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/ Escrito por Paola Piña ./
31.05.2025 / CimacNoticias.ComCiudad de México.– Cada martes, María Luisa Villanueva, quien pasó 25 años en prisión por un delito que no cometió, se coloca con manta en mano, a partir de las 10 a.m. frente a la Plaza de Armas, en Cuernavaca, para exigir justicia. Aunque hoy se encuentra en libertad, su lucha está lejos de terminar, pues exige que el Estado la reconozca como inocente y que se haga justicia contra quienes violaron sus derechos humanos tras casi tres décadas de impunidad.
En entrevista con Cimacnoticias, María Luisa relató que desde su liberación en febrero de 2023 ha enfrentado nuevas formas de violencia institucional. Asegura que el Estado ha colocado múltiples obstáculos para agotarla y disuadirla de continuar con su denuncia contra el grupo de agentes de la Unidad Antisecuestros que la torturaron en 1998, tras haber sido detenida de forma arbitraria y violenta.
Aunque la fiscalía giró órdenes de aprehensión contra los responsables, la jueza Juana Rosa López de Solano las negó. Villanueva y su defensa apelaron la decisión, pero el mes pasado la Tercera Sala Penal, a cargo de la magistrada María Luisa Sánchez Osorio, volvió a revictimizarla al rechazar nuevamente las órdenes de captura.
“El tribunal quiere mantener en la impunidad a las personas que me torturaron, ya que son servidores públicos de la fiscalía, entonces se protegen. Hay una red de corrupción en la que se cuidan unos a otros”, denunció María Luisa
Reconstruir su vida ha sido un reto enorme. Cargar con el estigma de haber estado en prisión le ha cerrado puertas al empleo, negándole oportunidades básicas para salir adelante. Actualmente, su único sustento proviene del apoyo económico de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) de Morelos; sin embargo, afirma que este ha sido insuficiente y, además denuncia que se entrega de manera irregular.
“Este apoyo económico también ha sido una batalla. Hasta el momento no han pagado la renta; creo que el casero ya está a punto de desalojarme. Dijeron que esta semana entregarían el dinero, y yo estoy esperando… ojalá que sí. A veces parece que piensan que te están haciendo un favor al darte lo que en realidad es tu derecho.”, expuso María Luisa Villanueva
Los estragos de haber estado privada de la libertad durante 25 años han deteriorado su salud física y mental. Uno de los impactos más dolorosos, confiesa, fue haber sido separada de sus hijos cuando aún eran pequeños, lo que generó un distanciamiento profundo, hoy solo mantiene contacto con uno de ellos. A esto se suma no solo el estigma social que enfrenta, sino también el rechazo dentro de su propia familia, que vive en Guerrero y con la que mantiene una relación distante.
>“Soy de un pueblo muy conservador, y al llegar sí soy señalada, tanto por haber estado en prisión como por lo que me hicieron los policías”, lamenta María Luisa Villanueva
Finalmente, con la voz entrecortada pero firme, Villanueva hace un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que atienda su caso y el de muchas otras personas que han sido víctimas del abandono y la impunidad.
“De la presidenta Claudia creo que de ella espero mucho más. Necesito la autoridad de una figura como la presidenta que pueda ayudarme y darme la mano. Es una lucha que estoy sola contra un sistema que lo tiene todo, tiene todo el poder para cansarme, para agotarme. Al destrozar la vida de un ser humano que es inocente, se destruye también una sociedad y eso no es justo, concluye María Villanueva.
Caso María Luisa Villanueva
En 2019, Cimacnoticias conversó con María Luisa Villanueva, una mujer originaria de la comunidad de El Ocotillo, en Guerrero. En ese entonces, María Luisa se encontraba privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, Morelos. Estaba cumpliendo una sentencia de 30 años, acusada de haber participado en el secuestro de la menor Sara Saskia Seligman, ocurrido el 22 de junio de 1997, según la causa penal 06/1998.
