Si disminuye la corrupción, existirán mejores condiciones para combatir a los delincuentes que se sirven de ella, sin embargo, la seguridad requiere de estrategias específicas que atiendan este fenómeno
Jorge Fernández Menéndez/
(25 de Abril de 2019 .) Hemos pasado la Semana Santa más violenta de nuestra historia reciente, enmarcada en el trimestre más violento desde la Revolución. Al final, Jorge Ramos tenía razón sobre las cifras de muertos en marzo, y fue el propio sistema nacional de seguridad pública el que con sus datos terminó desmintiendo al Presidente respecto a que la violencia estaba decreciendo en marzo. No fue así y todo indica que abril concluirá con otro récord. Y, sobre todo, ello planea el fantasma de la masacre de Minatitlán.
El esquema de seguridad no funciona porque sus premisas son erradas. Nadie puede estar en desacuerdo con que en la misma medida en que aumente la calidad de vida y lleguen los programas sociales, a largo plazo existirán mejores condiciones para acabar con la inseguridad y la violencia.
Nadie tampoco puede negar que si disminuye la corrupción, existirán mejores condiciones para combatir a los delincuentes, que se sirven de ella para ganar espacios e impunidad.
Pero ésa no es una política de seguridad: ésas son premisas necesarias para una transformación de largo plazo que no pueden tener efecto inmediato.
La seguridad requiere de estrategias específicas, federales y locales, que atiendan el fenómeno cotidiano que afecta a millones de mexicanos. Culpar de la masacre de Minatitlán al “neoliberalismo” es, para decirlo suavemente, una tontería. Si la muerte de los jóvenes en una fiesta familiar en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, en enero de 2010, fue el punto de inflexión que obligó a revisar y transformar la estrategia de seguridad en la que era entonces la ciudad más peligrosa del país, atormentada, además, por el asesinato constante de mujeres, lo ocurrido en Minatitlán debe obligar al gobierno federal a replantear toda su estrategia de seguridad, que hasta ahora es un fracaso que no puede ser atribuible sólo a una herencia del pasado.
En Veracruz, Cuitláhuac García gobierna desde hace ya casi ocho meses. Y su principal preocupación ha sido quitar al fiscal Jorge Winckler porque fue elegido durante la administración Yunes. No lo ha logrado y entonces ha optado porque la fiscalía no participe en las reuniones de seguridad, y luego se queja de que no opera. Pero al mismo tiempo designó como secretario de seguridad pública a un personaje que había sido cesado de la fuerza civil de Nuevo León acusado de corrupción y extorsión a comerciantes; no existe una verdadera coordinación con las fuerzas federales y el gobernador quién sabe qué estaba haciendo el día de la masacre.
Cuando fue lo de Villas de Salvárcar, en horas se había movilizado todo el gobierno, las fuerzas locales y federales y la sociedad civil (ésa que, dicen, es distinta al pueblo) exigió y logró revisar la estrategia en Juárez, participando en ella y logrando uno de los pocos y evidentes éxitos que hemos tenido en la lucha contra la inseguridad.
Muchas cosas no funcionaban en seguridad, pero algunas sí lo hacían y aún lo hacen (simplemente las autoridades tendrían que preguntar cómo ha hecho el secretario de seguridad, José Luis Pliego, para convertir en unos meses a Saltillo en una de las ciudades más seguras del país, pero claro, Coahuila es un estado “neoliberal” y “fifi”). Lo desecharon.
Eso se sumó a una concepción equivocada desde la campaña: la lucha contra el narcotráfico, según el entonces candidato, era en realidad una guerra contra el pueblo. Ofreció amnistía para los narcotraficantes y sostuvo que, en cuanto estuviera en el poder, la
violencia cesaría.
Por supuesto que, en los hechos, ha ratificado en todos estos temas: ha comprendido que sin las fuerzas armadas simplemente la estructura del Estado se derrumba, y ha tenido el acierto de conformar la Guardia Nacional. Pero no parece haber una lucha intensa contra los cárteles, salvo el de Santa Rosa de Lima, dedicado al huachicoleo, convertido su jefe, El Marro, un delincuente menor, en el hombre más buscado del país.
La receta en última instancia es sencilla: claro que debe operar la Guardia Nacional, pero también se debe reactivar la Policía Federal, se deben potenciar la inteligencia, el despliegue y la operación quirúrgica en la persecución de delincuentes, se debe trabajar con las policías locales y estatales (otra vez el ejemplo de Saltillo o, hace nueve años, Juárez) y trabajar para mejorar la seguridad cotidiana
de la gente.
Los programas sociales, la lucha contra la corrupción, el pueblo bueno contra el malo, son cortinas de humo que impiden ver la realidad cotidiana.
