*NEMESIS
/ Fernando Meraz Mejorado /
La Fiscalía General de la República ha levantado una esquina del velo y deja a la vista un entramado corporativo de once empresas, presunta urdimbre tejida para simular legalidad y canalizar hidrocarburos de origen ilícito. El nombre que centra la indagatoria es Ingemar, y con él aparece una figura pública: el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, hoy recluido en El Altiplano, señalado, en medio de confusos argumentos, como uno de sus principales accionistas.
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El mecanismo revela una frialdad calculada: se introducían al país gasolina y diésel sin declarar, y un abanico de razones sociales —Ingemar, Servicios Portuarios, Dragados y Puertos, Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G., Crismon Hidrocarburos, Descargas Ferroviarias del Norte, Lambrucar, Mapror de Hidrocarburos y Servicios Aduanales JR— servía de pantalla. Cuatro de ellas actuaban como destinatarias finales en papeles fiscales y aduaneros, disfrazando de comercio legítimo lo que era operación clandestina.
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Los datos hablan con el peso de la evidencia: Ingemar y Servicios Aduanales JR canalizaron 163 ferrotanques de combustible sin reporte oficial. El desfase de 2025 resulta abrumador: con permiso para 216 millones de litros de gasolina y 173.2 millones de diésel, ingresó más de 760 millones de gasolina y mil 766 millones de diésel. Un excedente de más de 2,137 millones de litros que nunca vio, o no quiso ver, la luz de las autoridades.
Crismon Hidrocarburos distribuía ese caudal oscuro, con ramificaciones hacia Gasolinera Faza, ya antes vinculada a lavado de dinero y defraudación fiscal.
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Muchas de estas firmas operaban sin permisos vigentes de la Secretaría de Energía o de la Comisión Nacional de Energía, y su trato fiscal se concentraba en un nudo reducido: una estrategia para mantener el control del grupo mientras simulaban transacciones. Un rompecabezas donde cada pieza fingía independencia, pero todas obedecían a un mismo diseño.