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17.10.2026. Chihuahua.- César Gustavo Jáuregui Moreno, quien encabezó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua hasta abril pasado, fue detenido la mañana de este sábado 17 de octubre, en cumplimiento de una orden judicial por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
La investigación está relacionada con el operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la Sierra de El Pinal, donde se reportó la participación de agentes estadounidenses vinculados con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y que derivó en la muerte de dos de ellos en un accidente automovilístico.
La captura ocurrió alrededor de las 10:20 horas, cuando agentes de la Fiscalía General del Estado interceptaron al exfuncionario sobre la avenida La Cantera, en el cruce con Washington, en la ciudad de Chihuahua. Su detención quedó asentada en el Registro Nacional de Detenciones y se produjo un día después de que se emitiera el mandamiento judicial correspondiente a la causa penal 3055/2026.
El caso coloca bajo escrutinio judicial las decisiones tomadas por funcionarios estatales durante una operación antidrogas que escaló hasta convertirse en un conflicto institucional por la presencia de personal extranjero en territorio mexicano y las condiciones en que se habría desarrollado la cooperación en materia de seguridad.
De acuerdo con la información publicada sobre la orden de aprehensión, el juez consideró procedente actuar contra Jáuregui por posibles conductas que afectarían el ejercicio legal de la función pública. La acusación no constituye una declaración de culpabilidad: corresponde a las autoridades ministeriales presentar los datos de prueba y al órgano judicial determinar, conforme al procedimiento penal, si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.
La misma causa incluye a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfuncionario de la Fiscalía estatal especializado en Operaciones Estratégicas. Contra él también se libró una orden de aprehensión, por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades con penalidad agravada. Hasta los reportes disponibles durante la mañana del sábado, no se había confirmado oficialmente su captura.
La detención de Jáuregui ocurre después de meses de cuestionamientos sobre el operativo realizado en la zona serrana de Chihuahua y las responsabilidades de quienes lo autorizaron, organizaron o participaron en él. El asunto involucra dos líneas de investigación que no deben confundirse: la relacionada con el funcionamiento del laboratorio clandestino y sus posibles operadores criminales, y la que busca establecer si servidores públicos permitieron o facilitaron actuaciones de agentes extranjeros sin cumplir los requisitos legales.
El antecedente central se remonta al 17 de abril, cuando autoridades de Chihuahua realizaron acciones para desmantelar un laboratorio clandestino en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara. La operación llamó la atención por la participación de cuatro ciudadanos estadounidenses, señalados posteriormente como presuntos integrantes de la CIA.
Dos días después, el 19 de abril, un vehículo en el que viajaban dos de esos estadounidenses y funcionarios de seguridad de Chihuahua sufrió un accidente. Murieron los agentes estadounidenses Richard Latel Johnson y John Duty Black, así como el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y uno de sus escoltas. El siniestro abrió interrogantes sobre la presencia de personal extranjero en el despliegue y las condiciones en que se desarrolló la operación.
La participación de los estadounidenses detonó una controversia sobre la soberanía nacional y los límites de la colaboración con agencias de inteligencia extranjeras. La legislación mexicana establece mecanismos para regular la actuación de agentes extranjeros en el país, por lo que la investigación busca esclarecer qué autoridades conocían su presencia, bajo qué condiciones intervinieron y si se cumplieron las disposiciones legales correspondientes.
La Fiscalía General de la República abrió indagatorias por posibles delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público. En mayo, la dependencia informó que había realizado más de 120 diligencias y recabado alrededor de 60 entrevistas relacionadas con el caso. Jáuregui compareció ante la autoridad federal el 27 de mayo, aunque entonces fue identificado públicamente como testigo de la investigación.
La investigación estatal que desembocó en la orden de aprehensión contra el exfiscal constituye un procedimiento distinto, aunque vinculado con los mismos acontecimientos. La existencia de ambas indagatorias refleja que el caso no se limita al hallazgo del laboratorio, sino que también abarca la actuación de servidores públicos y las decisiones adoptadas durante el operativo.
El 16 de octubre, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, confirmó que existía una carpeta de investigación relacionada con Jáuregui por los hechos de El Pinal. La mandataria había sostenido anteriormente que hubo actuaciones de funcionarios sin que ella estuviera debidamente informada, mientras que el exfiscal defendió la intervención y negó haber cometido delitos.
La postura de Jáuregui quedó expuesta públicamente dos días antes de su detención. El 15 de octubre sostuvo que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias legales que pudieran derivarse de sus decisiones, pero insistió en que no había cometido ningún delito. También afirmó que volvería a ordenar la intervención contra el laboratorio si tuviera que tomar nuevamente esa decisión.
La captura modifica el escenario judicial y político del exfuncionario, quien había manifestado aspiraciones de competir por la alcaldía de Chihuahua en 2027 bajo las siglas del Partido Acción Nacional. Sin embargo, su eventual participación electoral es un asunto distinto de la causa penal y dependerá de las circunstancias políticas y jurídicas que se presenten.
También permanece pendiente conocer la situación jurídica de Guillermo Arturo Zuany Portillo, incluido en la misma orden judicial. Su eventual comparecencia o detención podría aportar nuevos elementos para reconstruir la cadena de decisiones y responsabilidades dentro de la estructura de seguridad estatal.