22.12.2024.- En sus conclusiones, el Panel reconoce que “México está tratando de abordar preocupaciones genuinas de buena fe” y sugiere que el país realice nuevamente el proceso administrativo correspondiente, asegurándose de que las medidas sean efectivas y que los resultados se presenten a las partes involucradas. Por lo tanto, si México decide acatar la resolución, no debe modificar su política, sino enfocarse en consolidar un proceso administrativo sólido que evite futuras quejas. Durante casi 30 años, los efectos del uso de la biotecnología en los alimentos y en la biodiversidad de nuestros cultivos se han hecho evidentes. México ya ha recopilado la información científica necesaria, que fue presentada y reiterada en la resolución del panel, además de contar con los peritajes pertinentes.

Lo que está en cuestión no son los fundamentos ni las medidas, sino un aspecto puramente administrativo. Además, desde hace casi una década (9 años), la agroindustria tiene la posibilidad de realizar todos los estudios científicos para evaluar los efectos a la salud y al medio ambiente por la siembra de maíz GM en México, bajo supervisión judicial y de la colectividad demandante. Al día de hoy se ha rehusado a realizar cualquier estudio en México.

El Panel está integrado por tres expertos en comercio internacional y aspectos legales vinculados con procesos comerciales.

No son científicos, ni especialistas en salud pública o ambiental. Su labor se limita a resolver la controversia administrativa presentada por Estados Unidos contra México, sin considerar los posibles impactos del maíz genéticamente modificado en la salud, la biodiversidad o el medio ambiente del país. Cabe recordar que México, además de ser un centro de origen y diversificación constante del maíz, tiene este cereal como base de su dieta y cultura.

El proceso ha permitido avances significativos en términos de información, gracias a las contribuciones de organizaciones civiles, personas científicas y peritas, cuyos análisis se incorporaron a las argumentaciones de México. Este debate ha evidenciado deficiencias en los sistemas internacionales de evaluación de organismos genéticamente modificados y sus riesgos para la salud humana y ambiental.

Dichos sistemas no consideran factores clave, como las formas de consumo, la cantidad y la frecuencia con que lxs mexicanxs consumen maíz a lo largo de su vida. Tampoco evalúan las implicaciones en la diversidad del maíz que es fundamental para contender contra los fenómenos derivados del cambio climático.

Aunque el resultado del Panel no favorece a México, el país ha reafirmado su compromiso de proteger la salud pública y el medio ambiente frente a los riesgos asociados con el maíz transgénico. Este tema sigue siendo una prioridad en la agenda nacional. Asimismo, resulta fundamental que las empresas biotecnológicas logren demostrar que el maíz genéticamente modificado es seguro para su consumo humano en la industria de la masa y la tortilla en México, y también que el Gobierno de Estados Unidos realice evaluación sin conflicto de interés sobre la inocuidad de los organismos genéticamente modificados. Cabe señalar que en tanto el Gobierno de México presentó una recopilación de artículos científicos, dictaminados por pares; Estados Unidos presentó investigaciones financiadas por la propia industria e incluso, panfletos publicitarios.

Por otra parte, las acusaciones de que el Decreto obstaculiza el libre comercio carecen de fundamento, ya que las importaciones de maíz han crecido en los últimos años, concentrándose principalmente en grano destinado al consumo animal. Esto se dió a conocer con claridad recientemente con las cifras de importación de maíz de este año.

En este contexto, sostenemos que un Panel comercial no tiene la legitimidad ni la capacidad para evaluar las medidas adoptadas por un país destinadas a proteger la salud de su población, preservar su riqueza biocultural y salvaguardar el reservorio genético de uncultivo que, por su volumen de producción y diversidad de usos, es el más importante del mundo. Por ello, bajo ninguna circunstancia un tratado comercial puede estar por encima de la soberanía de México.

Para asegurar y fortalecer nuestra posición es crucial elevar a rango constitucional la prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado y su consumo como alimento básico.

Asimismo, es imperativo garantizar que no sea liberado, ni siquiera de forma accidental, en el campo mexicano para proteger el derecho a una alimentación adecuada, saludable y culturalmente pertinente, como dictaminó en agosto una comisión legislativa del Congreso. Recordemos además, que sigue vigente el juicio en relación con la Demanda Colectiva Maíz, que en los hechos impide legalmente la siembra de todos los maíces genéticamente modificados, como los transgénicos, en México.

Compromiso y llamado a la acción

 La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País reafirma su compromiso de continuar la lucha en contra el maíz GM y en favor de la soberanía alimentaria, la biodiversidad y la defensa de los maíces nativos. Hacemos un llamado urgente a organizaciones de la sociedad civil, colectivos y a las más de 100 mil personas que han expresado de forma decidida su respaldo a la decisión soberana de México para proteger sus maíces nativos y alimentación, a difundir este pronunciamiento.

Es esencial que sigamos exigiendo al Gobierno de México que mantenga su postura firme en contra del maíz GM ante los intereses transnacionales. Invitamos a la sociedad en general a compartir este pronunciamiento y a no dejar de alzar la voz en defensa de nuestra soberanía, nuestra salud y patrimonio biocultural.