*Confidencias
/ Por Evelyn Hernández /
Han sido varios los gobiernos que han pasado, y también los gobernadores que han estado en prisión por vínculos con la delincuencia. Llegan al poder y se alían con el narco; los dejan operar a cambio de dádivas millonarias que terminan por enlodar sus administraciones y llevarlos a la cárcel.
En las últimas décadas, nombres como Tomás Yarrington, Eugenio Hernández Flores y ahora Francisco García Cabeza de Vaca han estado en el centro de la polémica. Este último se encuentra en calidad de prófugo y se asume como perseguido político, según su versión.
Tamaulipas ha sido históricamente ruta del narcotráfico. El trasiego de droga hacia Estados Unidos y el tráfico de huachicol no son nada nuevo. Han sido décadas en las que funcionarios de primer nivel se han involucrado con la delincuencia y han vivido en la impunidad.
Ahora el asunto cobra mayor relevancia cuando el Partido Acción Nacional acusa que es en Tamaulipas donde empezó el “huachicol fiscal”, y que en él se involucraron varios políticos tamaulipecos que hoy ocupan cargos muy importantes en el gobierno. Algunos casos han tenido mayor resonancia mediática, sobre todo por las acusaciones de haber recibido dinero para campañas políticas de Morenapor parte de Sergio Carmona.
Lo cierto es que no existen denuncias claras y específicas contra ellos; es decir, todo ha quedado en una retórica mediática y discursiva, pero no se conocen documentos formales presentados por el PAN en ese contexto y contra esos funcionarios. Si existieran, el escenario sería distinto y se revertiría el argumento de persecución política que esgrime Francisco García.
Sería pertinente preguntarle al PAN por qué no ha presentado denuncias ante la Fiscalía contra los presuntos involucrados en el caso.
En fin, Tamaulipas ha vivido décadas de corrupción, y ni con la detención de un exgobernador se va a acabar toda la operación de la delincuencia en el estado. La entidad vive una situación preocupante en materia de seguridad, pese a los discursos oficiales y al silencio de una oposición que prácticamente desapareció.
Ante la caída abrupta del PAN y un Partido Revolucionario Institucional prácticamente inexistente, así como un Movimiento Ciudadano que no termina de consolidarse en Tamaulipas, el escenario político parece inclinarse hacia un solo lado.
Si bien es cierto que el gobierno actual no ha dado resultados que presumir, la realidad es que Morena tiene la fuerza para seguir gobernando en la mayoría de los ayuntamientos y mantener el control en el Congreso. Son pocas las ciudades que podría perder y donde podría darse una alternancia, sobre todo por el tema que más aqueja a los tamaulipecos: la inseguridad.
Los cárteles de la droga han sido, por años, quienes gobiernan de facto el estado y doblegan el poder de las autoridades. Las cosas no han cambiado mucho desde el gobierno de Manuel Cavazos Lermahasta el de Américo Villarreal Anaya: todos los gobernadores han sido señalados de delincuencia o de encubrirla.
Mientras tanto, Estados Unidos parece poner el dedo en la llaga. Aquellos que están o estuvieron involucrados en el llamado “huachicol fiscal” esperan su turno para que la justicia llegue.
