- Deberán rendir su X Informe Periódico ante el Comité la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW).
- / Escrito por Arantza Díaz./
12.06.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- En una semana, representantes del Estado mexicano deberán estar frente a las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en aras de sustentar su X Informe Periódico ante el Comité la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW), un compromiso internacional asumido para realizar una serie de medidas a nivel interno para eliminar violaciones de derechos humanos contra las mujeres y adquiriendo la obligación de no discriminar a las mujeres por acción u omisión, no obstante, la defensa mexicana tendrá problemas ante las crisis de violencia que enfrenta el país y los señalamientos a las y los funcionarios por su inacción ante ese escenario.La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), fue adoptada en diciembre de 1979 por Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su entrada en vigor fue el 3 de septiembre de 1981. México firmó la CEDAW el 17 de julio de 1980, ratificándola el 23 de marzo de 1981
La CEDAW es el segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados miembro de la ONU, es el primer instrumento que reconoce explícitamente las condiciones estructurales de desventaja de las mujeres, considera las diversas formas de discriminación que viven día con día y establece parámetros de políticas públicas para combatirlas.
Dicha Convención provee un marco obligatorio de cumplimiento para los países que la han ratificado para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas y determina que los Estados parte deben incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato, esto quiere decir, que no exista discriminación directa ni indirecta de las mujeres, y los países firmantes deben promover la igualdad sustantiva.
Comparecer ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es un acto mayor; es la oportunidad para evidenciar las fallas estructurales, pero también, implicará encarar a uno de los mecanismos internacionales que ha tenido con mayor incisión a México en el radar por sus negligencias y omisiones para abolir la violencia de género. Esta vez, México comparecerá con una de sus banderas más importantes: La Secretaría de las Mujeres, que afila sus mejores políticas a sólo medio año de su creación para dar respuestas ante la CEDAW.
En representación de la Secretaría de las Mujeres, Gabriela Rivadeneira refirió en conferencia de prensa que el equipo de este órgano y su cabeza, Citlalli Hernández, se encontraban tranquilas, pues para la Semujeres llegar a esta sustentación el próximo 17 y 18 de junio implicaba «un comienzo», y no «un final». Según expresó la funcionaria, la Secretaría se encuentra lista para atajar todo lo que increpe y recomiende la CEDAW, además de recordar que se mantendrá vigente atender todas las «deudas que el Estado tiene con sus mujeres».
Existe un contragolpe que permite al Comité de la CEDAW comprender el contexto social y cultural que atraviesa a México para garantizar unas observaciones finales cercanas y no oficialistas: Los informes sombra.
Estos documentos son trabajados por las organizaciones y asociaciones civiles; activistas que recogen datos por todo el territorio mexicano y sintetizan crisis graves que el Estado ha dejado desatendido. Estos informes son enviados a la CEDAW y hasta el momento, se han publicado 56 con distintos ejes temáticos; participación política, mujeres indígenas, con discapacidad, mujeres privadas de su libertad, niñas y adolescentes, derechos sexuales y reproductivos, entre otras.
¿Qué pasará en una semana y por qué la CEDAW pone enfásis en México?
En 2021, el Comité CEDAW informó al Estado mexicano que podía optarse por la presentación del X Informe a través de un procedimiento novedoso que promete acelerar el proceso y que consta de 4 pasos:
1) Respuesta a una lista de cuestiones
2) Envío de la lista como X Informe
3) Sustentación
4) Emisión de recomendaciones por parte del Comité.A México se le extendió un plazo de 6 años [2018- 2024] para construir su documento; un sexenio que empata con el mandato de López Obrador. Finalmente, el informe se entregó el 27 de septiembre de 2024 y será sustentado la próxima semana.
Sin embargo, el proceso no fue tan laxo y la CEDAW tampoco «soltó» a México en esos seis años como lo hace con otros países, sino que se dio un escenario extraordinario en donde se ordenó al Estado mexicano presentar un informe de «medio tiempo» para asegurarse que se estaba dando cumplimiento a las recomendaciones. Este hecho se deriva luego de que el Comité de la CEDAW considerara que en México existía una crisis de violencia de género importante, pidiendo presentar un informe con avances el pasado julio del 2020.
