*La iniciativa del diputado Facundo Fernández prevé que informes individuales contengan datos relativos al cumplimiento con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Xalapa, Ver., 19 de noviembre de 2026.- El diputado Facundo Fernández de la Cruz presentó al Pleno una iniciativa que prevé adicionar un inciso a la fracción I del Artículo 57 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado para establecer que los Informes Individuales de las revisiones practicadas a los entes fiscalizables deberán contener un apartado relativo al cumplimiento de los objetivos de aquellos programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia y cualquier otra forma de discriminación de género.
Durante su intervención en la Décima Segunda Sesión Ordinaria, el legislador manifestó que el ejercicio del gasto público con perspectiva de género tiene el propósito de generar cambios a corto, mediano y largo plazo en el Estado y sus municipios y que las acciones de fiscalización superior deben abonar a que se conozca de manera periódica y permanente, el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los programas correspondientes.
Lo anterior, con el propósito de que exista transparencia y rendición de cuentas por lo que se refiere a la agenda de género en la entidad.
Asimismo, dijo que es un deber legal del Estado y de los Municipios configurar presupuestos públicos con perspectiva de género, pues estos constituyen herramientas clave de las políticas públicas, las cuales -mediante la asignación y etiquetado de recursos públicos- tienen como objetivo acelerar el paso hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, “además, son un indicador del compromiso del gobierno con los derechos de las mujeres y la igualdad”.
Por otra parte, recordó que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, aprobado el 15 de diciembre de 2025, mandata que, a efecto de dar cumplimiento a lo preceptuado por Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, los recursos autorizados a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal deberán ser utilizados para implementar las acciones necesarias para lograr la transversalidad y la igualdad de género hacia el interior de las mismas.

