Marta Lamas
¿Cómo interpretar el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 14 años pasó de debatir si era legal despenalizar el aborto en la Ciudad de México (CDMX) a considerar hoy que es ilegal penalizar a la mujer que aborta? La confluencia de elementos macro y microsociales desembocó en la votación unánime de los 10 Ministros presentes. Revisar sus intervenciones permite constatar el indudable avance en la argumentación jurídica desde el marco de los derechos humanos y la utilización de estándares internacionales acerca de no obligar a llevar a término un embarazo no deseado. Además, a la postura de ciertos Ministros y Ministras que desde antes se habían expresado con congruencia y valentía, se sumó por fortuna la de los nuevos integrantes. Y en especial Arturo Zaldívar, como presidente de la SCJN, jugó un papel fundamental.
Cambió el eje de la discusión en la Corte: de debatir si hay vida o no hay vida, si el embrión tiene la misma personalidad jurídica que un recién nacido, cuestiones en las que se confrontan creencias ideológicas y posturas políticas, se pasó a reflexionar acerca de la gravísima injusticia en que ocurre la penalización de quienes abortan. Luis María Aguilar expuso en su proyecto que la maternidad es una decisión trascendental, y dado que concepción, gestación y parto se llevan a cabo exclusivamente en el cuerpo de una hembra humana, se debe reconocer a las personas gestantes como únicas titulares del derecho a decidir si continúan o interrumpen dicho proceso.
Hace siglos, las mujeres decididas a interrumpir un embarazo no deseado encontraron la manera de hacerlo, y lo que ahora se resolvió es que no deben ser castigadas. Es injusto, a todas luces, que las mujeres con recursos aborten de manera ilegal, pero sin peligro de acabar en la cárcel; mientras que la mayoría que no los tienen se provocan el aborto o recurren a manos inexpertas que les causan graves daños o incluso la muerte. La SCJN cuestionó esa desigualdad brutal entre quienes abortan de manera segura en clínicas privadas, sin riesgo de ir a la cárcel, y quienes no pueden hacerlo. También señaló que es mejor prevenir que remediar, por lo que en lugar de enfocar las energías a castigar, es indispensable hacer más y mejores campañas de educación sexual y brindar un amplio acceso a anticonceptivos seguros.
No todas las personas celebran esta resolución. El aborto es un tema que divide ideológicamente a quienes reivindican la libertad de la mujer a decidir sobre su cuerpo y quienes abogan por el derecho a la vida de los seres no nacidos. Hay que abordar esta confrontación radical desde una perspectiva política porque, como dijo Chantal Mouffe, “la incapacidad para formular los problemas que enfrenta la sociedad de un modo político y para concebir soluciones políticas a esos problemas lleva a enmarcar un número creciente de cuestiones en términos morales”. Las soluciones políticas tienen que sustentarse en un mínimo de conocimiento, como hizo en 2007 la entonces Consejera Jurídica Leticia Bonifaz en la reforma de la CDMX, al cambiar el sistema de causales por el de plazos e inaugurar así una perspectiva más acorde a la racionalidad científica, que registra las diferencias entre embrión y feto.
Cuando el conflicto político en relación al aborto cobró relevancia mundial durante las Conferencias de la ONU en El Cairo (1994) y Beijing (1995), sus conclusiones recomendaron “que los países revisaran las leyes que penalizan a las mujeres cuando se someten a abortos ilegales” (párrafo 106 K de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer). En México hemos tardado 25 años en lograrlo.
¿Y cuántos años más serán necesarios para que las 28 entidades federativas que no tienen la interrupción legal y gratuita del embarazo en los servicios públicos sigan el ejemplo de la CDMX, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz? Hace falta más justicia.
La autora es antropóloga, feminista e investigadora de la UNAM.
