*Escrito por Wendy Rayón Garay .
20.05.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Sexto Circuito de San Andrés Cholula, desestimó el amparo solicitado por el exfuncionario Javier N. para trasladar el juicio por violencia familiar contra Cecilia Monzón, a Toluca en el estado de México; por lo que ahora el tribunal dictará una sentencia por este delito, la cual podría ser de 20 años, lo que se sumaría la sentencia por feminicidio, la cual está pendiente y sería por 60 años.
La familia de Cecilia Monzón afirmó que el siguiente paso en el camino a la justicia es que la resolución sea notificada al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, para que el tribunal correspondiente proceda a celebrar una audiencia de conclusiones para determinar la sentencia.
Helena Monzón, hermana de Cecilia, apuntó que:
«La desestimación del amparo es resultado de su plena inadmisión, en primera instancia y posterior revisión. Esto es, la mala fe procesal de la defensa de Javier N. ha sido patente». Es decir, que el amparo fue rechazado por completo por dos niveles del sistema judicial al encontrar la intención de usar el sistema legal de forma deshonesta.
Cabe mencionar que, la defensa de Javier N., acusado, ha intentado varias veces interponer amparos o faltar a las audiencias para retrasar el proceso judicial sobre los dos cargos que se le imputan: el de violencia familiar y el feminicidio de Cecilia Monzón. En este último, la defensa también solicitó declarar a los tribunales del estado de Puebla como «incompetentes» para someterse a los tribunales del estado de México.
De esta manera, la Fiscalía General del Estado de Puebla y la familia de Cecilia Monzón solicitarán una condena de 20 años de prisión para Javier N., la pena máxima por el delito de violencia familiar estipulado en el Código Penal del Estado de Puebla vigente en el momento en que ocurrieron los hechos.
Además, el juicio por feminicidio, del cual se solicitarán 60 años de prisión, continua en etapa de juicio oral, será retomado hoy 19 de mayo de 2025, a tres años de que ocurrió su asesinato. La familia Monzón señaló que:
«Corresponde al Poder Judicial del Estado de Puebla asumir su responsabilidad y actuar sin dilaciones para ofrecer una justicia que por fin sea pronta, rápida y expedita para las mujeres del Estado de Puebla; procediendo a dictar sentencia de forma inmediata en el juicio de violencia familiar y velando porque no haya más dilaciones en el caso de feminicidio» -Familia Monzón.
El feminicidio de Cecilia Monzón no es un hecho aislado y su caso es uno de los más emblemáticos de impunidad en México. Datos del INEGI muestran que en 2021 se registraron 65.5 millones eran mujeres, de las cuales el 39.9 % de las mujeres de 15 años y más que tienen o han tenido una relación de pareja reportó haber experimentado alguna situación de violencia a lo largo de la relación. Este registro alcanza el 43.9% en las mujeres que residen en Puebla.
Además, durante 2024 se contabilizaron 767 feminicidios a nivel nacional, según el informe ‘Información sobre violencia contra las mujeres Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1’ del Secretariado Ejecutivo. Siendo que, Puebla se colocó en el séptimo lugar con 42 número de feminicidios el año pasado; por lo que, no se puedo ignorar el contexto de violencia contra las mujeres a nivel nacional y estatal.
Cecilia Monzón, un recuento de su feminicidio
Cecilia Monzón fue una abogada feminista con especialidad en Derecho Penal y maestría en Sistema Penal Acusatorio. Participó en Mujeres Líderes de las Américas y en el Primer Parlamento de Mujeres en Puebla.
Mientras ayudaba a otras mujeres en sus procesos penales, también impulsó la creación de un registro estatal de deudores alimentarios y la modificación del Código Penal de Puebla para que se persiga el delito de abandono y para retirar la patria protestad a quienes incumplan con la pensión alimentaria de sus hijas e hijos.
Anteriormente, mantuvo una relación con el exfuncionario Javier N., extitular de la Secretaría de Gobernación en el sexenio del gobernador Marín Torres y el padre de su hijo, a quien más tarde denunció por la pensión alimenticia, la cual era condicionada para que Cecilia hablara bien de él con los medios de comunicación porque se encontraba buscando la gobernatura del estado.
En 2022, Cecilia Monzón fue víctima de violencia feminicida por dos sujetos a bordo de una motocicleta, siendo los autores materiales, cuando ella conducía sobre el periférico ecológico en Cholula Puebla. No obstante, quedó claro que el autor intelectual fue Javier N. al solicitar a su sobrino contratar a sicarios para quitarle la vida a la activista, según la investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP).
Tras los hechos, la custodia del menor fue otorgada a la familia Monzón y desde ese momento, su hermana Helena, feminista y defensora inició un largo proceso para pedir justicia por Cecilia. En junio de 2022, Javier N. y Santiago N., uno de los autores materiales, fueron detenidos, pero un mes después, el segundo fue liberado porque se acreditó que no tuvo relación con los hechos.
Cecilia Monzón es una figura clave en la lucha por los derechos de las mujeres. Como una forma de resignificar a las mujeres víctimas de la violencia, la iniciativa Ley Monzón busca proteger las infancias de los posibles padres feminicidas al quitarles la patria potestad a través de una sentencia. Por ello, en 2023 el Congreso de Puebla fue el primer estado en aprobarla, de esta manera se modificó su Código Penal y Civil.
De esta manera, ninguna infancia o adolescencia será opuesta en situación de vulnerabilidad emocional y física al seguir en contacto con alguien que ejerció el acto más violento en contra de su madre, es decir el feminicidio. Asimismo, se dará una pena de 8 años a los funcionarios que intervengan en la investigación y 10 años de inhabilitación.
Actualmente, son pocos los estados donde está aprobada la Ley Monzón como Puebla, Aguascalientes, Sinaloa, Ciudad de México y Colima. En 2023, senadoras y senadores de la Comisión de Gobernación del Senado exhortaron a 24 Congresos estatales a reformar su legislación local para aprobar la ley, los cuales son:
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.