*IMPRONTA
/ Carlos Miguel Acosta Bravo /
A un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz —dos de los colaboradores más cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada— el balance institucional deja más dudas que certezas. Lo que inicialmente fue presentado como un caso prioritario, de alto impacto político y con atención total del aparato de seguridad y procuración de justicia capitalino, terminó convirtiéndose en un símbolo de las limitaciones estructurales del sistema de investigación criminal en México.
La principal conclusión es inevitable, si un caso con enorme presión mediática, seguimiento político y recursos extraordinarios no logra ofrecer resultados contundentes después de un año, el mensaje para la ciudadanía es profundamente preocupante.
Porque el problema no sólo es la ausencia de detenidos o sentencias. El problema es la percepción creciente de que ni siquiera los casos más sensibles logran romper el muro de impunidad.
Desde el inicio, el doble homicidio representó una prueba crítica para el gobierno capitalino. Las víctimas no eran ciudadanos anónimos dentro de la estadística criminal; formaban parte del círculo político y operativo más cercano al poder de la ciudad. En teoría, eso debía traducirse en una investigación ejemplar, rápida y técnicamente sólida. Sin embargo, el paso de los meses sin avances claros terminó alimentando sospechas sobre fallas en inteligencia, coordinación institucional y capacidad ministerial.
El caso deja ver además una contradicción delicada en el discurso oficial sobre seguridad. Durante años, distintos gobiernos han insistido en que la Ciudad de México posee uno de los sistemas de videovigilancia e inteligencia urbana más avanzados del país. Cámaras, monitoreo en tiempo real, análisis de movilidad, rastreo digital y coordinación policial han sido presentados como fortalezas estratégicas de la capital.
Pero cuando ocurre un crimen de alto perfil y no aparecen resultados concretos, inevitablemente surge la pregunta: ¿de qué sirve toda esa infraestructura tecnológica si no puede traducirse en justicia efectiva?
La percepción ciudadana se deteriora todavía más porque el caso toca una fibra política sensible, la cercanía con el poder no garantizó resultados. Y eso modifica completamente la lectura pública. Para miles de víctimas comunes de homicidio, desaparición, extorsión o robo violento, el mensaje puede interpretarse de manera devastadora, si ni el gobierno logra resolver el asesinato de sus propios colaboradores, las posibilidades de justicia para el ciudadano promedio parecen todavía menores.
Ahí radica el verdadero daño político e institucional.
La falta de avances también fortalece otro fenómeno, la normalización de la impunidad. En México, muchos casos generan indignación mediática durante semanas, pero eventualmente desaparecen del debate público sin resolución definitiva. Cuando eso ocurre de forma repetida, la sociedad comienza a acostumbrarse a vivir sin respuestas, sin detenidos y sin verdad judicial.
Y esa normalización tiene consecuencias graves. Reduce la confianza en las fiscalías, erosiona la legitimidad de las autoridades y fortalece la percepción de que el crimen organizado —o las estructuras criminales— poseen mayor capacidad operativa que el propio Estado.
Además, el impacto político alcanza directamente a la narrativa de seguridad de la administración capitalina. La Ciudad de México ha buscado posicionarse como una entidad con mejores indicadores y capacidades institucionales frente a otros estados del país. Sin embargo, casos como éste exhiben que incluso en la capital persisten enormes dificultades para esclarecer delitos complejos.
No se trata únicamente de un expediente sin resolver. Se trata de un termómetro sobre la eficacia real del sistema de justicia.
Porque una investigación exitosa no sólo implica abrir carpetas, ofrecer conferencias o anunciar líneas de investigación; implica resultados verificables: identificar autores intelectuales, detener responsables, judicializar correctamente y obtener sentencias.
Sin eso, cualquier discurso de eficiencia queda incompleto.
A un año de distancia, el caso de Ximena Guzmán y José Muñoz deja una conclusión incómoda para las autoridades, la capacidad del Estado mexicano para investigar y resolver crímenes sigue siendo uno de sus puntos más débiles, incluso cuando las víctimas pertenecen al entorno más cercano del poder político.
Y mientras esa realidad no cambie, la sensación de vulnerabilidad e indefensión entre los ciudadanos seguirá creciendo.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
