*Yamiri Rodríguez Madrid.
Bien dicen que no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que aparece en las redes sociales es cierto.
Últimamente las redes sociales han intentando sustituir al debido proceso, pues la sospecha se viraliza antes que los hechos. Le pongo como ejemplo el caso de la síndica de Córdoba, Vania López González, quien ha sido blanco de señalamientos infundados por un grupo que pretende transformar un proceso penal en una novela de persecución política.
El caso que ha reactivado esta narrativa es el del ex regidor noveno del Ayuntamiento, Eduardo “N”, detenido desde octubre de 2024 por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada. No se trata de un asunto menor ni mucho menos ambiguo: existen carpetas de investigación previas por acoso, y el caso ha seguido su curso judicial conforme marca la ley. Hoy, enfrenta prisión preventiva en el penal de La Toma, en Amatlán.
Sin embargo, un grupo de simpatizantes del ex regidor ha intentado revestir el caso con un manto político. En su desesperación por revertir el proceso, han optado por el camino más fácil y más irresponsable: acusar a la síndica Vania López de haber “orquestado” una persecución política.
Pero, seamos serios. ¿Desde cuándo una síndica municipal tiene facultades para manipular a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial? ¿De verdad hay quien cree que un delito de esta magnitud puede ser fabricado desde un escritorio del Cabildo?
La respuesta es tan obvia como incómoda para quienes insisten en sembrar mentiras: no, no tiene ni el poder ni el interés de hacerlo. Y así lo ha dejado claro la propia síndica, quien ha respondido de forma institucional y firme, anunciando además acciones legales en contra de quienes han emprendido una campaña de difamación en su contra.
“Es absolutamente falso que su servidora haya tenido participación, injerencia o influencia alguna ante los hechos que se le imputan”, declaró Vania López, reiterando que no ha intervenido ante autoridad ministerial o judicial, directa o indirectamente. Y agregó algo crucial: “el que afirma está obligado a probar”.
Y ahí está el centro del asunto. No se puede usar la narrativa de la persecución para encubrir acusaciones graves, mucho menos para limpiar la imagen de un funcionario que enfrenta múltiples denuncias de mujeres. Lo que está en juego no es solo la reputación de una servidora pública, sino el principio de justicia misma.
La síndica, con madurez política, no se ha sumado a la confrontación ni ha caído en provocaciones. Ha defendido su nombre y, más aún, ha defendido el derecho de las víctimas a que sus casos sean escuchados sin ser politizados.
Y ojo: justicia no es venganza, pero tampoco debe ser confundida con persecución cuando lo que hay son procesos abiertos. Así las cosas.
@YamiriRodriguez
