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27.08.2026 Xalapa, Ver.- Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina, fue vinculado a proceso este jueves por su presunta participación en una organización dedicada al contrabando de combustibles, en un nuevo avance de la investigación por el llamado “huachicol fiscal” que ha involucrado a mandos navales, funcionarios aduaneros y empresariosb.
La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal contra Farías Laguna por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, específicamente bajo la modalidad de ocultamiento. La resolución fue adoptada después de una audiencia que se desarrolló de manera privada y que se extendió durante dos días.
Como parte de la resolución, la juzgadora ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que el exmando naval continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como penal del Altiplano, en el Estado de México, donde fue ingresado después de su traslado desde Argentina.
La decisión judicial representa un nuevo capítulo en una de las investigaciones de mayor impacto sobre presunta corrupción y contrabando de hidrocarburos dentro de estructuras vinculadas con autoridades marítimas y aduaneras.
La acusación de la Fiscalía General de la República sostiene que Farías Laguna habría formado parte de una estructura criminal dedicada al ingreso irregular de combustibles a territorio mexicano mediante operaciones en distintas aduanas marítimas. La defensa, sin embargo, ha rechazado que existan elementos suficientes para acreditar que el excontralmirante haya pertenecido o encabezado una organización criminal.
Durante la audiencia, los abogados encabezados por Epigmenio Mendieta presentaron peritajes, testimonios y otros actos de investigación con los que buscaron confrontar los datos aportados por el Ministerio Público Federal. La FGR había presentado alrededor de 100 datos de prueba para sustentar su imputación.
La defensa también sostuvo que no existen elementos que relacionen a Farías Laguna con determinadas aduanas a las que, según sus abogados, nunca estuvo adscrito. “No existen datos que puedan involucrar al excontralmirante Fernando Farías Laguna a las aduanas a las que nunca ha pertenecido”, afirmó el abogado Epigmenio Mendieta antes de la audiencia.
El propio Farías Laguna solicitó intervenir ante la jueza y declarar durante la diligencia. Su defensa ha insistido en su inocencia y ha cuestionado la interpretación que la Fiscalía hace de los elementos contenidos en la carpeta de investigación.
La audiencia se realizó a puerta cerrada debido a que la autoridad judicial consideró que el expediente contiene información cuya divulgación podría comprometer aspectos relacionados con la seguridad nacional. La propia FGR solicitó que la diligencia permaneciera reservada.
El caso tiene como antecedente una investigación que comenzó a tomar fuerza en 2025, luego del aseguramiento de un buque en Tamaulipas que transportaba millones de litros de combustible presuntamente introducido de manera irregular al país.
El denominado huachicol fiscal consiste, en términos generales, en introducir combustibles al territorio nacional mediante esquemas de contrabando o subvaluación, con frecuencia declarando el producto como una mercancía distinta para evadir impuestos y controles aduaneros. Una investigación periodística documentó que la estructura bajo investigación habría gestionado el ingreso de al menos 564 millones de litros de combustible en 69 embarcaciones desde 2023, aunque estas cifras corresponden a investigaciones periodísticas y acusaciones que deberán ser acreditadas en los tribunales.
De acuerdo con esa investigación, las operaciones habrían generado ganancias ilícitas estimadas en más de 150 millones de dólares, mientras que el entramado habría utilizado distintas aduanas y empresas para facilitar el movimiento del combustible.
El expediente también tiene una dimensión particularmente sensible porque involucra a integrantes de la Secretaría de Marina. Fernando Farías Laguna es hermano del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien permanece preso y enfrenta un proceso relacionado con la misma investigación. Ambos son señalados por la Fiscalía como integrantes centrales de la estructura investigada.
Los dos marinos son, además, sobrinos políticos del almirante José Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esa relación familiar ha colocado el expediente bajo un intenso escrutinio público, aunque la existencia del parentesco no constituye por sí misma prueba de responsabilidad penal de terceros.
La situación jurídica de Fernando Farías Laguna también estuvo marcada por su salida de México. Después de no presentarse a diversas diligencias judiciales, se emitió una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente fue localizado y detenido en Buenos Aires, Argentina, en abril de 2026, donde permaneció bajo custodia mientras se desarrollaban procedimientos relacionados con su situación migratoria y la solicitud mexicana.
Finalmente, el gobierno argentino optó por su expulsión y Farías Laguna fue trasladado a México. La Fiscalía General de la República informó que, tras su llegada al país, quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requería y posteriormente fue ingresado al penal del Altiplano.
Su regreso a México permitió que finalmente se desarrollara la audiencia inicial en su contra. El pasado 22 de agosto, después de una diligencia que se prolongó durante casi 18 horas, la jueza le impuso prisión preventiva oficiosa. La defensa solicitó entonces la duplicidad del plazo constitucional de 72 a 144 horas para reunir elementos y combatir la acusación de la Fiscalía.
Con la vinculación a proceso dictada este jueves, el caso entra en una nueva etapa. La resolución significa que el proceso penal continuará y que Farías Laguna permanecerá privado de su libertad mientras se desarrollan las investigaciones y las siguientes fases judiciales.
La vinculación a proceso, sin embargo, no equivale a una sentencia condenatoria. La determinación judicial únicamente establece que, en esta etapa preliminar, existen elementos que justifican que el imputado sea sometido a un proceso penal por los hechos que le atribuye la Fiscalía. Su responsabilidad penal deberá determinarse posteriormente mediante las pruebas que sean admitidas y desahogadas ante la autoridad judicial.
El expediente de los hermanos Farías Laguna se ha convertido así en una pieza central de la investigación sobre el llamado huachicol fiscal y sus posibles conexiones con estructuras de gobierno, aduanas, empresas privadas y operadores del comercio de hidrocarburos. El proceso contra Fernando Farías será ahora uno de los puntos clave para determinar hasta dónde llegó la presunta red, quiénes participaron y cuál fue el nivel de responsabilidad de cada uno de los involucrados.
Mientras tanto, el excontralmirante continuará recluido en el Altiplano, a disposición de la autoridad judicial, mientras avanza el proceso penal por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.