//Peniley Ramírez//
Entre 2004 y 2022, un hombre que llegó a Presidente recibió millones de dólares de Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros traficantes de drogas. Con el dinero de los sobornos, financió sus campañas políticas. Protegió a narcotraficantes y parientes. También permitió que la violencia se extendiera en su país. Los sobornos compraron información confidencial de operativos militares y sirvieron para que algunos traficantes se protegieran de ser extraditados a EU.
El país se volvió un narcoestado. La cocaína llegaba desde Colombia y Venezuela y seguía su camino, en ruta hacia EU. Los traficantes utilizaban lanchas rápidas, barcos pesqueros y portacontenedores. La droga que iba por aire aterrizaba en pistas clandestinas, en la frontera con Guatemala. Para lograr que los cargamentos aéreos llegaran sin problemas, los sobornos compraban información de los radares de vuelos.
Agentes antinarcóticos de EU recopilaron pruebas de dos décadas sobre el hombre que llegó a Presidente. Se enteraron de que en 2005 aceptó 40 mil dólares de un traficante que operaba entre Honduras y Guatemala. En aquellos años, EU capacitaba a los pilotos para hacer operativos nocturnos antinarcóticos, pero los aviones con cocaína seguían evadiendo la detección. Los agentes supieron, después, que en 2009 el mismo hombre que llegó a Presidente aceptó unos 100 mil dólares de un traficante. A cambio, el traficante recibió información de operaciones de la Armada.
En 2013, cuando estaba en campaña para ser Presidente, el hombre aceptó más de un millón de dólares de “El Chapo” Guzmán. A cambio, el Cártel de Sinaloa conseguiría que los policías y militares custodiaran sus cargamentos de cocaína. Luego, ya siendo Presidente, se reunió con traficantes y les dijo que no extraditaría a sus aliados. En 2017, el Presidente hizo otro trato: un jefe narco invertiría más de 1.5 millones de dólares en sobornos que le ayudarían a reelegirse.
Pero los socios empezaron a caer. En 2018, el hermano del Presidente fue acusado de narcotráfico en Nueva York. Lo sentenciaron a cadena perpetua. En ese juicio, parte de la evidencia incluyó libros de contabilidad de traficantes, con inscripciones de pagos de sobornos y las iniciales del Presidente. A algunos testigos del caso los asesinaron en la cárcel. Otros se reunieron con el Presidente y su allegados, en pleno juicio, para tratar de controlar la situación. Los agentes de EU registraron todos esos movimientos.
Mientras sentenciaban a su hermano, en Nueva York, Donald Trump se reunía con el Presidente en Florida y le agradecía por “trabajar muy de cerca con Estados Unidos”. El Presidente era Juan Orlando Hernández y, en ese momento, gobernaba Honduras. Entonces, Hernández parecía intocable. No lo fue.
A inicios de 2022, unas semanas después de que dejó la banda presidencial, a Hernández lo detuvieron en su casa. Dos meses más tarde estaba en un avión, extraditado hacia Nueva York. La administradora de la DEA declaró que la indagatoria contra Hernández tomó “varios años”. Advirtió que la DEA no se detendrá “ante nada” para perseguir actores políticos poderosos que participan en el tráfico de drogas.
Esta semana, comenzó el juicio de Hernández en el distrito sur de Manhattan. Los detalles que expuse en los párrafos anteriores sobre el caso son parte de la acusación ampliada, que se expondrá en el juicio en las próximas semanas.
Hernández ha dicho que es inocente y que la acusación es una venganza de sus enemigos. Algo similar dijo la defensa de Genaro García Luna cuando lo acusaron en Nueva York. Y algo parecido dicen otros políticos, cuando se enteran de que la DEA los investiga.
Casi siempre, las investigaciones se hacen despacio, discretamente, sorteando intereses políticos, complicaciones de presupuesto y años de contemplaciones diplomáticas. Y llegan a un caso judicial, casi siempre, cuando la persona investigada ha dejado el puesto y no tiene más poder para negociar con EU cualquier asunto que le interese a la diplomacia estadounidense, desde el envío de productos agrícolas de exportación hasta el control de migrantes.
Cuando tienen el puesto, muchos políticos desestiman las investigaciones. Hacen berrinches y acusan a la prensa de atacarlos. Por eso, necesitan que sus protegidos y partidos sigan en el poder, para que negocien impunidad, a nombre suyo.
@penileyramirez
