*IMPRONTA .
/ Carlos Miguel Acosta Bravo /
El 4 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para “fortalecer la transparencia en el Gobierno Federal”. En el papel, suena bien. Más información, más contratos publicados, más datos de Pemex y CFE, más auditorías visibles. Pero hay un problema de fondo que no se puede ignorar: la transparencia ya no tiene un garante independiente. El INAI murió en marzo de 2025, y ahora la rendición de cuentas está en manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Es decir, el gobierno federal decide qué información publica y qué información reserva. El lobo, en otras palabras, está cuidando el gallinero.
El gobierno presenta el decreto como un avance en cuatro frentes: Primero, los contratos públicos se publicarán mensualmente en lugar de trimestralmente. Esto, en teoría, permitiría un seguimiento más cercano de las adquisiciones y obras públicas.
Segundo, Pemex y CFE deberán publicar más información: estados financieros, informes ante agencias extranjeras, gobierno corporativo, políticas de operación y contratos de filiales.
Tercero, se publicarán más datos sobre fiscalización y auditorías. El programa anual de auditorías, estadísticas, situación de las revisiones, seguimiento de observaciones y asignación de despachos externos.
Cuarto, se limita la reserva de información a dos causales: seguridad nacional y procesos judiciales en curso. En teoría, esto elimina la discrecionalidad de los servidores públicos para decidir qué información puede hacerse pública.
Todas estas medidas, por sí solas, son positivas. Pero el contexto importa. Y el contexto es que el INAI, el organismo autónomo que durante más de dos décadas garantizó el derecho de acceso a la información, fue extinto mediante reforma constitucional publicada el 20 de diciembre de 2024 y concretada el 20 de marzo de 2025.
El INAI no era solo un organismo de transparencia, era un garante constitucional autónomo que podía ordenar a dependencias gubernamentales publicar información reservada, imponer sanciones por incumplimiento, emitir criterios vinculantes sobre qué información debe ser pública y proteger datos personales.
Con su desaparición, desaparece también el mecanismo de revisión independiente. Ahora, si una dependencia gubernamental niega información, el ciudadano debe acudir a la misma Secretaría Anticorrupción que forma parte del gobierno federal. Sus funciones fueron transferidas a “Transparencia para el Pueblo”, un nuevo organismo adscrito a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro.
Como señala el destacado columnista Mario Maldonado: “la nueva medida concentra el ejercicio de la transparencia en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que otorga al gobierno federal un mayor margen para determinar qué información puede reservarse por razones de seguridad nacional o por estar relacionada con procesos judiciales”.
El decreto establece que solo se podrá reservar información por seguridad nacional o procesos judiciales, pero no define con precisión qué califica como seguridad nacional. Este es un riesgo grave porque, como ha documentado la experiencia reciente, el estatus de seguridad nacional se ha usado para ocultar información sensible: obras del Tren Maya, contratos de Pemex y CFE, operaciones de las Fuerzas Armadas, proyectos de infraestructura estratégica.
El mismo decreto que promete transparencia mantiene la puerta abierta para que el gobierno clasifique como “seguridad nacional” cualquier proyecto que prefiera mantener en opacidad. Pemex y las Fuerzas Armadas siguen en la sombra. Muchas de sus operaciones se clasifican como estratégicas para la seguridad nacional y permanecen opacas. El decreto no establece mecanismos para revisar estas clasificaciones.
Organizaciones como Agenda Estado de Derecho han señalado que México vive ahora una “transparencia sin garantías”: hay más información publicada, pero menos mecanismos para exigirla cuando se niega. El nuevo modelo es, en esencia, un sistema de autogobierno. El gobierno decide qué transparencia quiere tener y qué información prefiere mantener reservada. No hay un contrapeso real que pueda ordenar la publicación de información que el gobierno prefiera ocultar.
Aunque el decreto promete eliminar la discrecionalidad, en realidad la concentra en la Secretaría Anticorrupción. Ahora es Raquel Buenrostro, una funcionaria del gabinete federal, quien decide qué criterios de reserva aplicar y qué información debe publicarse.
La sociedad civil debe exigir cuatro cosas: Primero, una definición precisa de “seguridad nacional”, con criterios claros y limitados que eviten que se use como comodín para ocultar información sensible. Segundo, mecanismos de revisión independiente. Aunque el INAI ya no existe, debería crearse un consejo consultivo con participación de la sociedad civil, academia y medios que pueda revisar las decisiones de reserva de información.
Tercero, transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia. Debe ser accesible, buscable y actualizada regularmente, con datos en formatos abiertos que permitan el análisis ciudadano. Y por último cuarto, sanciones por incumplimiento. Debe haber consecuencias reales para las dependencias que no publiquen la información obligatoria o que clasifiquen incorrectamente información como reservada.
El decreto de Sheinbaum presenta una aparente paradoja. Más información publicada, pero menos garantías de acceso. El gobierno federal podrá publicar más datos, pero también tendrá más control sobre qué información mantiene reservada.
La pregunta clave es. ¿De qué sirve publicar más contratos si no hay un mecanismo independiente que pueda ordenar la publicación de aquellos que el gobierno prefiere ocultar? ¿De qué sirve limitar las causales de reserva si la misma autoridad que decide qué es “seguridad nacional” es parte del gobierno federal?
La respuesta depende de la vigilancia ciudadana. Sin un garante independiente, la sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil deben asumir el rol de contrapeso, exigiendo información, revisando los datos publicados y denunciando las opacidades injustificadas.
En un sistema donde el lobo cuida el gallinero, la única garantía de transparencia es una ciudadanía organizada, informada y exigente. El decreto de Sheinbaum no es ni bueno ni malo en sí mismo. Es una herramienta que podrá usarse para transparentar o para ocultar, dependiendo de quién la vigile.
Y esa vigilancia, hoy más que nunca, nos toca a todos.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.