* Urgen al Estado a desarrollar una estrategia nacional de prevención y protección integral de la niñez frente a la violencia.
/Redacción/
Cdmx., 10 de enero 2020.- REDIM urge al gobierno y Estado mexicano reconocer que los hechos de Torreón, Coahuila son consecuencia de la generalización de la violencia armada en contra niñas, niños y adolescentes*.
El último informe de la Red detalla que en el 2018 ocurrieron siete asesinatos al mes contra niñas y adolescentes, y en lo que va de 2019, se registran 59 feminicidios, un incremento a ocho feminicidios cada mes. Comparando únicamente los primeros siete meses de cada año, 2019 representaría el periodo más violento por el delito de feminicidio en contra de niñas y adolescentes, con un crecimiento de 13.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2018”, se detalla el REDIM.
Por lo que ante la tragedia en Torreón insiste en la urgencia de construir una estrategia nacional de prevención y protección integral de la niñez frente al violencia armada, que han denominado *#Proyecto26*.
El Comité de Derechos del Niño de la ONU recomendó en 2011 y 2015 al Estado Mexicano revisar la estrategia de seguridad, y promover la Cultura de Paz, señala
Además la Red se solidarizó con las familias víctimas, haciendo un llamado a las autoridades a garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño y rechaza análisis que minimizan el contexto de violencia en que viven millones de niñis y niñas en México.
“Rechazamos las expresiones públicas que reducen este hecho a la influencia de videojuegos, pérdida de valores o problemas de salud mental, sin reconocer la responsabilidad del Estado Mexicano en la violencia social en la que sobreviven 40 millones de niñas, niños y adolescentes”.
La Red por los Derechos de la Infancia en México lamentóa profundamente los hechos ocurridos en el Colegio de Cervantes de Torreón, Coahuila, que derivaron en el fallecimiento de al menos dos personas; y seis heridos.
“Frente a este lamentable hecho nos solidarizamos con las familias víctimas y llamamos a las autoridades a realizar las investigaciones adecuadas, garantizar el acceso a la justicia a las familias, la reparación del daño y evitar respuestas que criminalizan a la niñez vinculada a los sucesos, así como reducir los hechos a un tema de irresponsabilidad familiar”.
Considetan que lo hechos ocurridos en Torreón, Coahuila, en donde un alumno de 11 años disparó en contra su profesora y compañeros, para después suicidarse, dan muestra de los vacíos institucionales existentes para identificar alertas tempranas sobre posibles riesgos para niñas, niños y adolescentes. El sistema educativo del país continúa sin desarrollar una respuesta articulada para explicar y acompañar a sus estudiantes en los escenarios de crimen organizado con altos niveles de violencia.
Los acontecimientos de Torreón no pueden verse ajenos a la cultura de militarización que ha dejado la fallida estrategia de seguridad. Lo que ha llevado a un flujo masivo de armas, a disposición de familias que buscan protegerse ante contextos de gran violencia, permitiendo el acceso a éstas por parte de niñas, niños y adolescentes. Es necesario reconocer que la estrategia de guerra contra el crimen ha fracasado, impactando negativamente el Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo.
Esta administración continúa con la misma fórmula, que ofrece los mismos resultados en la última década. 2019 es el año con el mayor número de homicidios dolosos en la historia del país. Desde el año 2000 al cierre del 2019 alcanza cerca de 21 mil niñas, niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso;
Recordamos el llamado realizado con anterioridad, ante el caso de 2017 en Monterrey, urgiendo al Estado a desarrollar una estrategia nacional de prevención y protección integral de la niñez frente al violencia armada, en el marco de la Cultura de Paz.
Le recuerdal al gobierno las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño (CRC-ONU) en 2015, que señala que el Estado debe:
“23. El Comité señala que la educación para la paz y sobre los derechos humanos tiene una presencia insuficiente en los planes de estudio. El Comité observa con preocupación el alto nivel de violencia en el Estado Parte, que afecta a los niños tanto en las escuelas como en las comunidades, y especialmente, la violencia sufrida por los niños excluidos por el sistema educativo.”
24. El Comité recomienda al Estado Parte que redoble sus esfuerzos por impartir educación sobre los derechos humanos y, en particular, educación para la paz a todos los niños escolarizados y capacite al personal docente con miras a la inclusión con esos temas en la educación de los niños. El Comité recomienda al Estado Parte que redoble sus esfuerzos en los distintos sectores del gobierno y la sociedad para recurrir en formas de mediación pacífica de los conflictos, prestando especial atención a los conflictos violentos en los que se ven involucrados menores”
“(e) Realizar un estudio que analice el alcance de la violencia contra niñas y niños a través de Internet, y fortalecer los esfuerzos para prevenir y atender este fenómeno, y que se dirija tanto a niñas y niños que asisten a la escuela como a aquellos que no asisten; (f) Desarrollar programas de juego, esparcimiento, recreación, cultura, artes y deportes, a la par de infraestructura y espacios públicos seguros como medios para contrarrestar los efectos negativos de la violencia, para aprender habilidades de comunicación no violenta, y para asegurar el adecuado desarrollo de niñas y niños;”
En este sentido reiteramos nuestro rotundo rechazo el operativo “mochila segura” por ser un acto de discriminación institucional que ha demostrado ser un fracaso para atender y prevenir los casos de violencia en el espacio escolar, enraizados en problemas complejos como la violencia comunitaria, la ruptura del tejido social, la impunidad y la inseguridad. Además de recordar la imposibilidad de implementar este operativo en cualquier orden de gobierno porque sería una violación a derechos humanos, como lo establece la recomendación No. 21/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha observado que dicho operativo, violenta el derecho a la intimidad, seguridad jurídica, no discriminación e interés superior. [3]
Desde *#REDIM* Red por los Derechos de la Infancia en México consideramos que este lamentable caso, es el resultado de la ausencia de políticas públicas de prevención, atención y contención de la violencia, y nula promoción de la cultura de paz y derechos humanos en los espacios de convivencia escolar. Es por ello que instamos al gobierno a desarrollar el *#Proyecto26*, para que niñas, niños y adolescentes sean parte de la agenda federal; por lo anterior invitamos a la Secretaría de Gobernación a convocar a una sesión extraordinaria del SIPINNA Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para avanzar la coordinación federal, estatal, municipal y sociedad civil.
Finalmente, REDIM invita a las y los ciudadanos, autoridades y medios de comunicación a tener un manejo ético del caso, proteger la identidad de las víctimas y familiares. Hacemos un llamado a las autoridades competentes a investigar y sancionar a quienes hicieron públicos los nombres e imágenes de niñas y niños víctimas por la violación a su derecho a la intimidad. En este mismo sentido saludamos positivamente a la Secretaría de Gobernación, quien hizo un llamado inmediato a la protección del derecho a la intimidad personal y familiar protegido en el art. 77 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y al principio de desarrollo y supervivencia de la Convención de los derechos del niño.
Por un #InfanciaSinViolencia.
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