Rúbrica.
Por Aurelio Contreras Moreno.
Tras la andanada autoritaria de la semana pasada, en la que el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” terminó de demostrar que está completamente dispuesto a violar la ley a placer con tal de concentrar y mantenerse en el poder, este martes México recibió un aliento quizás de donde menos se esperaba.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya actuación de los últimos meses había rebasado los límites de la abyección y genuflexión ante los caprichos del titular del Ejecutivo –cuyo discurso y actos se perciben cada vez más fuera de la realidad-, dictó tres sentencias que tendrán un fuerte impacto en el proceso electoral que está en marcha.
En las dos primeras, ratificó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón sus candidaturas a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, pues simple y llanamente incumplieron con las disposiciones de ley respecto de la fiscalización de los recursos del periodo de precampaña y la sanción prevista es exactamente ésa: la pérdida de la postulación.
Lo increíble es que lo que en cualquier país civilizado y medianamente democrático habría sido un asunto de mero trámite y obvia resolución ante la claridad del precepto legal que sanciona la conducta irregular, en México significó un verdadero tormento para el Estado de Derecho por causa de un régimen que desprecia profundamente la legalidad, como quedó de manifiesto en las palabras del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier, quien durante la votación de la llamada “Ley Zaldívar” justificó violar la Constitución al afirmar que “el conservadurismo opta por el derecho”.
Por ello resulta de enorme trascendencia la tercera de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a las que nos referimos al principio de este texto, y que tiene que ver con la sobrerrepresentación de legisladores por el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados.
Durante la misma sesión, el TEPJF también ratificó –contrario a casi todas sus anteriores sentencias recientes- los criterios del INE sobre este tema, y que establecen que ningún partido podrá contar con un número de diputados y diputadas, plurinominales y de mayoría, mayor al 8 por ciento de la votación nacional que hayan recibido en los comicios por celebrarse el próximo domingo 6 de junio.
La sobrerrepresentación legislativa fue durante varios años –cuando la competencia política comenzaba a ser real en México- la fórmula mediante la cual el Partido Revolucionario Institucional se hizo de mayorías legislativas artificiales, que no reflejaban verdaderamente lo expresado en las urnas por la ciudadanía, lo que a su vez le permitía mantener el control del Poder Legislativo y gobernar sin contrapesos reales.
Y como herederos directos y asumidos de esa “tradición” tramposa y antidemocrática, en Morena buscaban asegurarse la mayoría en la próxima Legislatura de la misma manera que lo hacía el PRI: “pepenando” diputados de los partidos con los que se coaliga o que fungen como sus satélites/parásitos. De hecho, así fue como lo hizo en 2018.
Estas decisiones de los organismos que deben garantizar la pluralidad y la competencia electoral en condiciones de equidad le dan un pequeño respiro a la maltrecha y debilitada institucionalidad democrática del país, que el régimen que se asume como “protagonista del cambio verdadero” ha buscado denodadamente destruir desde que tomó el poder, irónicamente, por una vía legítimamente democrática.
Por eso es vital defenderla de los embates de quienes creen que están por encima de la ley y que al menos este día, perdieron el “round” y terminaron en la lona por tramposos. Y es que saben que así como llegaron, por esa misma vía se pueden ir.
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