*IMPRONTA
/ Carlos Miguel Acosta Bravo /
Los recientes resultados de la Auditoría Superior de la Federación colocan nuevamente a Veracruz frente a un tema delicado, el manejo de los recursos públicos y la obligación de transparentar cada peso. El caso más grave, hasta ahora, es el de Alvarado, donde se reportan cinco denuncias penales y 31 expedientes activos por un presunto daño patrimonial de 392 millones 253 mil 247 pesos, relacionado con la administración municipal 2018-2021.
Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. No se trata de una diferencia administrativa menor, sino de una acusación que ya escaló a la vía penal. De acuerdo con los reportes, la ASF detectó posibles irregularidades en recursos federales de varios fondos, incluyendo FAISMUN, FORTAMUN, CAPUFE, participaciones federales y recursos de hidrocarburos. Entre las observaciones aparecen transferencias a otras cuentas, pagos sin comprobación suficiente y mezcla de recursos federales con ingresos municipales.
Pero también debe hacerse una distinción importante. En el tema de la entrega de participaciones federales a los municipios veracruzanos, la propia ASF revisó 17 mil 122 millones 984 mil 759 pesos, es decir, el 100 por ciento de esos recursos, y determinó 13 resultados, 10 sin irregularidades, dos solventados antes del informe y uno que derivó en una recomendación.
Ahí está el punto de discusión pública. La ASF sí señaló áreas de mejora, falta de actualización de cálculos mensuales provisionales durante los primeros cinco meses de 2025 y ausencia de formalización de algunos coeficientes usados para afectar participaciones por adeudos del FEIEF. Sin embargo, también concluyó que, en general, Veracruz realizó una gestión adecuada en la distribución y pago de participaciones federales a sus municipios, salvo esas áreas de mejora.
Por eso, el problema político no se resuelve únicamente con un desmentido de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Si el gobierno estatal sostiene que no hubo daño patrimonial ni mal manejo en el reparto de participaciones, debe explicarlo con claridad, documentos y lenguaje ciudadano. En materia de dinero público, no basta decir “no pasó nada”; hay que demostrarlo.
A esto se suma otro elemento incómodo. Veracruz no ha suscrito, hasta ahora, el convenio nacional de coordinación con la ASF. Según reportes locales, el ORFIS argumentó que busca modificar disposiciones del instrumento, principalmente por diferencias sobre la metodología de auditorías, aunque aseguró que no existe ruptura con la Auditoría Superior de la Federación.
Ese desencuentro institucional no ayuda. Aunque pueda tener una explicación técnica o jurídica, hacia la sociedad envía una señal negativa. Mientras se acumulan observaciones, denuncias y sospechas sobre el uso de recursos públicos, las instituciones encargadas de fiscalizar parecen no caminar al mismo ritmo.
Veracruz carga con una historia pesada en materia de corrupción. Por eso, cualquier señal de opacidad debe atenderse con especial cuidado. El caso Alvarado exige investigación y sanción si se comprueban responsabilidades. El caso de las participaciones exige información pública, puntual y comprensible. Y el convenio pendiente con la ASF exige voluntad política para coordinarse sin pretextos.
La transparencia no debe depender de simpatías partidistas ni de pleitos burocráticos. La sociedad veracruzana merece saber qué ocurrió, quiénes son responsables y qué se está haciendo para que los recursos públicos lleguen realmente a los municipios y a la gente.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.