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29.07.2016 Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó la separación del cargo de la subdirectora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en medio de las investigaciones abiertas por la muerte de seis mujeres privadas de la libertad ocurridas en un periodo aproximado de tres meses dentro de ese penal, un caso que ha provocado cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión y la supervisión de las autoridades penitenciarias.
La decisión se dio después de que el caso cobrara relevancia pública por las denuncias presentadas por familiares, legisladores y organizaciones que exigieron esclarecer los fallecimientos registrados entre marzo y junio de este año, así como determinar si existieron omisiones o responsabilidades de servidores públicos encargados de la custodia y atención de las internas.
Como parte de su postura oficial, la SSC aseguró que las seis muertes no obedecen a una misma causa ni existe evidencia de un patrón común que las relacione. La dependencia explicó que cada caso corresponde a circunstancias distintas y que todas las defunciones fueron notificadas de inmediato al Ministerio Público, autoridad encargada de realizar las investigaciones periciales y ministeriales para determinar con precisión las causas de cada fallecimiento.
La dependencia capitalina informó previamente que, del 1 de enero al 20 de junio de 2026, se habían registrado cinco fallecimientos de mujeres privadas de la libertad. De acuerdo con la información oficial, dos murieron por asfixia, una por broncoaspiración, otra por acidosis metabólica y una más por complicaciones asociadas a hipertensión arterial. Posteriormente se confirmó un sexto deceso, el de Diana Laura, ocurrido el 12 de junio, cuya muerte también fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales para su investigación.
El caso de Diana Laura ha sido uno de los más cuestionados. De acuerdo con las denuncias difundidas por familiares y legisladores, la mujer se encontraba próxima a obtener su libertad cuando fue localizada sin vida dentro del centro penitenciario. El fallecimiento fue reportado inicialmente como un presunto suicidio, circunstancia que motivó nuevas exigencias para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México esclarezca plenamente lo ocurrido.
Las otras mujeres fallecidas fueron identificadas como Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena y Mónica Valeria. Sus decesos ocurrieron entre el 12 de marzo y el 12 de junio de 2026, un periodo de apenas 90 días que encendió las alertas sobre las condiciones de seguridad y atención médica dentro del centro femenil.
La diputada local Olivia Garza presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía capitalina para solicitar que se investigue si existieron posibles responsabilidades de las autoridades penitenciarias. La legisladora sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad, por lo que pidió determinar si hubo negligencia, omisiones o fallas institucionales relacionadas con los fallecimientos.
A la par, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México informó que mantiene abiertas seis investigaciones por posibles violaciones a derechos humanos, derivadas de cuatro quejas presentadas por personas peticionarias y dos iniciadas de oficio. El organismo señaló que realiza visitas de supervisión al centro penitenciario y un monitoreo permanente para identificar posibles factores estructurales relacionados con las muertes y prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir.
El relevo de la subdirectora ocurre mientras continúan las indagatorias administrativas y ministeriales. Aunque la SSC ha defendido que actuó conforme a los protocolos establecidos y sostiene que cada fallecimiento responde a causas distintas, el cambio en la estructura directiva del penal se produce en un contexto de fuerte presión pública para esclarecer lo ocurrido y reforzar los mecanismos de supervisión dentro del sistema penitenciario femenino de la capital.
La muerte de seis mujeres bajo custodia del Estado reabrió el debate sobre las condiciones de vida en los centros penitenciarios para mujeres, el acceso a servicios médicos oportunos, la atención en materia de salud mental y la obligación de las autoridades de garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad. Conforme a la Constitución mexicana y a estándares internacionales de derechos humanos, el Estado es responsable de proteger la vida y los derechos de quienes permanecen bajo su custodia, por lo que las investigaciones en curso serán determinantes para establecer si existieron responsabilidades institucionales en estos casos.