**Gente como Uno.
/ Mónica Garza /
Fue el 5 de junio de 2015, en un salón de fiestas de Tampico, donde Jessica Castillo y Paola Fernández, después de atravesar un medieval proceso legal y gracias a un amparo a su favor, finalmente pudieron unirse legalmente, convirtiéndose en el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en Tamaulipas.
Han pasado 7 años de aquella fotografía y hoy Tamaulipas sigue sin dar derecho legal al matrimonio igualitario.
Y es que la mayoría en el Congreso estatal, se niega a legislarlo o a simplemente ponerlo sobre la mesa de debate. Prefieren sepultarlo. Como tantos lastimosamente esconden sus preferencias sexuales, por el terror de vivir en una sociedad tan machista, que cobardemente voltea la mirada hacia otro lado cuando de derechos humanos se trata.
Y es que en Tamaulipas, como en otros estados, no todo el problema es el narco, la migración ilegal, la trata de personas o el huachicoleo, también es la discriminación, la homofobia, el silencio depredador y la comodidad —para algunos— de permanecer en un estado sin derechos para todos.
Porque para eso sí que se necesita valor, ese que a Tamaulipas le ha faltado en materia de derechos humanos. Ése que necesita mucho más que llevar un sombrero vaquero en la cabeza.
Me duele mucho porque es mi estado, el mismo donde tiene origen esa parte de mi trabajo que dedico a la libertad de expresión en todas sus formas y la defensa de los derechos de la comunidad de la diversidad, de los que Tamaulipas no tendría por qué estar exento.
Jessica Castillo y Paola Fernández, el día de su boda en 2015.
Jessica Castillo y Paola Fernández, el día de su boda en 2015.Foto: Especial
Pero el pasado martes 3 de mayo, en el Congreso del estado —más por machos que por mochos— los legisladores votaron en contra de la iniciativa que modificaría el Código Civil del estado para legalizar el matrimonio igualitario.
“Los antiguos griegos entendían claramente el matrimonio como la unión estable entre un hombre y una mujer, abierto a tener hijos; una cosa eran las prácticas sexuales de los ciudadanos y otra muy distinta radicaba en la familia y la generación y educación de los hijos”, fue una de las infames justificaciones de la diputada panista Lidia Martínez, así como el “arraigo con la familia”, del también panista Félix García Aguiar.
Bastaron 8 votos en contra para echar abajo el derecho a decidir sobre la preferencia sexual en Tamaulipas, 8 votos para derribar una libertad elemental y en año electoral…
Y es que la situación de la comunidad LGBT en Tamaulipas es delicada, porque viven sin protección legal, en una sociedad injustificadamente intolerante con la diversidad, como lo reveló la Encuesta Nacional sobre Discriminación publicada por el Inegi en 2018.
Ahí se registró que el 60% de la población tamaulipeca justifica “poco o nada” que dos personas del mismo sexo vivan como pareja o que el 32% de la población no le rentaría un cuarto de su vivienda a personas homosexuales.
En Tamaulipas hace mucha falta información, cultura, respeto y justicia, y eso es muy peligroso para su sociedad, porque la discriminación se refleja también en las autoridades. De hecho, de 2015 a 2019 la cifra de muertes violentas de personas homosexuales en ese estado se incrementó con 23 casos.
La organización Letra S, denunció que de 2013 a 2018 se registraron 25 asesinatos por homofobia, que no fueron reconocidos como tales, sino clasificados como “crímenes pasionales”, de tal forma que las investigaciones no se realizan de forma correcta y no se procesa a los responsables. Resultado: Impunidad.
Como el caso de Gregorio Hernández Alvizo, activista y líder de la comunidad lésbico-gay, asesinado a cuchilladas en su domicilio en 2017, mismo año en que la Asociación Conexión Joven denunciaba que hasta ese momento y desde 2011, al menos 80 homicidios y desapariciones en la entidad estaban relacionados con la homofobia.
El Congreso de Tamaulipas —de mayoría panista—, no sólo contribuye a una cultura de discriminación y violencia contra las personas del colectivo LGBT, también viola tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y desacata los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen claramente que No hay razón para desconocer el matrimonio igualitario y considera inconstitucional ese tipo de decisiones.
En 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado al Congreso tamaulipeco a respetar los señalamientos de la SCJN y proteger los derechos de las parejas del mismo sexo, para “eliminar la discriminación sistémica y estructural ejercida en su contra, y garantizando la certeza jurídica y su derecho a formar una familia”.
Que tristeza que en pleno s.XXI Tamaulipas retroceda así en materia de diversidad e inclusión y por el contrario, sí avance en discriminación. ¡Qué tristeza!
