*El Caso dela joven madre, ajena al crimen de que la acusan, demuestra que la tortura no se ha erradicado en México.
03/11/2021/. Ciudad de México, 03 de noviembre de 2021. En el contexto del primer año en prisión preventiva de July Raquel Flores Garfias, mujer sobreviviente de tortura sexual, sus familiares -acompañados por el Centro Prodh- llamaron a la CNDH a investigar la denuncia conforme a los más altos estándares de derechos humanos y denunciaron la persistencia de la tortura sexual en México.
El sábado 6 de noviembre de 2020, July Raquel Flores Garfias, mujer joven, trabajadora y madre, fue detenida en un operativo conjunto de la Policía Ministerial del estado de Veracruz y de la Ciudad México. Estuvo retenida por varias horas en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente fue trasladada en vehículos de la policía ministerial del estado de Veracruz al municipio de Xalapa, en esa misma entidad, para ser presentada ante un juez.
Durante las más de nueve horas que duró el viaje, que debería tomar la mitad de ese tiempo, July Raquel fue víctima de actos de tortura y tortura sexual mientras se le acusaba de relacionada con el homicidio de la rectora del Colegio Valladolid, ocurrido el 29 de junio de 2020 en Xalapa. Desde entonces, July Raquel se encuentra privada de su libertad, acusa el el Centro Prodh.
La mujer acusó que fue torturada y violada para que confesora el asesinato de la rectora veracruzana. La defensa de July Raquel consiguió en Septiembre que un juez admitiera como pruebas para el juicio del caso, los testimonios de cuatro personas que acreditan que la mujer acusada estuvo a más de 300 kilómetros del lugar del asesinato el día que se cometió.
Además logró que se integrara a la carpeta de investigación del caso un oficio que prueba que no existe un documento original del contrato de compra-venta del coche que se utilizó para cometer el homicidio de la rectora, y que, básicamente, deja constancia de que uno de los ‘pilares’ de la Fiscalía para acusar a July Raquel como copartícipe del asesinato, se fundamenta en una copia simple del contrato en la que, además, la firma no coincide con la plasmada por la imputada en documentos oficiales.
A partir de mayo de 2021, el Centro Prodh ha acompañado a July Raquel y a su familia en la exigencia de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes ante los actos de tortura sexual cometidos por las autoridades que realizaron su detención y traslado.
Debido a la trascendencia y gravedad de los hechos, en el mes de julio de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ejerció su facultad de atracción sobre la queja presentada por la familia de July ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, a raíz de los actos de tortura. Ahora, la CNDH está a cargo de integrar el expediente de queja respectivo, define en su comunicado.
“Al ser esta una grave violación de derechos humanos, la investigación debe sin duda concluir en una recomendación que debe ser emitida con celeridad y conforme a los más altos estándares. Para ello, llamamos a que la CNDH conduzca una investigación diligente y que tome en cuenta el Protocolo de Estambul y otras pruebas, tales como el testimonio de July, de su familia y las constancias oficiales provenientes del proceso penal, entre otros. Además, la investigación debe realizarse con perspectiva de género, considerando los impactos diferenciados de la tortura sexual en las mujeres.
el Centro Prodh afirma que el caso de July demuestra que la tortura en México sigue siendo una práctica generalizada. La denuncia de July Raquel Flores Garfias se ajustan al patrón documentado por el Centro Prodh en el informe “Mujeres con la Frente en Alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”.
El documento establece que existe una alta incidencia de tortura sexual en contra de mujeres en delitos de fuerte impacto social cuando transcurre tiempo excesivo entre la detención y la presentación ante juez competente, sobre todo cuando en este lapso las mujeres detenidas permanecen materialmente bajo la responsabilidad de corporaciones ajenas a controles, como son las policías ministeriales, en condiciones propicias para la arbitrariedad.
“Este patrón, cabe señalar, aún no ha sido revertido en nuestro país. Siguen ocurriendo actos de tortura, sin que se implementen a cabalidad las herramientas que desde 2017 prevé la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes con miras a erradicar esta práctica, como el Registro Nacional del Delito de Tortura y el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En México, vale la pena insistir, no se ha erradicado la tortura”, sentencia el Centro.
En este contexto, el caso de July Raquel Flores García lo suman a la campaña “Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la tortura sexual”, generada a partir del valiente impulso de las mujeres sobrevivientes que llevaron el caso Atenco hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Una campaña busca visibilizar que la tortura sexual es una práctica cometida en mayor medida en contra de mujeres como expresión de extrema discriminación en razón de género y exigir que las autoridades cumplan con sus obligaciones para erradicarla.
