**Rúbrica.
*Mi solidaridad con Sarah Landa, agredida por el gobernador de Veracruz”
/ Por Aurelio Contreras Moreno /
La espiral descendente y decadente en la que ha entrado el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez justo a la mitad del sexenio, es realmente preocupante por todo lo que implica para la seguridad pública, la democracia y las libertades en el estado.
El perfil autoritario y cada vez más violento que decidió adoptar Cuitláhuac García para su gubernatura se convierte en un arma peligrosa en manos de ese grupo de incapaces para el servicio público de los que se rodea y que, para intentar esconder sus pifias y limitaciones, agreden lo mismo a sus antagonistas políticos que a los medios de comunicación y los periodistas –los que se dejan-. Pero sobre todo, a los ciudadanos que tienen la mala estrella de toparse con ellos o con sus policías, que cuentan con carta blanca oficial para cometer todo tipo de abusos y violaciones a los derechos humanos.
La violencia verbal con la que Cuitláhuac García trató a la reportera Sarah Landa por hacerle una pregunta que no le gustó no es nueva ni es casual. Las conferencias “mañaneras” del gobernador –que hasta en eso busca imitar al presidente López Obrador- suelen ser ejercicios de control y sumisión a los que asisten mayoritariamente reporteros de medios con convenio con el gobierno estatal, y que por lo mismo están maniatados –no todos, valga decirlo, aunque otros se ven felices con su condición- para preguntar con libertad. Quienes lo hacen, se enfrentan a los ataques de ira de un mandatario intolerante y a quien ya se le olvidó que hace tres años era un don nadie, y que dentro de otros tres seguramente volverá a serlo. Claro, si es que no termina convicto, como su antecesor Javier Duarte.
Esa violencia tiene números concretos. De acuerdo con el estudio “Asedio, amenaza y ataque: la condición de vulnerabilidad de periodistas en México” elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), durante el periodo 2020-2021 Veracruz ocupó el tercer lugar entre los estados de la República en los que se reportó el mayor número de agresiones contra mujeres periodistas, con 116; le superan solo la Ciudad de México –donde curiosamente gobierna una mujer con grandes aspiraciones- con 258 y Puebla –gobernada por otro troglodita- con 117. Este miércoles quedó claro el porqué de esas cifras.
Pero no solo las y los periodistas sufren esa violencia en Veracruz. El gobierno que al inicio del sexenio se comprometió en un acto público a instaurar una política de “cero tolerancia a la violencia contra las mujeres”, las agrede de manera inverosímil. Ya bien mediante el acoso sexual de funcionarios de diferentes niveles que se ha denunciado en dependencias como las secretarías de Medio Ambiente y de Gobierno –sin que existan consecuencias reales-, o de plano a través del abuso sexual y la tortura, como lo acaba de acreditar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que por ello emitió una nueva recomendación al gobernador Cuitláhuac García y a la fiscal general Verónica Hernández Giadáns.
La investigación de la CNDH acreditó que una mujer, detenida arbitrariamente en noviembre de 2020 en la Ciudad de México por policías ministeriales de Veracruz, “fue objeto de diversos actos de tortura que vulneraron su derecho a la integridad personal, a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, que laceraron su dignidad, honra e intimidad, con lo cual, indebidamente, las autoridades involucradas lograron que aceptara la presunta comisión de un delito”.
Se trata del caso de July Raquel Flores, quien fue prácticamente secuestrada enfrente de sus hijos por los policías de Hernández Giadáns y obligada a autoinculparse por el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez, perpetrado el 29 de junio de ese mismo 2020.
La víctima denunció desde el principio los abusos de los que fue víctima y que la CNDH determinó como ciertos y que involucran al sistema de justicia del estado por entero, pues mientras los ministeriales “hicieron uso de técnicas ilegales para obtener su confesión, utilizando su cuerpo y su sexualidad como un elemento más para infligir en ella actos que la afectaron gravemente”, tanto el médico adscrito a la Dirección General de la Policía Ministerial como las autoridades del penal de Pacho Viejo “también vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que tuvieron conocimiento de los posibles actos de tortura y violencia sexual cometidos y, a pesar de ello, omitieron denunciarlos a la autoridad competente, lo que indudablemente ha impactado en el acceso a la justicia”.
Veracruz vive un estado de emergencia y de vergüenza nacional con el gobierno de la “bendición”.
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