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Cdmx 4 agosto 2019.- Ante el inminente inicio de las obras del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, Estado de México, el Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Diputados cuestiono el monto que se erogará para pagar a propietarios y ejidatarios por sus terrenos y el lugar de su reubicación.
A través de un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los priistas señalaron que el Gobierno federal no ha dado respuestas a estas consideraciones importantes.
“Lo único que se sabe es que se están llevando a cabo juntas informativas, donde se cuenta con la participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con el propósito de poder dar claridad y agilizar los trámites al respecto.
El Grupo legislativo priista urgió a que autoridades informen si existen planes de reubicación para los pobladores y sus familias que ocupan actualmente los terrenos en cuestión, los lugares a donde serán ubicados y si se han negociado con los propietarios.
Los diputados priistas recordaron que cuatro resoluciones judiciales han sido dictadas para evitar que continúe cualquier obra en Santa Lucía, así como la destrucción de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se construía en Texcoco, las cuales son producto de 147 juicios de amparo tramitados por el colectivo #NoMásDerroches, en el cual participan ciudadanos y organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
“Pero más allá de los aspectos legales, es importante contar con información sobre el proceso de compra de los terrenos que pertenecen a las poblaciones aledañas que inicialmente contemplaba la adquisición de mil 286 hectáreas de terrenos, abarcando los municipios de Zumpango, Santa Ana Nextlalpan y Tecámac, en el Estado de México”.
Los legisladores del PRI recordaron que para nadie es sencillo abandonar su tierra y comenzar una nueva vida, por lo que es indispensable que las negociaciones para la compra de terrenos se realicen teniendo en cuenta el impacto social, laboral y económico que tendrá para los propietarios.
“Esta situación merece toda la atención por parte del Gobierno federal, ya que dichas poblaciones aledañas cuentan con altos niveles de marginación y las tierras de los ejidatarios son, muchas de las veces, su única fuente de empleo, ingreso y sustento familiar con la que cuentan, por lo que es primordial que se les pague de manera justa y, sobre todo, se garanticen sus derechos fundamentales”, concluyó.
