TEPJF obliga a partidos a abrir el poder a las mujeres; deberán postular al menos nueve candidatas a las gubernaturas de 2027

Banner

*El desafío no consiste únicamente en que más mujeres aparezcan en las boletas, sino en que puedan competir, ganar y gobernar sin que los partidos reproduzcan las desigualdades que la paridad busca erradicar.

15.11.2026 Ciudad de México.- La carrera electoral por las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027 tendrá una condición que los partidos políticos no podrán eludir: deberán postular al menos nueve mujeres para competir por los gobiernos estatales.

La determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) busca impedir que la paridad de género se convierta en una cuota utilizada para cumplir formalidades, mientras las candidaturas con mayores posibilidades de triunfo siguen reservándose para los hombres.

La resolución representa un nuevo paso en la disputa por el acceso de las mujeres a los espacios de mayor poder político en México, donde la igualdad formal en las leyes no ha eliminado las barreras que históricamente han limitado su llegada a los gobiernos estatales.

El Tribunal confirmó las disposiciones aprobadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para los procesos electorales locales de 2026-2027 y estableció que los partidos políticos nacionales deberán garantizar un mínimo de nueve candidaturas femeninas de las 17 gubernaturas que se renovarán. La obligación se mantiene incluso cuando las fuerzas políticas decidan competir mediante coaliciones o candidaturas comunes.

Pero el aspecto más relevante de la determinación no está únicamente en el número de mujeres que deberán aparecer en las boletas, sino en las condiciones en las que serán postuladas. Los partidos también tendrán que acreditar criterios de competitividad para evitar que concentren a sus candidatas en entidades donde sus posibilidades de ganar sean reducidas y reserven los estados electoralmente más favorables para candidatos hombres.

Esta exigencia busca enfrentar una práctica que ha sido señalada por organizaciones feministas y defensoras de los derechos políticos de las mujeres: cumplir con la paridad numérica sin modificar realmente las estructuras de poder. Es decir, presentar mujeres como candidatas, pero colocarlas en condiciones desiguales frente a sus compañeros de partido.

La resolución establece que cada fuerza política deberá definir y comunicar al INE, antes de emitir sus convocatorias, en cuáles entidades postulará mujeres y en cuáles hombres. También deberá explicar los criterios utilizados para determinar esa distribución y demostrar que sus decisiones no generan desventajas para las aspirantes.

Aunque los partidos conservarán la facultad de establecer sus propias metodologías de competitividad, estas deberán ser objetivas, verificables y aprobadas por sus órganos internos. El INE tendrá la responsabilidad de revisar que los mecanismos propuestos sean compatibles con el principio de paridad sustantiva y podrá exigir ajustes cuando no garanticen condiciones adecuadas.

La controversia llegó al TEPJF mediante una impugnación contra los lineamientos del INE. Entre los argumentos planteados estuvo la necesidad de establecer parámetros más estrictos para impedir que las mujeres fueran enviadas a entidades con menores posibilidades electorales, así como incorporar factores que permitieran evaluar las condiciones históricas de exclusión política.

Sin embargo, la Sala Superior consideró que no era indispensable imponer una metodología única para todos los partidos, siempre que las reglas particulares de cada organización cumplan con las obligaciones de paridad y competitividad.

La discusión tiene antecedentes en la reforma constitucional de 2019, conocida como paridad en todo, que estableció la obligación de garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de decisión pública. A partir de entonces, las autoridades electorales han tenido que desarrollar mecanismos específicos para hacer efectivo ese principio en las elecciones de gubernaturas.

La necesidad de estas medidas responde a una desigualdad histórica: durante décadas, los gobiernos estatales estuvieron prácticamente reservados para los hombres, mientras las mujeres enfrentaban obstáculos para acceder a las dirigencias partidistas, obtener candidaturas competitivas y participar en las decisiones sobre la distribución del poder.

Aunque la representación femenina ha avanzado, el acceso a las gubernaturas continúa siendo un terreno en el que la paridad requiere vigilancia y medidas correctivas.

De acuerdo con cifras expuestas por la consejera electoral Carla Humphrey, desde 2020 el INE ha aprobado cinco acuerdos para impulsar la paridad en las candidaturas a las gubernaturas. Como resultado de los procesos electorales celebrados entre 2021 y 2024, 13 mujeres llegaron a encabezar gobiernos estatales.

Este avance, sin embargo, no significa que las condiciones de competencia sean iguales. La presencia de mujeres en las boletas no garantiza por sí misma que tengan el mismo respaldo de las estructuras partidistas, acceso a recursos, exposición pública o posibilidades de triunfo que los candidatos hombres.

Por ello, el concepto de paridad sustantiva adquiere especial importancia. No se trata solamente de distribuir candidaturas en partes equilibradas, sino de modificar las condiciones que históricamente han impedido a las mujeres ejercer plenamente sus derechos políticos.

La violencia política contra las mujeres en razón de género constituye otro de los obstáculos que acompañan su participación. Las descalificaciones basadas en estereotipos, las campañas de desprestigio, el hostigamiento y las amenazas buscan debilitar sus aspiraciones y cuestionar su capacidad para ejercer cargos públicos.

En ese contexto, la obligación de postular al menos nueve mujeres adquiere una dimensión que va más allá de las reglas electorales: representa una exigencia para que los partidos dejen de tratar la participación femenina como una concesión y la reconozcan como un derecho.

La resolución del TEPJF coloca ahora a las dirigencias partidistas frente a una responsabilidad concreta. No bastará con presentar nueve nombres de mujeres para cubrir el requisito legal; deberán justificar que sus candidaturas cuentan con condiciones competitivas y que no existe una distribución diseñada para favorecer sistemáticamente a los hombres.

La elección de 2027 será una nueva prueba para medir si los avances legales se traducen en una transformación efectiva de las estructuras políticas.