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Washington., EUA. -El presidente Donald Trump reunió este martes en la Casa Blanca a algunos de los principales ejecutivos de la industria tecnológica y de inteligencia artificial, en un encuentro marcado por una discusión central: cómo acelerar el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados sin establecer, por ahora, un régimen obligatorio de regulación federal.
La reunión terminó con la firma de un acuerdo voluntario mediante el cual varias de las mayores compañías del sector se comprometieron a reforzar sus controles internos, someterse a revisiones externas y establecer mecanismos de supervisión sobre los sistemas de inteligencia artificial más avanzados. Trump describió el documento como una especie de “constitución” para la industria y sostuvo que las empresas deberán ejercer una vigilancia sobre sí mismas.
Al encuentro acudieron figuras de enorme peso dentro de la industria tecnológica, entre ellas Mark Zuckerberg, de Meta; Sundar Pichai, de Google; Jensen Huang, de Nvidia; Dario Amodei, de Anthropic; Greg Brockman, de OpenAI; Elon Musk, de xAI; Jeff Bezos, de Amazon, y representantes de Palantir, además de integrantes del gabinete de Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.
El resultado más concreto fue el llamado “White House Accord on Superintelligence: A Joint Commitment on Frontier SI Responsibilities”, un documento que establece compromisos para que las empresas adopten varias capas de controles y auditorías sobre sus sistemas de frontera. El acuerdo no constituye una ley federal ni crea, por ahora, obligaciones jurídicas equivalentes a una regulación gubernamental.
La propuesta contempla que las compañías mantengan mecanismos internos para identificar riesgos durante el entrenamiento y desarrollo de sus modelos. También plantea una segunda revisión dentro de cada empresa, seguida de evaluaciones realizadas por auditores externos independientes y, finalmente, una supervisión por parte de órganos de gobierno corporativo que deberán revisar los resultados de esas auditorías.
El acuerdo deja abierta la posibilidad de que algunas de estas medidas sean incorporadas posteriormente a leyes o regulaciones, pero el compromiso anunciado este martes depende inicialmente de la participación voluntaria de las propias empresas. Mike Johnson insistió en que se trata de principios y estándares que deberán guiar a la industria, aunque no anunció una legislación inmediata para convertirlos en obligaciones exigibles.
Trump, por su parte, defendió abiertamente el modelo de autorregulación. Cuando se le preguntó por qué las empresas deberían ser responsables de vigilar su propia actividad, respondió que se trata de compañías dirigidas por personas que considera excepcionales. El presidente también dijo que estaba observando un proceso de “self-policing”, es decir, de vigilancia interna de la propia industria.
Cuando se le cuestionó si el acuerdo tendría carácter obligatorio, Trump lo definió como “moralmente” vinculante. Esa distinción es relevante porque el documento firmado no equivale a una legislación aprobada por el Congreso y no establece, de acuerdo con los reportes disponibles, un mecanismo federal de sanciones para las empresas que no cumplan con sus compromisos.
Durante el encuentro también apareció la posibilidad de crear un grupo de aproximadamente diez personas para supervisar el desarrollo de esta tecnología. Trump habló de formar un comité que pudiera incluir a integrantes de la propia industria y que tuviera como función observar el conjunto del sector. Hasta este martes no estaban definidos públicamente todos sus integrantes ni las facultades concretas que tendría.
El debate ocurre en un momento particularmente delicado para la industria. En las últimas semanas han aumentado las advertencias relacionadas con modelos capaces de realizar tareas cada vez más complejas, incluidos incidentes vinculados con accesos no autorizados a sistemas durante pruebas de seguridad. Paralelamente, algunos desarrolladores y legisladores han comenzado a discutir la necesidad de establecer controles antes de que determinados modelos sean puestos a disposición del público.
Precisamente esa discusión quedó expuesta en Washington este mismo martes. Mientras Trump y los empresarios defendían un esquema voluntario, en el Senado se debatía una propuesta para establecer un Consejo de Seguridad de la IA con facultades regulatorias y estándares obligatorios para los desarrolladores de modelos de frontera.
La propuesta impulsada por el senador demócrata Mark Warner contemplaba que determinados desarrolladores proporcionaran acceso anticipado a nuevos modelos y notificaran incidentes de seguridad. Sin embargo, la iniciativa no avanzó mediante consentimiento unánime después de que el senador republicano Ted Cruz objetara la solicitud.
El contraste refleja uno de los principales dilemas que enfrenta Estados Unidos: cómo mantener el ritmo de inversión y desarrollo de la inteligencia artificial mientras aumentan las preocupaciones sobre seguridad, ciberataques, control de sistemas autónomos y posibles usos indebidos.
Trump dejó claro que no pretende frenar el crecimiento de la industria mediante regulaciones que, a su juicio, puedan reducir la ventaja tecnológica estadounidense. La Casa Blanca ha presentado desde meses atrás la competencia en inteligencia artificial como un asunto de importancia económica y estratégica, particularmente frente a China. Su administración sostiene que Estados Unidos debe conservar el liderazgo tecnológico y evitar medidas que reduzcan la capacidad de innovación de sus empresas.
