* La pregunta en el aire es si procede la destitución de la Gobernadora Layda Sansores en Campeche.
19.07.2023 México.- Layda Sansores, la gobernadora de Campeche, se encuentra en una situación complicada, ya que existe la posibilidad de ser destituida de su cargo debido a su involucramiento en un claro caso de violencia política de género.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha confirmado, por mayoría de votos, que Sansores cometió violencia política de género contra un grupo de legisladoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la transmisión de uno de sus programas transmitidos por plataformas dogitales, conocido como “Martes de Jaguar”.
El TEPJF ha ordenado que Layda Sansores sea inscrita en el Registro de Sujetos Sancionados por Violencia Política de Género (VPG). Anteriormente, se había determinado un período de sanción de cuatro años y seis meses, pero la Sala Superior consideró que la temporalidad no fue adecuadamente evaluada que ra de casi 4 años.
Según la autoridad, no se tomó en cuenta aspectos fundamentales, como el contexto en el que se cometió la conducta infractora, el tipo de violencia ejercida, la sistematicidad y el grado de afectación que falló, así como la intencionalidad de dicha conducta.
El incidente que desencadenó la acusación ocurrió en mayo, cuando Layda Sansores sugirió durante la transmisión de su programa “Martes de Jaguar” que las diputadas del PRI podrían enviar fotografías a su dirigente nacional para acceder a cargos políticos. Las legisladoras del PRI presentaron una queja ante el Tribunal Electoral, argumentando que estas expresiones de la gobernadora excedían la libre expresión y constituían un claro caso de violencia política de género.
El magistrado ponente, Luis Espíndola, especificó que Sansores incurrió en violencia verbal, digital, psicológica y sexual, lo que representó no solo una infracción, sino también una afectación a los derechos de las afectadas.
La resolución del TEPJF ha generado un debate sobre los próximos pasos a seguir. La gobernadora Layda Sansores tendrá que tomar un curso en materia de violencia de género contra las mujeres, especialmente de cara al proceso electoral federal de 2024, para evitar la reproducción de este tipo de conductas infractoras.
A partir de la resolución del TEPJF, se abre la posibilidad de aplicar la Ley 3 de 3 contra la violencia. Las legisladoras afectaron podrían solicitar que Sansores sea sancionada con base en esta ley, lo que podría tener serias consecuencias para su permanencia en el cargo que obtuvo a través de la voluntad popular. La decisión final estará en manos de las víctimas y de las autoridades correspondientes.
Por otro lado, diversos sectores de la sociedad han saludado este fallo del TEPJF, independientemente del género de la agresora. Se considera que esta resolución establece un precedente importante en la lucha contra la violencia política de género, ya que sienta un claro mensaje de que cualquier político o política que utilice el cuerpo de las mujeres o su intimidad para denigrarlas enfrentará consecuencias legales y sociales.
Organizaciones feministas, colectivas y activistas han destacado la relevancia de esta decisión, ya que buscan proteger los derechos de las mujeres en el ámbito político y garantizar un ambiente libre de violencia de género. Celebran que se está tomando en serio la violencia política contra las mujeres, y esperan que esto genere una mayor conciencia y cambio en la cultura política.
Feministas concluyen que la situación de Layda Sansores como gobernadora de Campeche está en tela de juicio debido a su involucramiento en un caso de violencia política de género y dependerá de las víctimas si interponen una denuncia para que la agresora deje el cargo.
La resolución del TEPJF ha ordenado que sea inscrita en el Registro de Sujetos Sancionados por Violencia Política de Género, y su futuro político depende ahora de las acciones que tomen las víctimas y las autoridades.
El fallo ha sido bien recibido por organizaciones y colectivas feministas, ya que representa un importante avance en la lucha contra la violencia política de género y busca garantizar un ambiente político libre de violencia y discriminación hacia las mujeres.
