaya cuando su hijo José Luis Apaseo Magueyal desapareció el 6 de abril de 2020.
El 15 de enero de 2024, en Salamanca, Lorenza Cano Flores fue privada de la libertad cuando un grupo de personas armadas irrumpieron en su domicilio en la Colonia Ampliación, El Cerrito, para asesinar a su esposo e hijo y, posteriormente, llevársela a un destino desconocido. Lorenza busca a su hermano José Francisco Cano Flores desde el 2018.
Luz Alejandra Lara Cárdenas desapareció junto a su pareja Oscar Iván Jiménez Torres, ambos eran personas buscadoras. La última vez que fueron vistos en personas fue el pasado 4 de noviembre cuando se encontraban en la carretera Panamericana en Apaseo el Grande y desde entonces se desconoce su paradero. La madre de Oscar, Blanca Patricia, es una mujer buscadora que estaba a la espera de encontrar a su otro hijo Jesús Abel Jiménez Torres desde el 2017 y ahora su búsqueda se ha ampliado a tres personas.
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La violencia a la que se enfrentan
Gracias a su labor como buscadoras, las mujeres y niñas experimentan impactos diferenciados, especialmente por los roles de género que le son asignados por la sociedad patriarcal. En primer lugar, se enfrentan a la estigmatización de la familia, la comunidad, la sociedad, los medios de comunicación y otros actores con poder cuando denuncian la desaparición de sus familiares.
Esto se ve reflejado cuando culpan a la víctima, el cual se agrava cuando la persona desaparecida, así como la persona buscadora es una mujer, ya que se les culpa por desafiar los mandatos patriarcales. Cuando se trata del segundo caso, son las madres a quienes culpan por no cuidar lo suficiente a sus hijos e hijas y son rechazadas por dedicarse a la búsqueda generando en ellas sentimientos de culpa y preocupación.
La violencia ejercida hacia las mujeres buscadoras escala hasta criminalizadas desde la perspectiva de quienes perpetran los crímenes o si afecta algún interés político como ocurre en muchos casos de personas defensoras de derechos humanos. Por ello, con la intención de impedir la búsqueda y perpetuar la impunidad, el Estado suele ejecutar estrategias de disuasión que involucran el uso indebido del sistema penal en contra de las mujeres buscadoras iniciando investigaciones de manera arbitraria.
Las formas más comunes para silenciar su lucha son a través de la violencia física donde sus cuerpos son perpetrados de forma diferenciada y que puede terminar en amenazas, ataques, desplazamientos forzados, violencia sexual hasta llegar a su asesinato. Por otro lado, también enfrentan empobrecimiento al equilibrar su búsqueda con sus esfuerzos de ser proveedoras del hogar y la carga de los cuidados; así como impactos en su salud al afrontar el estrés y duelo por la desaparición de su familiar.
A esto se suma la campaña de desacreditación que el gobierno federal ha desatado sobre las madres buscadoras, la cual se ha ido tejiendo desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrar en donde es más sencillo cuestionar y culpar a las madres buscadoras que encontrar y erradicar a quienes perpetúan la violencia que ha dejado a 129 mil 202 personas desaparecidas y no localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
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