La cuestión china estuvo nuevamente presente en el discurso presidencial. Trump ha insistido en que la competencia por las tecnologías más avanzadas tiene una dimensión geopolítica y que Washington no debería compartir determinados desarrollos sensibles con Beijing. En declaraciones realizadas este martes, sostuvo que Estados Unidos lleva ventaja y que su prioridad es conservarla.
La Casa Blanca ha utilizado incluso una nueva terminología para referirse a la tecnología. Trump anunció que su administración utilizará el concepto “superintelligence” o “SI” en lugar de “artificial intelligence” en determinadas comunicaciones oficiales, argumentando que los sistemas en desarrollo representan capacidades mucho mayores que las asociadas tradicionalmente con el término inteligencia artificial.
La decisión forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para colocar a Estados Unidos al frente de la carrera tecnológica. La Casa Blanca sostiene que el país ha atraído inversiones privadas por más de 2.7 billones de dólares en tecnología e inteligencia artificial y que la infraestructura necesaria para desarrollar estos sistemas se ha convertido en una prioridad económica nacional.
Los centros de datos ocuparon otro espacio importante en la conversación. Las principales empresas tecnológicas están realizando inversiones de cientos de miles de millones de dólares para ampliar la capacidad informática necesaria para entrenar y operar modelos avanzados. Pero esos proyectos han generado oposición en distintas comunidades estadounidenses debido a su enorme consumo de electricidad, agua y otros recursos.
Trump defendió la expansión de esa infraestructura y señaló que las empresas deben generar beneficios para las comunidades donde se instalen los centros de datos. El tema es particularmente relevante porque el crecimiento de la inteligencia artificial depende de una infraestructura energética y computacional cada vez mayor.
El encuentro también estuvo relacionado con el intento de la administración estadounidense de incorporar inteligencia artificial a los servicios públicos. Ese mismo día, Trump presentó America.gov, una plataforma diseñada para facilitar el acceso de los ciudadanos a servicios e información gubernamental mediante tecnología de inteligencia artificial. El presidente afirmó que el sistema fue desarrollado con mecanismos destinados a proteger la privacidad de los usuarios y evitar el almacenamiento de sus conversaciones.
Trump presentó la plataforma como un ejemplo de lo que, según su administración, puede conseguirse cuando el gobierno incorpora herramientas desarrolladas por el sector tecnológico. También vinculó ese proyecto con su apuesta más amplia por la “superinteligencia” y por la transformación digital de las instituciones federales.
Mark Zuckerberg expresó públicamente su respaldo al acuerdo después de la comida en la Casa Blanca. El director de Meta señaló que el documento representa un punto de partida común para la industria y destacó la incorporación de distintos niveles de auditoría y controles internos.
El encuentro, sin embargo, no resolvió la disputa sobre cuál debe ser el papel del gobierno. La fórmula acordada privilegia por ahora la responsabilidad directa de las compañías y la supervisión mediante auditorías, mientras en el Congreso existen legisladores que consideran necesario establecer estándares obligatorios.
La diferencia no es menor. Un sistema voluntario permite que las empresas adopten mecanismos de seguridad con mayor flexibilidad y evita, al menos inicialmente, crear nuevas barreras regulatorias para una industria que avanza a gran velocidad. Al mismo tiempo, sus críticos cuestionan que las compañías sean las encargadas de definir buena parte de sus propios controles y de determinar cómo se realizan las evaluaciones externas. El propio acuerdo contempla la posibilidad de que algunas de sus disposiciones sean convertidas en normas legales en el futuro.
Así, la reunión de este 29 de septiembre no terminó con una nueva ley federal sobre inteligencia artificial, sino con un compromiso político y empresarial para establecer mecanismos de vigilancia dentro de las propias compañías. El resultado coloca nuevamente en el centro del debate la tensión entre innovación, seguridad y regulación.
Para Trump, la prioridad sigue siendo mantener el liderazgo estadounidense frente a China y evitar que la regulación frene una tecnología que considera de dimensiones históricas. Para los legisladores que impulsan controles obligatorios, en cambio, el desafío consiste en garantizar que los mecanismos de seguridad no dependan únicamente de la voluntad de las empresas.
La reunión dejó, por tanto, un acuerdo de autorregulación y varias preguntas abiertas: quién supervisará realmente a las compañías, qué ocurrirá cuando una empresa no cumpla sus compromisos, qué información de las auditorías llegará al público y en qué momento Washington podría transformar estos principios voluntarios en obligaciones legales.
Esas respuestas serán determinantes para definir cómo Estados Unidos pretende gobernar una tecnología que ya dejó de ser solamente una herramienta empresarial y que se ha convertido en un asunto de infraestructura, seguridad nacional, economía y competencia internacional.