*En Honduras, los recuentos han sido solicitados por partidos o candidatos, y validados por el CNE, no por el gobierno central.
10.01.2026., EE UU-Tegucigalpa.— La tensión política entre Estados Unidos y Honduras escaló este fin de semana tras el encontronazo entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la mandataria hondureña, Xiomara Castro.
El origen del conflicto se encuentra en los pronunciamientos públicos de Trump, quien advirtió a Castro sobre las consecuencias de su postura frente al proceso electoral hondureño y la defensa del recuento de votos. El mandatario norteamericano señaló que la insistencia de la presidenta en cuestionar los resultados podría “desestabilizar la relación bilateral” y afectar la cooperación en materia de seguridad y comercio.
La advertencia de Trump se produjo después de que la presidenta hondureña sancionara el Decreto Legislativo No. 58-2025, que ordena al Consejo Nacional Electoral realizar el conteo de todas las actas de las elecciones celebradas el 30 de noviembre.
Según Castro, el objetivo es garantizar transparencia y despejar dudas sobre un proceso marcado por denuncias de fraude y por la influencia que, asegura, ejerció Trump al manifestar públicamente su apoyo al candidato Nasry Asfura. }
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“Los pronunciamientos del presidente de Estados Unidos influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron directamente a nuestra candidata”, declaró la mandataria en un mensaje difundido en la red social X.
La respuesta de Xiomara Castro fue contundente. La presidenta acusó al líder estadounidense de injerencia y lo invitó a sostener un diálogo directo y franco sobre el futuro democrático de Honduras. “Señor Presidente Donald J. Trump: le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras”, expresó en su comunicado, en el que además defendió la soberanía de su país y la necesidad de que los resultados reflejen la voluntad popular.
Castro subrayó que su decisión de ordenar el recuento de votos responde a la exigencia ciudadana de transparencia y a la obligación constitucional de garantizar elecciones limpias.
El tema del recuento de votos en Honduras bajo el mandato de Xiomara Castro es complejo y depende de la interpretación de la normativa electoral vigente.
En principio, la Ley Electoral de Honduras establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es la única autoridad competente para organizar, supervisar y validar los procesos electorales, incluyendo el escrutinio y cualquier recuento de votos. Un recuento puede ser ordenado por el CNE en casos de inconsistencias, denuncias de fraude o cuando existan actas con irregularidades.
Si la presidenta Xiomara Castro impulsa un recuento directamente mediante decreto o decisión política, sin pasar por los mecanismos previstos en la ley electoral, podría ser cuestionado como una medida fuera de la normativa. En ese caso, la oposición y actores internacionales podrían argumentar que se trata de una injerencia del Poder Ejecutivo en funciones que corresponden exclusivamente al órgano electoral.
Por otro lado, si el recuento se realiza a través del CNE y con base en las disposiciones legales, no sería ilegal, sino un procedimiento extraordinario dentro de la institucionalidad. La clave está en si el decreto presidencial se limita a instruir al CNE para que actúe conforme a la ley, o si sustituye sus funciones.
El antecedente de este enfrentamiento se remonta a diciembre de 2025, cuando el gobierno de Honduras denunció ante la ONU, la OEA y la Celac la injerencia de Trump en los comicios.
En varias ocasiones, el presidente estadounidense expresó su respaldo a Nasry Asfura, lo que fue interpretado en Tegucigalpa como un intento de influir en el resultado electoral. La polémica se intensificó tras las elecciones de noviembre, en las que las denuncias de irregularidades y la falta de claridad en el conteo generaron un clima de incertidumbre política.
