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07.11.2026 EUA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyó este sábado 7 de noviembre al Departamento de Justicia para que investigue a legisladores demócratas, a quienes acusa de amenazar con procesos de destitución y otras sanciones a integrantes de su administración y a simpatizantes republicanos. El anuncio profundiza el enfrentamiento entre la Casa Blanca y la oposición, que tras ganar las elecciones legislativas de medio término tendrá el control de ambas cámaras del Congreso a partir de enero de 2027.
La orden fue difundida por Trump a través de su plataforma Truth Social, donde calificó como un acto criminal las advertencias de los demócratas sobre posibles investigaciones y responsabilidades legales contra funcionarios del gobierno. El mandatario sostuvo que sus adversarios están intimidando a personas que, según él, no han cometido ninguna conducta que justifique un juicio político.
Sin embargo, Trump no presentó pruebas de que las comunicaciones de los legisladores constituyan amenazas delictivas ni identificó una conducta concreta que permita establecer la existencia de un delito. Su instrucción se refiere a declaraciones y cartas mediante las cuales los demócratas han anunciado que ejercerán sus facultades de supervisión parlamentaria cuando asuman el control del Congreso.
El presidente también acusó a sus opositores de amenazar con encarcelamiento a donantes republicanos por sus vínculos políticos y cuestionó que pretendan someter a integrantes de su gobierno a procedimientos de destitución.
La controversia adquiere relevancia porque los demócratas obtuvieron una victoria contundente en los comicios del 3 de noviembre, revirtieron la mayoría republicana y consiguieron el control de la Cámara de Representantes y el Senado. De acuerdo con las proyecciones difundidas por medios estadounidenses, tendrán al menos 54 escaños en la Cámara alta y alrededor de 256 en la Cámara baja, aunque al cierre del conteo todavía quedaban contiendas sin definir.
La nueva mayoría podrá modificar la agenda legislativa, encabezar los comités de investigación y exigir explicaciones a funcionarios de la administración Trump. No obstante, los resultados electorales no les otorgan facultades para destituir directamente al presidente o a los integrantes de su gabinete.
El detonante de la reacción presidencial fueron las declaraciones de legisladores que anticiparon investigaciones sobre posibles conflictos de interés, enriquecimiento personal y uso de recursos públicos durante el segundo mandato de Trump.
Entre los asuntos que la oposición pretende revisar se encuentran los negocios de la familia presidencial, las operaciones inmobiliarias y de criptomonedas relacionadas con sus allegados, las donaciones de empresas tecnológicas para la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca y las actuaciones de las autoridades migratorias.
El representante demócrata Robert Garcia, quien se perfila para presidir el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, adelantó que buscará investigar posibles abusos dentro del gobierno. Entre los funcionarios que podrían quedar bajo escrutinio mencionó a Stephen Miller, Kristi Noem y Corey Lewandowski, además de integrantes de la familia Trump.
Garcia también advirtió que los funcionarios relacionados con posibles irregularidades deberían buscar asesoría jurídica. Su postura anticipa una etapa de mayor vigilancia parlamentaria sobre las decisiones del Ejecutivo.
La supervisión del Congreso incluye facultades para solicitar documentos, citar a funcionarios y realizar audiencias públicas. Estas atribuciones forman parte del sistema de controles entre los poderes estadounidenses y no constituyen, por sí mismas, amenazas criminales.
Elissa Slotkin, señalada directamente por Trump
En su mensaje, el presidente mencionó particularmente a la senadora demócrata Elissa Slotkin, representante de Michigan y exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quien defendió la necesidad de investigar a quienes hayan facilitado decisiones gubernamentales presuntamente contrarias a la ley.
Durante una intervención en la Universidad de Chicago, el pasado 13 de octubre, Slotkin planteó que los jóvenes interesados en incorporarse a la administración federal deberían considerar las posibles consecuencias profesionales y legales de participar en decisiones que posteriormente pudieran ser investigadas.
La senadora explicó que buscaba generar un efecto disuasorio para evitar que funcionarios colaboraran con acciones ilegales. Sus declaraciones fueron cuestionadas por republicanos, entre ellos el senador Mike Lee, quien las interpretó como una advertencia dirigida a jóvenes que simpatizan con ese partido.
Slotkin rechazó esa interpretación y defendió que cualquier persona que infrinja la ley o utilice dinero de los contribuyentes para obtener beneficios particulares debe responder por sus actos.
La legisladora ya había enfrentado una investigación del Departamento de Justicia junto con otros cinco representantes demócratas que participaron en un video dirigido a integrantes de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia. En la grabación les recordaron su obligación de rechazar órdenes ilegales, incluso cuando procedan de sus superiores.
El caso llegó a un gran jurado federal, que en febrero de 2026 se negó a presentar acusaciones contra los legisladores. La decisión representó un revés para los intentos de procesarlos por ese pronunciamiento.
La disputa por el control del Congreso
La orden presidencial se produce en un momento especialmente complicado para Trump, quien enfrentará los dos últimos años de su mandato con una mayoría demócrata en ambas cámaras legislativas.
Los resultados de las elecciones intermedias representan un cambio significativo en el equilibrio político de Washington. Además de las investigaciones anunciadas, los demócratas podrán bloquear iniciativas, condicionar la aprobación de proyectos y ejercer mayor presión sobre los nombramientos y las decisiones presupuestarias del gobierno.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, anticipó que su partido utilizará las herramientas legislativas y judiciales para cuestionar las actuaciones presidenciales que considere contrarias a la ley.
Por su parte, la Casa Blanca ha advertido que las investigaciones anunciadas podrían convertirse en procedimientos motivados por intereses partidistas y no por la búsqueda de responsabilidades.
El Departamento de Justicia, encabezado por el fiscal general Todd Blanche, no había emitido hasta el momento una explicación pública sobre el alcance de la instrucción presidencial ni informado de la apertura formal de una investigación derivada de ella.
El enfrentamiento plantea interrogantes sobre la independencia de las instituciones encargadas de investigar posibles delitos y los límites entre la supervisión legislativa y la persecución política. Mientras Trump sostiene que los demócratas pretenden intimidar a su equipo, la oposición argumenta que ejercerá facultades constitucionales para revisar las decisiones del Ejecutivo.
La nueva mayoría legislativa comenzará a operar en enero de 2027, cuando se instalará un Congreso que podría convertir las investigaciones sobre la administración republicana en uno de los principales escenarios de confrontación política en Estados Unidos.
Fuentes consultadas: Reuters, Associated Press, CBS News y The Washington Post, con información publicada el 7 de noviembre de 2026.