Un año con un repunte serio de violencia y desaparición de mujeres. De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2019 fue el año con más víctimas mujeres de homicidio doloso con 2 mil 876, le siguió el 2020 con 2 mil 801, mientras que en 2021 hubo una disminución en donde se contabilizaron 2 mil 750, y le siguió un aumento en 2022 a 2 mil 800.
A decir del subgrupo de Trabajo de Protección para Atención a la Violencia de Género de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México son asesinadas 12 mujeres cada 24 horas. López Obrador tenía apenas 2 años en el cargo.
Como resultado, en la pasada sustentación el Estado mexicano incumplió con las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) al presentar en su informe de término medio con pocos avances, información inconclusa y con retraso, según denunciaron distintas organizaciones como la Red Nacional de Alertistas y la Cátedra Unesco Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Entre los hallazgos, se denunció que México había incumplido “en completar una ruta y contenido de la homologación del tipo penal de feminicidio, al no lograr un acuerdo con los congresos locales; en tanto, la tipificación actual del feminicidio sigue sin otorgar certeza jurídica a las víctimas; no existe monitoreo ni seguimiento en la eficacia del tipo penal de feminicidio, por lo que no hay resultados confiables”, que es uno de los aspectos puntuales que observó la CEDAW en 2018, refirió Silvia Adelina Nava Nava, representante de la Cátedra Unesco Derechos Humanos de la UNAM.
En concreto, la recomendación 24C, relativa a la tipificación del feminicidio y la homologación del protocolo de investigación policial, quedó incumplida por: asimetrías legislativas; dificultad en la reclasificación de homicidios dolosos como feminicidio; resistencias de las fiscalías y juzgados penales a clasificar las muertes violentas de mujeres como feminicidio; casos de mujeres asesinadas con violencia y relacionadas con el crimen organizado no son consideradas como feminicidio; falta de capacitación con perspectiva de género para el funcionariado público; considerar los suicidios e infanticidios en las investigaciones por feminicidio; revictimización de las familias de víctimas; no se investiga ni se registra el delito de tentativa de feminicidio; los operadores jurídicos no están obligados a acreditar las denuncias previas de violencia; existe una centralización de las fiscalías especializadas y ministerios públicos.
En este tema, la también integrante de la Red Nacional de Alertistas, Adriana Lecona Escartín, precisó que no existe evidencia de que, como informó el Estado mexicano en agosto a la CEDAW o que haya una propuesta de reforma legal para estandarizar el tipo penal de feminicidio; y que las discusiones en el Congreso no han derivado en resultados.
Sobre el protocolo de investigación, el Estado mexicano aseguró que existen protocolos nacionales de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio y violación sexual pero que no han sido actualizados desde hace 6 años
Otros de los problemas esenciales que se denunciaron en aquel 2020 fueron:
Los protocolos de búsqueda -como Alerta Amber- no buscan a las mujeres y niñas desaparecidas de forma inmediata.
Falta de investigación y seguimiento en los casos de desapariciones.
Las activaciones de estas alertas no son clasificadas adecuadamente y se cometen actos de revictimización.
No hay capacitación y sensibilización de las y los operadores de dichos instrumentos.
No existe una coordinación efectiva en los tres órdenes de gobierno, para las Alertas de Violencia de Género para las Mujeres (AVGM), –una de las principales recomendaciones de la CEDAW.
No hay una norma o sanción contra el funcionariado por incumplir con las recomendaciones que derivan de las Alertas.
No existe un programa dirigido a las víctimas directas, huérfanas y huérfanos por feminicidio.
En el caso específico de la víctima de feminicidio en 2012 Pilar Argüello Trujillo –al que se refirió de manera particular la CEDAW–, no hay ninguna medida reparatoria.
