“Es una traición a la justicia y a la libertad de expresión”, señala María Fernanda
La hija de la periodista María Elena Ferral, asesinada en Papantla, Veracruz, el 30 de marzo de 2020, denunció públicamente la inminente liberación de Ernesto “N”, uno de los detenidos por el crimen, luego de que un juez federal concediera un amparo que deja sin efecto el auto de vinculación a proceso.
La audiencia definitiva está programada para el 21 de noviembre, y todo indica que el acusado podría quedar en libertad. “Es una burla para nuestra familia y una traición al compromiso que el Estado mexicano dice tener con la libertad de expresión”, afirmó.
“Este hecho representa un nuevo golpe a la justicia y a la memoria de mi madre”, declaró María Fernanda Ferral, directora del portal Quinto Poder de Veracruz. En un pronunciamiento difundido este 13 de noviembre, acusó que la liberación no solo revictimiza a su familia, sino que envía un mensaje de impunidad y desprotección al gremio periodístico.
María Elena Ferral fue ejecutada a plena luz del día tras años de denunciar corrupción, violencia política y vínculos criminales en la región del Totonacapan, Su asesino intelectual continúa libre.
Su hija, María Fernanda exigió una revisión exhaustiva del proceso judicial que permitió el amparo, así como transparencia en las resoluciones que podrían dejar en libertad a los responsables materiales e intelectuales del asesinato. “La memoria de mi madre no será borrada por la indiferencia ni por la corrupción. Su voz sigue viva en cada periodista que busca la verdad”, concluyó.
Su crimen, el primero contra una periodista durante el gobierno de Cuitláhuac García, conmocionó al gremio y evidenció los riesgos que enfrentan comunicadores en zonas dominadas por cacicazgos y redes delictivas. Ferral había documentado amenazas previas y señalado a actores políticos locales por presuntos vínculos con grupos armados, los cuales permanecen en impunidad.
Desde 2020, organizaciones como Article 19 han denunciado irregularidades en la investigación del caso, incluyendo pruebas débiles, omisiones en la protección de testigos y falta de voluntad política para esclarecer los hechos. En agosto de 2025, otro de los presuntos implicados, Luis Ángel De la Cruz Hernández, alias “La Güicha”, también fue liberado por falta de pruebas.
María Fernanda exigió una revisión exhaustiva del proceso judicial que permitió el amparo, así como transparencia en las resoluciones que podrían dejar en libertad a los responsables materiales e intelectuales del asesinato. “La memoria de mi madre no será borrada por la indiferencia ni por la corrupción. Su voz sigue viva en cada periodista que busca la verdad”, concluyó.
La periodista María Elena Ferral fue asesinada el 30 de marzo de 2020 en Papantla, Veracruz, tras años de denunciar corrupción, violencia política y vínculos criminales en la región del Totonacapan. Cinco años después, su hija, María Fernanda Ferral,ha denunciado públicamente la posible liberación de los criminales que le quitaron la vida y hoy otro de los detenidos por el crimen, luego de que un juez federal concediera un amparo que deja sin efecto el auto de vinculación a proceso.
En agosto de 2025, otro de los presuntos implicados, Luis Ángel De la Cruz Hernández, alias “La Güicha”, también fue liberado por falta de pruebas. Ferral había documentado amenazas previas y señalado a actores políticos locales por presuntos vínculos con grupos armados. Pese a ello, su caso se ha diluido en un proceso judicial marcado por la impunidad.
En su declaración, María Fernanda Ferral calificó la liberación de Ernesto “N” como “una burla para nuestra familia y una traición al compromiso que el Estado mexicano dice tener con la libertad de expresión”. Afirmó que la decisión revictimiza a quienes buscan justicia y envía un mensaje de desprotección al gremio periodístico. “Cada liberación injusta demuestra que en Veracruz los poderosos siguen protegiendo a los criminales”, sostuvo.
El caso de Ferral se ha convertido en símbolo de la fragilidad institucional frente a los crímenes contra periodistas. Veracruz, que durante años encabezó las estadísticas nacionales de agresiones a comunicadores, sigue siendo una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo.
De acuerdo con el informe más reciente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más de 30 periodistas han sido asesinados en el estado desde 2000, y menos del 10 por ciento de los casos han sido judicializados.
