/ Adriana Sarur /
Posterior a las elecciones del pasado domingo en Venezuela y sus amañados resultados oficiales, las batallas del “día después” se están librando en las calles, en el ámbito de la comunicación y en la arena internacional. Los reportes que llegan desde el país sudamericano son devastadores, la opresión violenta y mortal del gobierno a los manifestantes opositores son de la más baja calaña de dictadura. Por el lado de la comunicación, los retrata de cuerpo entero: no les importa la vida de sus conciudadanos y tienen la desfachatez de recalcarlo en cada comunicado. En el ámbito internacional, desde el Palacio de Miraflores llevan más de dos décadas debilitando las relaciones con organismos internacionales.
En este sentido, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha estado en permanente vigilancia de lo que ocurre en Venezuela, pero desde el chavismo sólo ha recibido ataques por parte de sus dos dictadores y camarilla de desalmados. La tendencia no cambió y este martes la OEA, mediante un resolutivo dentro de una sesión extraordinaria, instaba a la autoridad electoral de Venezuela a que publicar inmediatamente los resultados de la votación y llevar a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de observadores internacionales independientes “para garantizar la transparencia, la credibilidad y la legitimidad de los resultados electorales”. Sin embargo, esta solicitud no alcanzó el consenso necesario para hacerlo.
La propuesta del organismo representado por 34 países americanos obtuvo 17 votos a favor, cero en contra y 11 abstenciones por parte de los Estados que participaron en la reunión extraordinaria. Los 17 países que votaron a favor fueron: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay; 11 abstenciones por parte de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Santa Lucía, Dominica, Granada, Bolivia, San Cristóbal y Nieves, destacando a Brasil, Colombia y Honduras, países donde sus mandatarios habían solicitado lo mismo de manera individual. México, con el ya añejo conflicto entre López Obrador y Luis Almagro, “brilló” por su ausencia.
Ahora bien, la OEA y su esencia democrática debe aceptar la votación del Consejo, pero no puede zanjar en su vigilancia al Estado venezolano, a defender la ruta democrática de la región y hacer valer la voluntad del pueblo, además de hacer respetar —por todas las vías legales y legítimas— los derechos humanos fundamentales. Sin embargo, este episodio del organismo supranacional americano (de este y cualquier otro) nos hace replantear su peso, pertinencia y carácter dentro de la región. El impacto limitado que tiene la OEA también fue puesto a prueba en Nicaragua y su condena al autoritarismo de Ortega, así como anteriormente en Venezuela sin obtener resultado alguno.
En conclusión, la OEA es un “tigre sin dientes” y sus herramientas para ejercer presión como sanciones, declaraciones públicas o posibles suspensiones de membresía no surten los efectos deseados. El organismo a cargo de Luis Almagro deberá hacer los cambios necesarios para que la OEA no sea percibida por algunos miembros como una extensión de los intereses estadounidenses en la región, incrementar su poder de intervención, así como revalorarse de manera unificada en todo el continente.