Han pasado ya 5 años desde que la Catedra Unesco de la UNAM denunciara que México había entregado un pobre documento; un documento incompleto, que no había realizado legislaciones contundentes, destacándose la falta de voluntad política para cambiar las estructuras que propician las omisiones, la injusticia, la impunidad y cooptan a las niñas de una vida libre de violencia. En estos 5 años, se hubiese deseado que alguno de estos escenarios expuestos cambiara, sin embargo, las organizaciones continúan denunciando -en pleno 2025- los mismos problemas.
México sigue sin homologar la figura del feminicidio y hay 4 entidades que ni siquiera la contemplan en su entidad [Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur], las Alertas de Violencia de Género para las Mujeres están ausentes desde que la Semujeres tomó el control del programa; no se desarrolló ninguna política pública de cuidados para atender a las infancias en orfandad por feminicidio; el feminicidio de Pilar Arguello sigue impune; el personal ministerial continúa cometiendo actos de revictimización y no existe capacitación efectiva para atender asuntos de violencia de género.
En 5 años México no esbozó mejoras en estos señalamientos; las exigencias se mantienen igual y lo único que se mantiene inamovible, es la voluntad de las organizaciones que no quitan el dedo del renglón y se preparan para encarar las sustentaciones del Estado mexicano la próxima semana.
Eso sí, México tiene un par de argumentos sólidos a presentar; las políticas «joya» que serán clave en su sustentación y que se atribuyen exclusivamente al gobierno de Sheinbaum, quien aceleró algunas políticas públicas a favor de las mujeres en cuanto tomó protesta el pasado octubre.
Esta conversación es controvertida porque si bien existe evidencia palpable de que se está empujando una agenda por la igualdad, la acción política reluce por su ausencia. Recordando que los grandes aciertos por las mujeres se encuentran en las siguientes reformas de la presidenta:
Elevar a constitucional igualdad sustantiva
Perspectiva de género en la política pública
Derecho a una vida libre de violencia
Eliminación de la brecha salarial en razón de géneroEstas herramientas por la igualdad de facto, podrían ser el acordeón estrella que llevará el Estado mexicano ante las autoridades de Naciones Unidas, esto, en el marco de su cumplimiento en las recomendaciones que ha extendido la CEDAW al país.
La CEDAW refiere que podemos identificar dos tipos de igualdad: de jure y de facto (sustantiva). Aunque los dos están orientados a establecer los principios de igualdad entre hombres y mujeres, la de jure, pretende alcanzar un «status quo» a nivel social cuando hombres y mujeres sean tratadas de manera neutra; un piso parejo para todas y todos.
Por su parte, la igualdad de facto (sustantiva) se ocupa de impulsar toda norma jurídica y de práctica para cerrar brechas desfavorables, es decir, reconoce que existen valores arbitrarios basados en el género que reproducen la desigualdad y por ello, apuesta por focalizar su poder jurídico y legislativo para alcanzar la igualdad. Por lo que, quizás México podrá defenderse con la igualdad sustantiva por gozar de un marco normativo robusto, sin embargo, lo endeble de sus políticas llega con la falta de igualdad de jure; las niñas y mujeres en México no han alcanzado las garantías de sus derechos y la plenitud de una vida libre de violencia.
Así, México llega a Ginebra con un antecedente poco favorable, armado con las reformas de Sheinbaum y su bastión principal, la Secretaría de las Mujeres, misma, que se ha encargado de realizar mesas de discusión en semanas recientes para trazar algunas líneas de trabajo. El pasado 27 y 28 de mayo, se reunieron más de 100 personas de la organización civil y academia para discutir el X Informe Periódico de México, ahí, se desglosaron 7 mesas de trabajo relacionadas a la educación, salud, trabajo, atención a problemáticas estructurales, acceso a la justicia, violencia de género y mujeres privadas de la libertad.
Desde Cimacnoticias, se recogen 3 de estos ejes que han sido documentados por la agencia y que poseen particularidades de violencia, poca acción política y omisiones. A la CEDAW se llegará con un marco normativo fuerte, pero con endebles acciones que hablan de una falta de perspectiva de género en la política pública.
