*Rocha Moya recupera acceso a cuentas bancarias donde recibe tres pensiones; UIF mantiene bloqueado el resto de sus recursos
13.11.2026.. Ciudad de México.- El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recuperó el acceso a dos cuentas bancarias en las que recibe tres pensiones, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, levantara parcialmente el bloqueo financiero que mantenía sobre sus recursos desde mayo de 2026.
La liberación de las cuentas se efectuó el pasado 5 de noviembre, en cumplimiento de una medida cautelar concedida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia ante la cual el morenista promovió un juicio para impugnar su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.
De acuerdo con la información publicada por el periodista Arturo Ángel en Milenio, la dependencia notificó a las instituciones bancarias la liberación de ambas cuentas mediante el acuerdo UIF 110/K/6246/2026.
La resolución judicial permitió que Rocha Moya volviera a disponer de los recursos correspondientes a sus prestaciones económicas, aunque no significó el levantamiento general de las restricciones financieras impuestas en su contra.
Las dos cuentas tienen como destino el depósito de tres prestaciones distintas. En una de ellas recibe una pensión por viudez otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como otra por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La segunda cuenta corresponde a los pagos de jubilación que recibe de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución en la que desarrolló parte de su trayectoria profesional antes de asumir responsabilidades en la administración pública.
El desbloqueo tiene un alcance limitado: mientras estas cuentas quedaron fuera de la inmovilización, otros recursos e instrumentos financieros relacionados con el patrimonio del exmandatario permanecen sujetos a las restricciones de la autoridad financiera.
La resolución tampoco representa una determinación definitiva sobre la legalidad del bloqueo original ni sobre las investigaciones relacionadas con el exgobernador. El procedimiento jurisdiccional continúa en trámite.
El origen del bloqueo financiero
La inmovilización de los recursos de Rocha Moya comenzó el 18 de mayo de 2026, después de que la UIF confirmó su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas, junto con otros personajes políticamente expuestos de Sinaloa.
La decisión se produjo semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación contra el entonces gobernador y otros nueve políticos y exfuncionarios sinaloenses, a quienes señaló por presuntos vínculos con el narcotráfico.
En aquella ocasión, la UIF explicó que la medida tenía carácter preventivo y estaba relacionada con alertamientos emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano, derivados de los señalamientos difundidos por las autoridades estadounidenses.
La dependencia precisó entonces que la incorporación a la lista no constituía una declaración de culpabilidad ni acreditaba responsabilidad penal. También señaló que las personas afectadas podían ejercer su derecho de audiencia y recurrir a los mecanismos administrativos y jurisdiccionales establecidos en la legislación mexicana.
Rocha Moya primero intentó conseguir su exclusión de la lista mediante un procedimiento administrativo ante la propia UIF. Sin embargo, el 4 de agosto recibió una respuesta desfavorable, por lo que sus representantes legales llevaron el asunto ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Fue en ese proceso donde la Segunda Sala Regional en Sinaloa concedió la suspensión que permitió recuperar el acceso a las dos cuentas destinadas al depósito de sus pensiones.
La medida cautelar no resuelve el fondo de la controversia. Por tanto, la discusión sobre la legalidad de la inclusión de Rocha Moya en la lista de personas bloqueadas sigue abierta.
Los señalamientos de Estados Unidos
El contexto de las restricciones financieras está relacionado con la acusación presentada el 29 de abril de 2026 por el Departamento de Justicia estadounidense contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
La fiscalía estadounidense atribuyó al entonces mandatario presunta colaboración con integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa vinculada con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
Según el expediente presentado en Estados Unidos, Rocha Moya habría participado en una presunta conspiración para facilitar operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, a cambio de beneficios políticos y económicos. Los señalamientos incluyen delitos relacionados con narcóticos y armas de fuego.
El exgobernador ha rechazado las acusaciones en su contra. Hasta ahora, los señalamientos formulados por las autoridades estadounidenses deben distinguirse de una sentencia condenatoria, pues no constituyen por sí mismos una declaración judicial de culpabilidad.
La situación política de Rocha Moya también cambió a raíz de la controversia. El 1 de mayo solicitó licencia para separarse temporalmente de la gubernatura y, después de un breve retorno a sus funciones en agosto, pidió una nueva licencia, aprobada por el Congreso de Sinaloa el 23 de agosto.