Rúbrica.
Por Aurelio Contreras Moreno.
Si de algo se vanaglorian en su discurso todos los gobiernos surgidos del lopezobradorismo es de aplicar medidas de “austeridad republicana” en todas las áreas de la administración pública.
Lo primero que sacan a colación son las reformas legales en materia de remuneraciones de los servidores públicos, con las cuales se ha pretendido que el sueldo asignado al Presidente de la República -de poco más de 131 mil pesos mensuales- sea el parámetro para fijar el tope salarial de los funcionarios en México.
Sin embargo, además de la oleada de amparos que provocó esta medida por su inconstitucionalidad, ha quedado evidenciado en más de un caso que dicha disposición es una mera simulación, pues varios servidores públicos en México continúan percibiendo ingentes emolumentos que superan a los del Presidente -como la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, que en su declaración patrimonial de 2019 reportó más ingresos que el titular del Ejecutivo federal- y que se alejan por mucho de la “austeridad republicana” que pregonan y que se reduce a ser un mero ardid propagandístico.
Sin embargo, bajo ese argumento la autodenominada “cuarta transformación” -que en el colmo de la autocomplacencia y la megalomanía ya quiere hasta imponer su culto en el calendario cívico- se ha dedicado a desmantelar instituciones, a desaparecer programas que eran de enorme ayuda para sectores desprotegidos y a destruir a su paso todo lo que puede y que no le sea atribuible a la “4t”.
En ese tenor es que se dejó sin recursos a la atención de niños con cáncer en el sector público de la salud, se desaparecieron las estancias infantiles, se cortaron recursos para los albergues que brindaban atención a mujeres violentadas y a las asociaciones que las apoyaban en tratamientos contra el cáncer de mama, por mencionar algunos de los rubros de las políticas de “ahorro” del gobierno federal, que replican todos los gobiernos estatales y municipales afines a esta corriente política e ideológica.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esas directrices le significaron al gobierno federal ahorros por cinco mil 942 millones de pesos durante el ejercicio fiscal de 2019, lo que además habría representado una reducción en el gasto público del orden de 43 por ciento respecto del año anterior.
Entonces la pregunta obvia es ¿por qué no le alcanza el presupuesto para nada al gobierno? ¿Por qué quitarle a las dependencias federales 75 por ciento de sus recursos? ¿Por qué tiene que dictaminar disposiciones tan drásticas como indignas, que van desde restringir a la burocracia el uso de instrumentos de trabajo básicos como las computadoras, hasta “pichicatearles” el uso del agua de los baños? ¿Por qué ahora los empleados gubernamentales tienen incluso que hacer aportaciones “voluntarias” de su salario para “fondear” a un gobierno evidentemente desfondado?
Entre otras explicaciones, podríamos referir que porque no hay dinero que alcance para financiar su costosísima operación de programas sociales clientelares, que para 2020 contemplaban un gasto de 300 mil millones de pesos; o para el obsoleto proyecto de refinería en Dos Bocas, que podría sangrar al erario hasta por más de 190 mil millones de pesos hacia el final de su construcción y que cuando se le cuestionó al presidente López Obrador sobre la posibilidad de detenerlo a causa de la emergencia sanitaria – que hasta la noche de este lunes ha provocado la muerte de 39 mil 485 mexicanos-, éste dio una de esas respuestas que lo pintan de cuerpo entero: “¿de qué quieren su nieve?”.
Pero hay una inferencia que enmarca mucho mejor y en su conjunto las prácticas de la “4t”: porque son pésimos administradores, que derrochan los recursos de los mexicanos sin freno, sin rumbo y sin vergüenza.
Eso, por cierto, también es corrupción.
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