Mujeres privadas de su libertadSalud sexual y reproductivaSin homologación del feminicidioEl tema de mujeres privadas de su libertad ha sido el último agregado en las mesas de discusión, un hecho que se vuelve histórico, considerando las deficiencias y omisiones que enfrentan las mujeres que permanecen en reclusión y que Cimacnoticias ha documentado en investigaciones como «Prisión feminicida mexicana».
La Semujeres ha emprendido acciones en los últimos dos meses para lograr la liberación -desde el 7 de marzo hasta mayo- de 12 mujeres en situación de vulnerabilidad; este hecho constituye la primera vez que una institución federal voltea a ver lo que sucede en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No. 16 ubicado en el estado de Morelos, donde Cimac ha documentado actos de tortura, sujeción forzada, intoxicación por alimentos en mal estado, agresiones sexuales y su principal problemática: El suicido sistémico de las internas.
Si bien es importante reconocer el trabajo conjunto para lograr la liberación de las mujeres, detrás, existe un sistema penitenciario que es patriarcal; un sistema extremadamente brutal y cruel con las mujeres que enfrentan procesos penales en las prisiones de nuestro país.
Cimacnoticias documentó que, a abril del 2025, una mujer se suicida cada dos meses. Este registro se basa en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, cuya cifra corresponde de enero 2024 a enero del 2025. Cabe señalar que estas muertes violentas de internas son reportadas como presuntos suicidios por las autoridades, pero carecen de una investigación con perspectiva de género que permita configurar esta hipótesis; el suicidio también puede ser una causal de la violencia de género.
Recordemos que, basados en la Sentencia de Mariana Lima del 2015 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Estado mexicano está obligado a presumir algún delito detrás de toda muerte violenta de cualquier mujer hasta realizar una investigación con perspectiva de género.
Sumado a estas muertes violentas de mujeres internas en custodia del Estado mexicano, se documentó una política de escarmiento de Estado que incluye torturas, castigos, tratos crueles e inhumanos y violaciones a derechos humanos, todo esto, bajo un cobijo sistémico.
“Algunas están confinadas en su celda las 24 horas del día, también, se detectó que se han suscitado riñas donde las autoridades no han intervenido, tampoco hay acceso a atención ginecológica, ni odontológica, (son) muertes en custodia que pudieron evitarse si el estado hubiera cumplido con las obligaciones en materia de derechos humanos y que ya han deparado en 19 muertes prevenibles», Christopher Sánchez, representante de la Defensoría Pública ante la CIDH, 12 de noviembre, 2024)
Esta alerta por muertes en custodia no es nueva. Desde el 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), había externado su preocupación en aquel entonces, pues las autoridades mexicanas, en los distintos niveles de gobierno no estaba adoptando las medidas adecuadas, incluyendo reformas estructurales y no revictimizantes que erradicaran las olas de violencia de los centros penitenciarios.
Han pasado 12 años desde que la CIDH llamó la atención del Estado mexicano y los frutos, continúan siendo lo mismo: Muertes en custodia y nulas investigaciones para sentenciar a las personas y autoridades que participaron o permitieron la pérdida de vidas humanas en reclusión.
Es importante señalar que las autoagresiones y los intentos de suicidio son las muertes violentas de mujeres con mayor incidencia en el Cefereso 16, esto si lo comparamos con otros Centros Penitenciarios que tienen hasta 4 veces más personas internas que la población total de éste que alberga, según el último reporte, a 844 mujeres.
Hoy, en México, el Centro Federal de Readaptación Social femenil número 16 en el estado de Morelos, se ha convertido en uno de los capítulos más violentos en la historia del país en contra de las mujeres y ni los escándalos mediáticos que evidencian torturas contras las internas, ni los documentos oficiales que lo avalan, ni testimonios de sobrevivientes, han sido determinantes para su inminente clausura, a pesar de su flagrante violación sistemática a derechos humanos.
