*En medio de crisis por cierre parcial del gobierno
21.03.2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar la confrontación política en Washington al advertir que podría enviar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a los aeropuertos del país si los demócratas no aprueban un acuerdo de financiamiento para la seguridad nacional.
La declaración, difundida a través de su red Truth Social, ha provocado cuestionamientos tanto en el ámbito político como entre especialistas en seguridad aérea
“Si los demócratas de la izquierda radical no firman de inmediato un acuerdo para permitir que nuestro país, en particular nuestros aeropuertos, vuelvan a ser libres y seguros, trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes de ICE a los aeropuertos, donde harán la seguridad como nadie la ha visto antes…” escribió el mandatario, en un mensaje que refleja la tensión creciente entre la Casa Blanca y el Congreso.
La amenaza se da en el contexto de un cierre parcial del gobierno federal que ya supera un mes y que ha afectado directamente al funcionamiento de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), organismo encargado de la vigilancia en aeropuertos. Miles de agentes de la TSA han dejado de recibir su salario, lo que ha derivado en ausencias laborales, renuncias y largas filas en terminales aéreas de todo el país.
Ante este escenario, Trump plantea sustituir o reforzar las funciones de seguridad aeroportuaria con personal de ICE, una agencia cuya misión principal es la aplicación de leyes migratorias y no el control de pasajeros en vuelos comerciales.
Expertos advierten que esta medida no solo implicaría retos logísticos, sino también legales, ya que ICE no está entrenado ni autorizado para asumir plenamente las tareas que realiza la TSA.
El conflicto político que origina esta situación gira en torno al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual dependen tanto la TSA como ICE.
Legisladores demócratas han bloqueado repetidamente propuestas presupuestarias impulsadas por la administración Trump, exigiendo cambios en las políticas migratorias y en las prácticas de detención y deportación.
Además del impacto operativo en aeropuertos, la propuesta ha generado preocupación entre organizaciones civiles. Grupos defensores de derechos humanos han cuestionado el posible uso de agentes migratorios en espacios donde millones de ciudadanos y residentes legales transitan diariamente, señalando riesgos de perfilamiento racial y detenciones arbitrarias.
El propio Trump ha señalado que, de concretarse el despliegue, los agentes realizarían arrestos inmediatos de inmigrantes en situación irregular, con especial énfasis en ciertos grupos, lo que ha intensificado la polémica política y social.
La medida también se da en un contexto más amplio de endurecimiento de la política migratoria en el segundo mandato del republicano, caracterizado por operativos masivos, protestas en diversas ciudades y episodios de violencia que han puesto a ICE en el centro del debate público en Estados Unidos.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste en los aeropuertos, donde la escasez de personal y el estancamiento político amenazan con agravar las afectaciones a millones de viajeros.
Sin un acuerdo inmediato en el Congreso, la posibilidad de que agentes migratorios asuman funciones de seguridad aérea deja entrever un escenario inédito que podría redefinir los límites entre control migratorio y seguridad nacional en Estados Unidos.
