A Juicio de Amparo .
/ Amparo Casar /
No es la primera vez que lo digo. Cuando me preguntan cuál ha sido el mayor error de la administración de López Obrador contestaría sin titubear: el haber regresado a las Fuerzas Armadas, particularmente al Ejército, a ser una pieza central del funcionamiento del sistema político mexicano y de la administración pública federal.
La decisión posrevolucionaria de darle un papel acotado a las Fuerzas Armadas y que no formaran parte ni de la política “formal” ni de la administración pública, es una de las razones más importantes de que nuestro país, a diferencia de todos los demás de América Latina, salvo Costa Rica, no haya tenido ninguna interrupción del orden constitucional. En crudo, una decisión política acertada y bien implementada blindó a México de los golpes militares que padecieron otras naciones. Con esa decisión, ganaron los titulares del Ejecutivo, ganó la estabilidad y ganamos los mexicanos.
El acuerdo se tradujo, entre otras cosas, en que las Fuerzas Armadas no formaran parte de la discusión pública. Esta regla se rompió algunas veces, como en el 68, pero la tónica prevaleciente fue la de una separación de las Fuerzas Armadas de los asuntos públicos de la nación. Sólo ocasionalmente en la academia se le convertía en objeto de estudio y los medios de comunicación no se ocupaban mayormente de sus ires y venires.
Sin necesidad ni presión alguna, López Obrador revirtió tan atinada y conveniente decisión. Hasta donde sabemos, el Ejército no pidió revisar su papel en la política y la administración. Lo más que llegó a demandar cuando se le llamó a ocuparse de tareas de seguridad pública fue el diseño de un marco legal que respaldara esas tareas. Incluso se sabe que en ocasiones el Ejército, a través del general secretario, se resistió a que se le entregaran funciones que el propio estamento militar juzgaba no le eran propias. López Obrador prestó oídos sordos a las objeciones e impuso su voluntad de entregar literalmente cientos de tareas al Ejército y a la Marina.
Sobre las razones que tuvo el Presidente para transformar a las Fuerzas Armadas en un actor central sólo caben especulaciones, pero hoy lo que importa son las consecuencias. La mayoría negativas. Quizá la única positiva haya sido el acceso a la transparencia a la que se llegó, no por voluntad del que se dice el gobierno más transparente que haya tenido México, sino gracias a los #Sedenaleaks.
En el asombroso y embustero discurso del Presidente, la razón para darle tantas funciones al Ejército es que es una institución “incorruptible”. Nadie es incorruptible pero, si alguien lo duda respecto a las Fuerzas Armadas, hoy tenemos literalmente miles de pruebas a disposición de todos por cortesía de los #Sedenaleaks. Hay corrupción en las obras a su cargo, en las aduanas, en el reparto de programas sociales, en el negocio de las vacunas, en la venta de armas, en cientos de contratos que hasta ahora estaban fuera de nuestro alcance y llegaron a la luz pública.
Por si fuera poco, diariamente se documentan los abusos de autoridad, la violación de derechos humanos y la complicidad con el crimen organizado y con los tres niveles de gobierno. Todos sin castigo. Hoy sabemos, también, que la inteligencia militar usa y mal usa cientos de millones de pesos para espiar a particulares que nada tienen que ver con el crimen organizado ni con asuntos de seguridad nacional, sino con el ejercicio de su profesión como periodistas, editorialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, incluidos los grupos feministas a quienes López Obrador ha combatido.
¿Llevan a cabo este tipo de “inteligencia” por cuenta propia o recibieron la orden de Palacio Nacional? Supongo que la recibieron porque el propio Presidente dice que su gobierno no espía, pero sí investiga. Según el diccionario, los sinónimos de espiar son: investigar, indagar, buscar, rastrear. ¿Cuestión de semántica? Supongo que sí, también, porque el Presidente no los ha llamado a cuentas por las actos revelados en los #Sedenaleaks, muchos de los cuales constituyen delitos.
Como se sabe, uno toma la decisión de cuándo, cómo y por qué se llega a una declaración de guerra, pero no se controla el fin del conflicto armado. En general, en las guerras pierden todos, incluso los ganadores. “La mejor victoria es vencer sin combatir”, dice Sun Tzu.
Lo mismo ocurre con los militares: se les incorpora a los asuntos políticos y administrativos que pertenecen a los civiles, pero no se sabe cómo y cuándo se les podrán retirar los poderes económico y político que se les otorgaron, los fortalecieron y los empoderaron. El gobierno y sus ciudadanos estamos perdiendo con esta política de militarización.
