*Alguien como tú.
/ Gladys Pérez Maldonado./
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el delito de feminicidio llega con un peso simbólico innegable, reconocer, por fin, que la violencia feminicida no es un exceso aislado, sino una estructura que el Estado ha sido incapaz de desmantelar. Sin embargo, el riesgo es evidente, tipificar mejor la muerte puede convertirse en un sofisticado ejercicio jurídico que conviva, sin rubor, con la impunidad de siempre.
México no padece un vacío legal en materia de feminicidio. Desde hace años, el delito está tipificado en el Código Penal Federal y en las legislaciones locales. La pregunta incómoda no es si falta ley, sino por qué, teniéndola, el sistema fracasa de manera sistemática en prevenir, investigar y sancionar. La respuesta apunta menos a la norma y más a su ejecución, ministerios públicos que no investigan con perspectiva de género, policías que pierden evidencia, peritajes deficientes y jueces que aún dudan en nombrar la violencia por lo que es.
La nueva ley propone homologar criterios, establecer obligaciones claras y fortalecer mecanismos de reparación. En el papel, es difícil oponerse. Pero la historia reciente nos obliga a desconfiar del entusiasmo legislativo. En México, legislar se ha vuelto una forma de simular acción. Cada nueva ley promete cerrar brechas que en realidad se ensanchan en la práctica cotidiana. El feminicidio no es un problema de redacción normativa, sino de voluntad política, capacidades institucionales y, sobre todo, de rendición de cuentas.
Hay un punto neurálgico que la iniciativa no puede eludir: la impunidad estructural. Mientras la probabilidad de castigo sea mínima, la ley será letra muerta. Tipificar con mayor precisión el feminicidio no disuade a quien sabe que difícilmente será investigado. La prevención no se construye en el código, sino en la certeza de consecuencias. Y hoy, esa certeza no existe.
Otro riesgo es la burocratización del dolor. Al crear nuevos procedimientos, instancias y obligaciones, el Estado puede terminar trasladando a las víctimas y sus familias una carga aún mayor. Formularios, protocolos, trámites interminables, una arquitectura institucional que, en lugar de acompañar, agota. La reparación integral no puede convertirse en una ruta administrativa que revictimice. Debe ser, ante todo, un compromiso real de verdad, justicia y garantías de no repetición.
Pero sería injusto negar el potencial transformador de una ley bien implementada. Si esta iniciativa logra articular un sistema nacional eficaz, con estándares claros de investigación, capacitación obligatoria y sanciones para las autoridades omisas, podría marcar un punto de inflexión. La clave está en los mecanismos de exigibilidad. ¿Quién vigilará que las fiscalías cumplan? ¿Qué consecuencias enfrentarán los funcionarios que fallen? Sin respuestas contundentes, la ley corre el riesgo de sumarse al archivo de buenas intenciones.
El debate de fondo es más incómodo, esto es, el feminicidio no se explica únicamente por fallas institucionales, sino por una cultura que normaliza la violencia contra las mujeres. Ninguna ley, por ambiciosa que sea, puede por sí sola revertir décadas de tolerancia social. Sin embargo, el Estado sí puede —y debe— dejar de ser cómplice por omisión.
La iniciativa de Claudia Sheinbaum abre una oportunidad. Pero también pone a prueba la coherencia del gobierno, pues no basta con nombrar el problema con mayor precisión jurídica; es indispensable enfrentarlo con eficacia. De lo contrario, estaremos ante una paradoja dolorosa, convertirnos en un país que perfecciona la manera de tipificar la muerte mientras sigue tolerando la impunidad que la hace posible.
La prueba definitiva de esta ley no estará en su redacción, sino en su capacidad de romper el pacto histórico de impunidad. Si el Estado no investiga con rigor, no sanciona con firmeza y no repara con dignidad, esta iniciativa será apenas un gesto más en el largo expediente de simulaciones. Porque cuando la justicia no llega, la ley no protege y legitima el abandono. Y en ese vacío, el mensaje es brutalmente claro, en México, la vida de las mujeres sigue siendo prescindible.
La consigna de la Presidenta Sheinbaum de investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio para no culpar a las víctimas de su propia muerte no es una conquista inédita, sino una reiteración de lo que ya obligaban los estándares jurídicos vigentes. Desde hace años, en el caso de la muerte de una mujer, la autoridad investigadora debía actuar de acuerdo a los Protocolos de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género y agotar esa línea como punto de partida, no como excepción. Presentarlo hoy como novedad revela el verdadero problema, en concreto, no la ausencia de mandato, sino su incumplimiento sistemático. Porque cuando el Estado anuncia como avance lo que ya era su deber, no está ampliando derechos; está admitiendo, sin decirlo, que falló en garantizarlos…
