*Crecen las alertas por censura oficial en EU.
18.09.2025 Washington, D.C.- En medio de crecientes tensiones entre el gobierno federal y medios de comunicación, el presidente Donald Trump volvió a encender el debate sobre la libertad de expresión al sugerir que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) debería considerar revocar las licencias de transmisión a cadenas televisivas que, según él, “solo le dan mala prensa”.
Durante una conversación con reporteros a bordo del Air Force One, Trump afirmó que el 97% de los medios lo retratan negativamente y que, por ello, “quizá deberían perder sus licencias”. La declaración se dio en el contexto de la suspensión indefinida del programa nocturno *Jimmy Kimmel Live!* por parte de la cadena ABC, luego de que el comediante hiciera comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
La suspensión del programa ocurrió pocas horas después de que Brendan Carr, presidente de la FCC y aliado cercano de Trump, advirtiera públicamente que ABC podría enfrentar consecuencias regulatorias si no tomaba medidas contra Kimmel. Carr declaró en una entrevista que “las cadenas tienen una licencia otorgada por nosotros, y eso implica operar en función del interés público”, sugiriendo que el contenido del comediante no cumplía con ese estándar.
Carr incluso lanzó una advertencia directa: “Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Estas compañías pueden cambiar su conducta o habrá trabajo adicional para la FCC”. Tras sus declaraciones, Nexstar Media Group —propietaria de varias estaciones afiliadas a ABC— anunció que dejaría de transmitir el programa, y la cadena confirmó su suspensión indefinida.
La polémica escaló el miércoles 17 de septiembre, cuando ABC oficializó la salida de Kimmel del aire. Ese mismo día, Trump celebró la decisión en su red Truth Social, calificándola como “valiente” y afirmando que el comediante fue retirado por “malos ratings” y por “decir cosas horribles sobre un gran caballero”.
Reacciones y preocupaciones institucionales
Diversos sectores políticos y académicos han expresado preocupación por lo que consideran una estrategia de censura indirecta. La única comisionada demócrata de la FCC, Anna Gomez, calificó la suspensión como una “capitulación corporativa cobarde” que pone en riesgo los principios de la Primera Enmienda. Por su parte, el expresidente Barack Obama acusó al gobierno de Trump de “llevar la cultura de la cancelación a un nivel peligroso” mediante amenazas regulatorias contra medios que no se alinean con su narrativa.
Organizaciones como Free Press y la ACLU han denunciado que el uso de la FCC como herramienta de presión política representa una “grave amenaza a la libertad de expresión” y que las empresas mediáticas están cediendo ante demandas ideológicas del Ejecutivo.
Aunque la FCC no tiene autoridad directa para revocar licencias a cadenas nacionales como ABC o NBC —ya que estas operan a través de estaciones afiliadas locales—, los comentarios de Carr y Trump han generado inquietud sobre el uso del aparato regulador para castigar contenidos críticos.
Expertos en derecho constitucional advierten que, aunque no se haya violado formalmente la Primera Enmienda, el patrón de intimidación podría tener efectos disuasivos sobre la prensa independiente.
