Una simulación disfrazada de solidaridad: la iniciativa de reforma a la Ley General en materia de Desaparición de Personas

/Jorge Verástegui González*/

En ocasiones se ha señalado que la crisis de la desaparición de personas no es un problema de ausencia de protocolos, leyes e instituciones, sino de falta de voluntad política. Este argumento se puede ejemplificar con lo que ha ocurrido en los últimos meses tras la presentación de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La iniciativa de reforma se presenta tras la indignación nacional por el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, como una respuesta improvisada de parte del gobierno federal, que mostró el desconocimiento del tema y reafirmó que el silencio sobre el tema desde la presidencia, era desinterés.

Las críticas no se hicieron esperar, tanto por el contenido como por las formas en la que se presentó la iniciativa. La respuesta de Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, fue clara: aunque su solidaridad estaba con las familias, la iniciativa se aprobaría en sus términos y si había que hacer cambios, se podría reformar más adelante.

Con la propuesta de reforma, se mostró el abandono en el que el gobierno federal tenía el tema y sirvió como canalizador de todas las demandas de las familias, tales como la falta de investigación y búsqueda, seguridad en las diligencias, entre otras. Tras más críticas de las familias, la orden desde Palacio Nacional fue que la Secretaría de Gobernación (Segob) abriera espacios para escuchar a las familias (sobre la problemática en general), lo cual se hizo sin una metodología y desde el centralismo de la Ciudad de México.

Una de las principales demandas, en los escasos cinco minutos que tenían las familias durante sus participaciones, fue el cese de la actual encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Reyes Sahagún, no sólo por su incompetencia por la falta de preparación técnica y profesional, sino también por la violencia que ejerce contra las familias. En algunas de estas ocho mesas, el resultado que dio la Segob fue el agradecimiento rutinario, la foto y que darían seguimiento.

A finales de la segunda semana de junio y en el contexto del periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, que comenzó el 11 de junio, la Consejería Jurídica y la Segob comenzaron a trabajar en un documento con cambios. Se reunieron con algunos grupos de familiares de personas desaparecidas y en menos de una semana presentaron el resultado de ese trabajo que disfrazaron de tres meses de trabajo con más de 400 colectivos.

El documento llegó al Senado en donde, a pesar de que las y los senadores expresaron sentidamente su solidaridad con las familias y ser diferentes a otros, no dieron espacio a un Parlamento Abierto en el que se pudiera hacer una reforma integral, sino que se concretó la simulación de un proceso que comenzó como una respuesta improvisada.

Tanto la Segob como el bloque del oficialismo (Morena y PT), apoyado por Movimiento Ciudadano, aseguran que se realizaron cambios importantes. Destacan la incorporación de las definiciones de familia social y nombre social; sin embargo, la primera no tiene efectos jurídicos, pues es solo la definición, y en cambio, el nombre social queda incorporado en la Base Nacional de Carpetas de Investigación, pero no en la Ficha de Búsqueda. Estos conceptos fueron propuestos con la intención de que en los casos de desapariciones de personas de la diversidad sexual en los que sus familiares no dan seguimiento al caso lo puedan dar las personas que se sumen como la familia social de la víctima, mientras el nombre social es un reconocimiento a la decisión de la víctima de asumir una nueva identidad.

Se mantiene la creación de la Plataforma Única de Identidad con la falsa justificación de que servirá para encontrar personas desaparecidas; sin embargo, esta solo servirá para tener el historial de la víctima, no dónde está, y en último caso, su identificación forense por medio de las huellas dactilares.

En la reforma también se crea una nueva base de datos para disminuir el número de personas desaparecidas, pues solo se registrarán aquellos casos en los que el Ministerio Público clasifique como desaparición forzada o cometida por particulares. Se tiene identificado que, en muchos casos, el Ministerio Público no hace una correcta clasificación; en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPEDNO) de los 130,049 casos, solo 813 se clasifican como desaparición forzada y 10,798 como cometida por particulares, esto significa que en conjunto, solo el 8.92% del total están clasificados en esos dos delitos, que serían los únicos que se reportarán en la nueva Base Nacional de Carpetas de Investigación.

La reforma aprobada tiene una serie de errores de mala técnica legislativa, resultado de los cambios estéticos, las prisas y el desconocimiento del tema. Uno de los más llamativos es la última parte del artículo 12 Octies que señala: “… la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda a las que corresponde la investigación de los delitos, búsqueda, localización e Identificación de personas desaparecidas o no localizadas en términos de la presente Ley”.

Lo anterior es muestra de que la reforma fue redactada tan apresuradamente y sin cuidado, que presenta errores de redacción que podría parecer que se dota a las comisiones de búsqueda de facultad de investigación, lo que resulta inconstitucional en términos del artículo 21 de la Constitución, toda vez que la investigación es exclusiva del Ministerio Público.

El Ejecutivo Federal y el Legislativo tenían todo para superar el proceso mediante el cual se creó la Ley General, y hacer una reforma integral que pueda realmente atender las demandas de las familias y superar las deficiencias institucionales actuales. Pese a que tenían todo, le apostaron a la simulación; incluso respecto a la exigencia del cese de la actual encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda (Reyes Sahagún), ya que pese a que la misma Presidenta Sheinbaum había dicho que la CNB tendría personal capacitado, no la ha removido de su cargo.

La crisis de desaparición de personas es una problemática que sigue sin ser resuelta, tanto por la falta de voluntad política como por el pacto de impunidad que persiste en torno a estos casos. La solidaridad de los políticos se diluye frente a su actuar, que termina siendo en contra de las víctimas. Mientras tanto, la reforma entró en vigor el 17 de julio de 2025 y con ello los plazos establecidos para implementar las reformas.