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26.09.2026., California, EE.UU.- Un trabajo de investigación elaborado por el Human Rights Center de la Universidad de California en Berkeley documentó una serie de agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos ocurridas en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2024.
El estudio, titulado “Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico”, publicado el 24 de septiembre de 2026 después de una investigación de varios años sobre lo ocurrido entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024. Berkeley documentó 337 personas asesinadas: 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos, además de integrar 75 expedientes sobre homicidios, desapariciones forzadas y otros hechos de violencia grave.
La investigación no señala que el gobierno federal haya sido el autor u ordenado los 337 asesinatos. Su hipótesis jurídica parte de analizar las distintas formas de agresión y determinar si se registró un ataque generalizado o sistemático contra un grupo identificado por su función de fiscalización pública: periodistas que investigaban crimen organizado, corrupción y abusos de autoridad, así como defensores de derechos humanos, que hoy son desplazados ante la avaricia de terratenientes y narcotráfico que busca de controlar territorio para sus rutas de trasiego y explotación.
El expediente reúne información sobre homicidios, vigilancia mediante herramientas digitales, hostigamiento y señalamientos públicos contra personas dedicadas al periodismo y a la defensa de derechos humanos. Sus autores plantean que el conjunto de hechos debe ser analizado desde la perspectiva del derecho internacional y contemplan llevar la documentación ante instancias relacionadas con la justicia internacional en La Haya.
Uno de los componentes del estudio corresponde al análisis de las conferencias de prensa matutinas realizadas durante el sexenio. Los investigadores revisaron mil 437 mañaneras y localizaron 2 mil 827 expresiones que clasificaron como hostiles hacia periodistas o medios de comunicación.
El registro abarca expresiones utilizadas públicamente para cuestionar, descalificar o señalar a integrantes de la prensa. Entre los términos identificados durante el análisis aparecen expresiones como “prensa fifí” y “chayoteros”, utilizadas por López Obrador en diferentes momentos de su administración.
Para la Universidad de Berkeley, el interés de este registro no se limita a contabilizar declaraciones presidenciales. El estudio busca establecer la relación entre el discurso público, las campañas de señalamiento y otras formas de presión que enfrentaron periodistas y defensores durante esos años.
La investigación también incorporó una base de datos de personas asesinadas. De acuerdo con los resultados publicados por el Human Rights Center, fueron documentados 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos asesinados durante el periodo analizado, lo que representa 337 víctimas en ambas categorías.
Otro apartado está dedicado a la vigilancia electrónica. El expediente incluye casos relacionados con el software Pegasus y con la herramienta conocida como Geomatrix, tecnologías que aparecen en investigaciones sobre seguimiento digital de periodistas y defensores en México.
Los investigadores también examinaron la utilización de mecanismos digitales para identificar, vigilar o acosar a personas consideradas críticas. En este apartado se incluyen elementos relacionados con espionaje, campañas en internet y otras formas de seguimiento tecnológico.
El proyecto incorporó además el análisis detallado de 75 casos considerados relevantes para la investigación. Los expedientes abarcan homicidios, desapariciones y otras agresiones graves contra periodistas y defensores, con el propósito de identificar patrones y documentar la respuesta de las autoridades.
Uno de los elementos examinados es la impunidad. El estudio estima niveles de entre 93 y 99 por ciento en los delitos analizados contra integrantes de estos sectores durante el periodo estudiado.
La investigación fue encabezada por Lindsay Freeman, directora sénior de Responsabilidad Internacional del Human Rights Center de Berkeley. El proyecto partió de la posibilidad de reunir información que pudiera ser presentada ante la Corte Penal Internacional, organismo con sede en La Haya.
La publicación del material, sin embargo, no significa que la Corte Penal Internacional haya declarado responsable a López Obrador ni que exista una sentencia en su contra. Se trata de una investigación académica y de documentación de derechos humanos que plantea una posible lectura jurídica de los hechos recopilados.
Berkeley sostiene que las dificultades para presentar el trabajo directamente ante la CPI llevaron a sus investigadores a hacer públicos los materiales reunidos. La universidad puso a disposición información sobre las víctimas, expedientes de casos, análisis de las mañaneras y documentación relacionada con vigilancia y acoso.
El estudio plantea así una revisión de hechos registrados durante el sexenio de López Obrador desde diferentes frentes: la violencia letal contra periodistas y defensores, las expresiones provenientes del poder presidencial, el espionaje digital y las investigaciones que no han derivado en sanciones.
La documentación publicada por Berkeley busca que estos elementos puedan ser consultados y utilizados por organizaciones de derechos humanos, periodistas, investigadores y autoridades encargadas de investigar posibles violaciones graves.