*Yamiri Rodríguez Madrid .
Nadie duda de la formación académica de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rosalba Hernández Hernández, ni de que conoce al derecho y al revés cómo funciona el poder judicial; sin embargo, su falta de pericia política podría llevarla derechito a la boca del lobo.
Su equipo es más que elocuente y le pongo unos cuantos ejemplos. Alfredo Niño Flores. Ex presidente del PRI en Xalapa, regidor y diputado local en la LXI legislatura; ex administrador del CDE del PRI y operador durante el sexenio de Javier Duarte, hoy es su asesor. Lo que más llama la atención es que dicen que su nombre también aparece en contratos controvertidos de la empresa Urbanizadora y Constructora CAFX S.A. de C.V., señalada por presuntos desvíos de recursos de la Comisión Indígena.
Otro caso es el de Eduardo Ignacio Lagos Rodríguez, quien enfrenta acusaciones por presunto acoso laboral a una proyectista de la Tercera Sala Penal, además de supuestos señalamientos de hostigamiento contra una jueza en el norte del estado.
Un tercer ejemplo es el de Jesús Roberto Cabrera Martínez, quien se dice ahijado político del diputado local priista, Héctor Yunes Landa. De ser ciertos los presuntos señalamientos, contaminarían la imagen y el prestigio político que apenas intenta construir Rosalba Hernández.
Estos nombres no son menores. Representan un frente de oposición enquistado en la administración de justicia, disfrazado de neutralidad institucional, pero con claras motivaciones políticas. Hace presumir un frente orquestado contra Veracruz desde la cúpula judicial.
Recién llegada a dicho cargo, no puede darse el lujo de que se diga que el Tribunal Superior de Justicia se presta como plataforma de revancha política, porque lo que debería ser un contrapeso institucional y garante de imparcialidad, podría convertirse en un espacio para las negociaciones en lo oscurito y los pagos de favores entre grupos que nada tienen que ver con los intereses del pueblo veracruzano.
Y ojo: mientras desde el gobierno estatal se apuesta por la coordinación institucional y la cercanía con la ciudadanía, la presidencia del TSJ no puede permitirse que se crea que se tejen alianzas con personajes que representan lo más rancio del pasado político priista.
Si algo queda claro con esta revelación es que la justicia en Veracruz enfrenta un nuevo reto: librarse de los intereses oscuros que pretenden convertirla en moneda de cambio. Y la sociedad veracruzana tiene derecho a exigirlo.
@YamiriRodriguez
