*Organizaciones pro derechos humanos han condenado la medida.
29.01.2025. Washington, EEUU.- El presidente Donald Trump ha anunciado que firmó una orden ejecutiva para transformar el centro de detención estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, en un centro de detención para al menos 30 mil inmigrantes indocumentados.
“Hoy también firme una orden ejecutiva para ordenar a los Departamentos de Defensa y Seguridad Nacional que comiencen a preparar la instalación para 30.000 inmigrantes en la Bahía de Guantánamo. La mayoría de la gente ni siquiera sabe de su existencia”, sostuvo Trump.
Este miércoles, el presidente republicano firmó su primera pieza legislativa importante, la Ley Laken Riley que establece la detención automática de migrantes en situación irregular acusados de algunos delitos, incluido delitos menores como el robo.
Es decir las autoridades podrán detener a cualquier migrante que haya cometido “robo, hurto, robo en tiendas o asalto a un agente de la ley, o cualquier delito que resulte en muerte o lesiones corporales graves a otra persona”.
Los congresistas demócratas han denunciado el coste exorbitante de la ley. Barajan la cifra de 83 mil millones de dólares en los tres primeros años.
“Esta legislación no garantizará ni mejorará la seguridad pública y, cuando se combina con las políticas de aplicación miopes y caóticas del presidente, no ofrece ninguna solución política sustancial que tenga algún efecto positivo mensurable”, afirmó Kelli Stump, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA) cuando fue adoptada por el Congreso.
Trump ha acelerado en 10 días el cumplimiento de la promesa de campaña para el segundo mandato de liderar una campaña de “deportación masiva” dirigida a los casi 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Muchos de ellos llevan décadas en el país y son pilares para sus familias y comunidades.
La Ley Laken Riley coincidió con el impulso de la administración Trump para expulsar a la mayor cantidad posible de personas indocumentadas.
Según las disposiciones de la ley, el Departamento de Seguridad Nacional está obligado a detener a los extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que son arrestados o acusados de robo, hurto, hurto o hurto en tiendas. Esas personas pueden ser objeto de deportación, independientemente de si han sido condenadas por un delito o no.