La vida de María Luisa cambió de forma drástica el 6 de enero de 1998. Con apenas 21 años y dos hijos, uno de 11 meses y otro de 9 años, regresó a Morelos, donde había vivido tres años antes, en busca del padre de su hijo menor, a quien no veía desde hacía nueve meses. Vivía en condiciones de pobreza, en un contexto adverso que la colocaba en una situación de vulnerabilidad.
Aquella noche acordó encontrarse con su expareja, Catalino Martínez Jiménez, en el restaurante Los Porkys, ubicado en la colonia Galeana de Zacatepec. Pero lo que debía ser un reencuentro personal, se convirtió en una pesadilla. Minutos después de su llegada, un grupo de agentes de la Unidad Antisecuestros irrumpió violentamente en el lugar. Iban encapuchados y, según el expediente, entre ellos se encontraban José Guadalupe Reyes, Fernando Paredes Meza y Édgar Chávez Rodríguez.
Frente a los comensales, los oficiales sacaron a la fuerza a María Luisa y a Catalino del restaurante. Él, en medio de la confusión y la violencia, suplicaba: “Ella no tiene nada que ver, dile al jefe que me dé chance y la deje ir”. Sin embargo, ambos fueron subidos a un vehículo. En una parada durante el trayecto, María Luisa escuchó cómo uno de los policías le decía a su expareja que, si quería que ella quedara libre, debía entregar 200 mil pesos.
Lo peor estaba por venir. Fue llevada a una casa donde fue torturada y agredida sexualmente. Con las manos atadas, tirada en el piso, escuchaba los gritos de otras personas que también estaban siendo golpeadas. La amenazaban de muerte con frases como: “Te llegó la hora, hija de tu puta madre”.
Cuatro días después, el 10 de enero, ambos fueron presentados, esposados y encapuchados, ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Allí, una vez más, fueron golpeados y obligados a firmar confesiones bajo amenaza.
Su situación legal se agravó por la falta de recursos económicos de su familia, que no podía pagarle una defensa adecuada. Le asignaron un defensor de oficio, quien hizo un trabajo deficiente. La diligencia de confrontación, clave en el proceso, estuvo plagada de irregularidades: en el expediente incluso aparecen nombres de mujeres que, según las actas, estuvieron presentes, aunque ellas mismas niegan haber participado en la diligencia.
A pesar de las evidentes violaciones a sus derechos humanos y la ausencia total de una perspectiva de género, el 2 de septiembre de 1999, María Luisa fue condenada a 30 años de prisión. Fue juzgada sin garantizarle el derecho a una defensa adecuada, a no ser torturada, ni a que se fabricaran pruebas en su contra. El juez avaló todas las irregularidades, revictimizándola y legitimando la arbitrariedad con la que fue detenida.
Pasaron 22 años para que su caso comenzara a recibir atención. Con el apoyo de un nuevo abogado, logró que la Fiscalía General de Justicia abriera una carpeta de investigación contra los policías ministeriales que la detuvieron. Pero fue hasta el 30 de enero que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Jorge Gamboa Olea, ofreció a algunas mujeres privadas de la libertad ,entre ellas María Luisa, acogerse a un beneficio de remisión parcial de la pena, lo que implicaba su liberación inmediata.
María Luisa, sin embargo, no quería ser liberada como si se le estuviera “perdonando” algo. Quería que el Estado reconociera su inocencia, por eso, renunció al beneficio. Pero Gamboa Olea ordenó su liberación de todos modos. Paradójicamente, fue el mismo magistrado que, años antes, había omitido todas las inconsistencias y violaciones de su proceso.
Hoy, han pasado 27 años desde su detención. Aunque María Luisa ya no está en prisión, la justicia no ha llegado. Sigue enfrentándose a un sistema corrupto y negligente, que se niega a reconocer los abusos, las torturas, la fabricación de pruebas y las omisiones que marcaron su caso. María Luisa Villanueva es libre, sí, pero aún espera que su nombre sea limpiado por completo.
