*Aunque México reconoció derechos laborales para las trabajadoras del hogar, persisten la falta de contratos y prestaciones, la desigualdad salarial y una afiliación al IMSS que no supera 3% del sector.
/ Escrito por Georgina Monroy Vázquez /
09.10.2026 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- El trabajo del hogar remunerado dejó de ser, al menos en la legislación, una excepción al derecho laboral mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional su exclusión de la seguridad social, el Congreso reformó la Ley Federal del Trabajo en 2019 y México ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en 2020.
Sin embargo, el reconocimiento legal no se ha traducido en condiciones laborales equivalentes.
El informe «Sosteniendo el cambio, por un trabajo justo para las trabajadoras del hogar de México« de UNIDAS aborda las condiciones de las trabajadoras del hogar donde el 96.6% del sector permanece en la informalidad, mientras apenas 1.6% de las personas ocupadas cuenta con contrato escrito. Entre las mujeres, la proporción es todavía menor: sólo 1% tiene contrato, frente a 9% de los hombres.
El estudio, elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), solicitudes de información y trabajo cualitativo con organizaciones de trabajadoras, plantea una distancia persistente entre los derechos reconocidos en la ley y su ejercicio efectivo.
Durante la presentación del informe estuvieron presentes, Verónica Rodríguez, Consultora Programática de Fundación Avina; Néstor Génis, Coordinador de Inclusión y Desarrollo Sostenible de Ethos Innovación en Políticas Públicas; Gabriela Alejandra Rodríguez Cárdenas de Lúminas; María de la Luz Padua Orihuela de SINACTRAHO y Mercedes Ramírez, Oficial de Análisis e Incidencia de ProDESC.
La paradoja de la formalidad patronal
Uno de los hallazgos que plantea el informe es una contradicción en los hogares que contratan trabajo doméstico.
De acuerdo con la investigación, 73.3% de las personas empleadoras cuenta con estudios de nivel medio superior o superior y cerca de ocho de cada 10 tienen un empleo formal. Entre quienes son personas subordinadas, nueve de cada 10 cuentan con contrato escrito y reciben al menos una prestación de ley.
En contraste, las personas que trabajan en sus hogares enfrentan condiciones muy diferentes: su ingreso mediano ronda los 5 mil 160 pesos mensuales, frente a unos 20 mil pesos de las personas empleadoras.
El informe denomina a esta situación “la paradoja de la formalidad patronal”: personas que conocen y ejercen derechos laborales en sus propios empleos reproducen dentro de sus hogares relaciones de informalidad y desprotección.
La investigación señala que el incumplimiento no puede explicarse únicamente por desconocimiento de la ley o incapacidad económica. También identifica barreras culturales y una percepción del trabajo del hogar como una relación personal o familiar, en lugar de un vínculo laboral con obligaciones patronales.
La expresión “eres parte de la familia”, documentada en los testimonios, adquiere así una dimensión laboral: la cercanía se utiliza para desdibujar la relación de trabajo, pero los derechos dejan de ser reconocidos precisamente cuando deben hacerse efectivos.
Condiciones laborales: la mayoría no recibe prestaciones
La falta de contratos es sólo una parte del problema.
El informe señala que 60.69% de las personas trabajadoras del hogar no recibe ninguna prestación de ley. La desigualdad también aparece entre hombres y mujeres: mientras alrededor de 53 de cada 100 hombres reciben alguna prestación, entre las mujeres la proporción es de apenas 38 de cada 100.
Las consecuencias se extienden a derechos como vacaciones, seguridad social, vivienda y retiro.
En un sector donde 84.53% de las mujeres son madres, únicamente 6 mil 859 trabajadoras tienen acceso a una guardería. Además, aunque las aportaciones al INFONAVIT son obligatorias desde 2024, la intermitencia de los empleos y las bajas cotizaciones dificultan que las trabajadoras acumulen el puntaje necesario para acceder a una vivienda.
El retiro representa una de las mayores deudas: sólo 0.73% de las trabajadoras cuenta con un fondo de retiro, frente a 9% de los hombres del sector. Y como las semanas de cotización no pueden recuperarse retroactivamente, el informe advierte que se trata de una pérdida acumulada durante décadas.
El problema adquiere mayor dimensión porque 54.3% de las trabajadoras tiene más de 45 años. Es decir, una parte importante del sector se acerca al final de su vida laboral sin una protección suficiente para la vejez.
Una brecha salarial de 34.8% entre mujeres y hombres
Las desigualdades también aparecen en los ingresos.
El ingreso promedio mensual de las personas trabajadoras del hogar es de 6 mil pesos, pero existe una diferencia considerable por sexo: los hombres reciben en promedio 8 mil 855 pesos mensuales y las mujeres 5 mil 770 pesos.
Esto representa una brecha salarial mensual de 34.8%.
Cuando se observa el ingreso por hora, la diferencia disminuye: los hombres reciben 57.71 pesos por hora y las mujeres 53.73, una brecha de 6.9%.
La diferencia entre ambos indicadores es relevante porque muestra que el problema no está únicamente en cuánto se paga por una hora de trabajo, sino también en cuántas horas remuneradas pueden acumular las mujeres.
