Necesariamente Incómoda.
Graciela Machuca Martínez
A 98 años que al director general del periódico Excélsior, Rafael Alducin, exhortó “al pueblo de México” a declarar el 10 de mayo, Día de las Madres, como una estrategia política y económica para descarrilar el movimiento de mujeres que se estaba desarrollando en Yucatán, las mujeres de este país no podemos quitarnos el estereotipo de sumisas y sufridoras por el bien de la familia, a pesar de los pasos agigantados que hemos dado durante los últimos años.
El famoso y rentable Día de las Madres para políticos y empresarios debe ser motivo de reflexión, precisamente, en este mes que todo México se encuentra bajo una emergencia sanitaria para controlar la propagación del coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19, porque debemos visibilizarnos y sacar a la escena pública lo que las sociedades conservadoras han guardado con mucho éxito debajo del tapete.
Es lamentable y retrograda que desde el gobierno federal no se acepte que la mayoría de las agresiones contra niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores se generan en el ámbito doméstico. Es cosa de risa pensar que durante la emergencia sanitaria, cuando todas y todos debemos estar en casa, lo que prevalece es la armonía, la convivencia sana e incluso la tolerancia.
Como un éxito ha sido considerada la campaña en redes sociales que dice: “Este 10 de Mayo yo no chingo a mi madre” aunque debía agregársele, “Tampoco permitiré que me chinguen”, para evitar las visitas con pretexto del Día de las Madres, como una acción preventiva para no propagar el coronavirus, principalmente entre las mujeres que son adultas mayores y contribuir a que no se contagien. Todo por la salud.
Sin embargo, hay muchos otros aspectos en los que están involucradas las mujeres que son madres o no y que este 10 de mayo, hay que sacar a la luz pública.
Posponer la celebración del Día de las Madres para el 10 de junio, como lo ha propuesto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, o posponerlo para un día del mes de octubre próximo, como lo han pedido algunos empresarios, son excelentes acciones para reactivar la economía apenas se concluya con la emergencia sanitaria.
Hay muchos sectores de la población femenil de México que estaban silenciados antes de que se reconociera que el contagio de coronavirus alcanzó el nivel de pandemia.
Esas mujeres son las madres, las hermanas, las hijas, las abuelas, las tías que buscan a sus familiares desaparecidos y que ahora, por estar en cuarentena, no pueden seguir con su dolorosa labor de ir escarbando la tierra con estacas, varillas, palas o con sus propias manos para rescatar restos humanos, porque el Estado mexicano se ha declarado, en los hechos, incompetente para encontrar a esos miles de personas desaparecidas durante la últimas dos décadas.
La situación de esas mujeres que hoy en día no pueden seguir con su búsqueda es motivo suficiente para que el llamado Día de las Madres desapareciera, en solidaridad con quienes esperan que sus hijas o hijos regresen, sino también con quienes, ahora durante la contingencia sanitaria han denunciado la desaparición de algún familiar. Solo basta conocer mes tras mes las cifras de incidencia delictiva que difunde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cada número es una historia de terror e impunidad. Lo irónico del caso es que esos crímenes son cometidos por integrantes del pueblo sabio y bueno.
A esta forma de violencia contra las mujeres se suman las evidencias institucionales que en México se han incrementado los hechos de violencia doméstica, como se lo expusieron el pasado seis de mayo, un grupo de organizaciones civiles al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al plantearles el riesgo de disminuir los presupuestos para evitar la violencia, petición que hasta el momento, no ha tenido una respuesta seria, sino al contrario se ha recrudecido el acoso y la intimidación hacia las mujeres, como ha sucedido recientemente en las conferencias de prensa que se llevan a cabo desde el Palacio Nacional.
Las organizaciones civiles externaron “las incertidumbres que nos provocan las medidas de austeridad publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2020. Consideramos que las medidas de austeridad mencionadas podrían tener implicaciones en los programas orientados a garantizar los derechos humanos de las mujeres, particularmente aquellos destinados a la atención y prevención de las violencias”.
Le recuerdan a la secretaria de Gobernación, que ella sabe, que las violencias contra las mujeres han aumentado durante la “Jornada de Sana Distancia”. “La información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirma que durante el mes de marzo el número telefónico 911 registró 115,614 llamadas de emergencia de mujeres a nivel nacional, cifra que representa un incremento del 22.31% con respecto a febrero. Es decir, en el mes de marzo el 911 recibió en promedio 155 llamadas cada hora diariamente”.
También utilizan las evidencias estadísticas del mismo gobierno, para resaltar que de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “en los primeros tres meses de 2020 fueron asesinadas 960 mujeres y niñas, 240 de estos asesinatos están siendo investigados como feminicidios”.
La violencia contra las mujeres durante el confinamiento a consecuencia de la pandemia, no solo forma parte de los llamados de auxilio de las mujeres mexicanas y de representantes de la sociedad civil organizada, sino directamente del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, quien durante las últimas semanas ha reconocido “un incremento alarmante de las violencias en contra de las mujeres a nivel global, al estar confinadas con parejas abusivas y agresoras. Por eso, enfatizó la importancia de que los Estados cuenten con servicios de atención y recursos adecuados y suficientes para ellas”.
Las mismas organizaciones civiles mexicanas señalaron que desde el 2019, “se ha reducido el presupuesto para programas sociales con enfoque de género, entre los cuales se encuentran el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, el programa Salud materna, sexual y reproductiva, el programa para Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, entre otros”.
Además, la Red Nacional de Refugios AC ha documentado que los 69 espacios de prevención, atención y protección con los que cuenta “se encuentran al 80 o hasta el 100 por ciento de su capacidad y no se cuenta con recursos extraordinarios para que los Refugios hagan frente a la contingencia sanitaria como lo son las Casas de Emergencia que permitirían mitigar la propagación del coronavirus dentro de los Refugios así como las Casas de Transición para aquellas mujeres que al finalizar su proceso no cuentan con opciones de vivienda y ahora menos ante el impacto económico que el COVID-19 representa para las mujeres”.
Preocupa que el 3 de abril, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) publicó que se suspende la entrega del recurso presupuestado en el PEF20202 para las Casas de las Mujeres Indígenas (CAMIS), con el argumento de que “no hay condiciones para los proyectos y para proteger a las beneficiarias”, lo cual es alarmante ya que las violencias contra las mujeres también afectan en las regiones indígenas.
Entre las firmantes de la carta se encuentra Amnistía Internacional, Equis Justicia para Mujeres, Fondo Semillas, Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras, las cuales, le piden al presidente de la República, detallar, qué programas presupuestarios están incluidos en el punto 38 del inciso V, del decreto emitido el 23 de abril 2020.
Exponen que, particularmente, “nos interesa saber si se incluyen programas orientados a la prevención y atención de las violencias contra las mujeres; si cuentan con el presupuesto necesario para seguir su operación durante la contingencia sanitaria, y aún después de ésta, dado que el decreto está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. En caso de que no sea así, informarnos cuáles son las previsiones de recursos extraordinarios para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia durante esta pandemia”.
Asimismo, piden claridad y transparencia sobre el monto y los mecanismos a través de los cuales se van a ejercer los recursos destinados a atender las violencias contra las mujeres durante y después de la contingencia sanitaria.
Otras de las organizaciones firmantes son: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C., Red Nacional de Refugios, A.C., Comunicación e Información de la Mujer A.C., Luchadoras, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
¿Si las mujeres de México no son sujetas de equidad en las políticas públicas, su 10 de Mayo para qué les sirve?
