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/ Ruth Zavaleta /
“Es tiempo de mujeres”, contestó la presidenta Claudia Sheinbaum a la pregunta de por qué la terna que envió al Senado para elegir a la nueva fiscal general de la República, sólo estaba integrada de mujeres. Pero, si bien la paridad es deseable, no lo es la subordinación y sometimiento de uno de los máximos órganos de justicia.
Es obvio que la igualdad política no fue la motivación presidencial, sino lo que ha sido la regla de oro desde el sexenio pasado: la lealtad política. El gran problema es que la Fiscalía, teóricamente, no es una secretaría más, sino una institución con autonomía. De ahí el show que montó el bloque oficialista de senadores de crear una lista de 10 personas que cumplieran la idoneidad constitucional para que, de entre ellas, la presidenta Sheinbaum seleccionara a los tres perfiles que conformarían la terna final.
Lo que siguió después —la elección de la fiscal Ernestina Godoy, distinguida militante de Morena y con una larga trayectoria de cargos en los gobiernos emanados de ese partido— fue la crónica de un nombramiento anunciado. Pero, lo que sí sorprendió fue que algunos senadores de las bancadas de la oposición votaran a favor, aun cuando el bloque oficialista no necesitaba su voto, porque contaban con la mayoría calificada que se requería. Surge entonces la duda: ¿temor?, ¿cálculo político? o ¿reconocimiento al trabajo de la nueva fiscal? o, quizás algo peor: que el poder autoritario ya transita libremente hacia su consolidación, porque quienes deberían resistir han empezado a “obedecer por anticipado”, como advierte Timothy Snyder en la primera de sus veinte lecciones sobre la tiranía. La obediencia anticipada es una tragedia, dice el autor, pero, también aconseja defender las instituciones, lo cual no es una consigna retórica, sino un compromiso con la democracia, y esa votación senatorial dejó señales preocupantes, por ejemplo, la obsequiosidad de algunos “opositores” a pesar del discurso de quienes llamaron a votar en contra, porque han vivido en carne propia la persecución política, como es el caso de Ricardo Anaya.
Y no es que se acuse por adelantado a la nueva fiscal de usar la institución para perseguir opositores —o al menos eso comprometió en su primer discurso—, pero las dudas sobre el papel que viene a desempeñar en la fiscalía se derivan, en primer lugar, de la forma en que se abrió la vacante. No quedó claro por qué, en esta coyuntura de escándalo político por señalamientos de presuntos casos de corrupción de integrantes de alto perfil de Morena, renunció el anterior fiscal, Alejandro Gertz, quien, por cierto, deja un legado de estancamiento de investigaciones emblemáticas como Ayotzinapa, Segalmex y el llamado huachicol fiscal; además, rezagos de miles de expedientes sin investigar y tasas de impunidad cercanas a 99 por ciento.
Bajo estas circunstancias, y ante la perspectiva de que la estrategia de seguridad encabezada por el secretario de SPC, Omar García Harfuch, requiere una coordinación que no se lograba con el anterior fiscal, podría intentarse justificar la sustitución anticipada. Sin embargo, en el fondo, esta forma de nombrar fiscales alineados al gobierno en turno implica una injerencia en la autonomía de las fiscalías y una politización de la justicia. Así lo han hecho titulares del Poder Ejecutivo en algunos estados frente a “fiscales incómodos”, y no para beneficio de los ciudadanos, sino para incrementar el control y evitar riesgos que a ciertos gobernantes les resultan innecesarios, por ejemplo, el de ser descubiertos si tienen nexos con el crimen organizado.
No podemos sentenciar que ésa fue la razón de este nuevo nombramiento, pero lo cierto es que el lema “es tiempo de mujeres” no puede usarse como una cortina de humo, porque el hecho de que una Fiscalía sea encabezada por una mujer no es garantía de justicia, si el criterio para nombrarla es la lealtad. La democracia necesita una fiscalía capaz de investigar al poder, no de servirle; sin autonomía la impunidad seguirá teniendo la última palabra.