El informe identifica dos factores principales: la segregación ocupacional y la carga de trabajo de cuidados no remunerado.
Mientras 77% de los hombres se desempeña en ocupaciones consideradas especializadas —como conducción, jardinería o vigilancia—, sólo 14% de las mujeres realiza actividades fuera del trabajo doméstico general o de cuidados.
A esto se suma la diferencia en los días trabajados: los hombres laboran de manera remunerada 5.11 días por semana en promedio, frente a 4.17 días de las mujeres. La investigación vincula esta diferencia con la carga desproporcionada de cuidados que ellas realizan en sus propios hogares.
Así, la llamada “flexibilidad” del trabajo del hogar puede convertirse en una trampa: jornadas fragmentadas que permiten conciliar responsabilidades familiares, pero que también reducen el ingreso y dificultan el acceso a la seguridad social.
Tres años de esquema obligatorio: estancamiento y una brecha que crece
En 2023 comenzó el esquema de incorporación obligatoria de las personas trabajadoras del hogar al IMSS. Tres años después, el número de afiliaciones prácticamente no ha crecido.
El seguimiento realizado por el informe entre mayo de 2023 y junio de 2026 muestra que la afiliación se mantuvo entre 57 mil y 63 mil personas, menos de 3% del sector.
La situación es todavía más desigual para las mujeres.
Aunque representan 91.9% del sector, las mujeres concentran entre 65% y 68% de las afiliaciones al IMSS. Su participación, además, ha disminuido gradualmente durante el periodo analizado.
Pero el dato que más llama la atención es la evolución de la brecha salarial dentro del propio esquema de seguridad social.
El salario base de cotización casi se duplicó para mujeres y hombres, pero la diferencia entre ambos se cuadruplicó: pasó de oscilar entre 2% y 5% a finales de 2023 a superar 20% de manera sostenida desde 2025.
Es decir, la incorporación obligatoria al IMSS no sólo no alcanzó a la mayoría del sector: dentro del universo que sí logró incorporarse, la distancia salarial entre hombres y mujeres se amplió.
La formalidad tampoco garantiza una cobertura completa
El informe identifica además problemas en el propio diseño del esquema de seguridad social.
Cuando las trabajadoras cotizan bajo la modalidad “por día”, la cobertura médica puede quedar limitada a los días registrados como laborados. Esto resulta particularmente problemático para un sector caracterizado por jornadas parciales y empleos distribuidos entre distintos hogares.
La investigación también señala un sobrecosto en esta modalidad: el pago por día es superior al equivalente diario de una cotización mensual, debido a la incorporación proporcional de descansos y vacaciones, pero ese costo adicional no se traduce necesariamente en más días de atención médica efectiva.
El resultado es una paradoja adicional: la formalización existe en la norma, pero el diseño institucional no siempre se adapta a la forma en que realmente trabajan las mujeres del sector.
Una informalidad que también tiene un costo para el Estado
La exclusión laboral no sólo tiene consecuencias para las trabajadoras.
El informe estima que, considerando aproximadamente 2.24 millones de trabajadoras no afiliadas, la recaudación patronal no percibida alcanza 46 mil 88 millones de pesos anuales sólo por cuotas del IMSS.
Al sumar las aportaciones obligatorias al INFONAVIT, la estimación asciende a 56 mil 671 millones de pesos al año. Se trata de una estimación mecánica basada en los patrones de jornada observados y las tarifas vigentes, por lo que el propio documento advierte sus alcances.
Para las autoras y autores del informe, esta situación genera una transferencia de costos: las trabajadoras absorben gastos de salud, maternidad y vejez con salarios bajos, mientras el Estado termina destinando recursos públicos para atender parte de las consecuencias de esa desprotección.
Un trabajo que sostiene los cuidados, pero permanece invisible
Detrás de las cifras laborales existe otra dimensión: las trabajadoras del hogar también sostienen sus propias familias.
Una trabajadora dedica en promedio 26.62 horas semanales a labores domésticas y de cuidados no remunerados en su propio hogar, además de su trabajo remunerado. Las personas empleadoras destinan 14.05 horas a esas mismas tareas.
Por cada hora que una persona empleadora dedica al trabajo doméstico y de cuidados en su casa, una trabajadora del hogar dedica 1.89 horas.
El informe plantea que la contratación de trabajo del hogar no elimina la carga de cuidados de la sociedad: la desplaza hacia hogares con menores ingresos, donde las mujeres vuelven a absorberla sin remuneración.
Por ello, las condiciones laborales de quienes limpian, cocinan y cuidan en otros hogares no pueden analizarse únicamente como un problema de empleo. También forman parte de la crisis de cuidados y de la desigual distribución del tiempo y los recursos entre mujeres.
El documento concluye que el avance normativo de la última década no ha sido suficiente para transformar las condiciones materiales del sector. Con 96.6% de informalidad y una afiliación al IMSS estancada, la investigación identifica una brecha entre el reconocimiento de derechos y las condiciones reales para ejercerlos.
En ese sentido, el reto no se limita a que las trabajadoras conozcan sus derechos. El informe plantea la necesidad de modificar los mecanismos de inspección, registro patronal, afiliación, justicia laboral y protección social para que el cumplimiento deje de depender de la voluntad de quienes contratan.