*Se detectó que a nivel nacional, las agencias del Ministerio Público en realidad mandan al archivo el 60% de casos que dicen resolver.
* Ni una de las 32 entidades federativas ha conseguido implementar al cien por ciento el sistema penal acusatorio que entró en vigor desde junio de 2016.
/ Redacción /
Cdmx., 8 de agosto, 2019. El promedio nacional de denuncias no esclarecidas a nivel de Estados es del 96.1%, y a nivel federal es del 94.6%. Veracruz supera e l99 por ciento con 99.8, apenas detrás de Tamaulipas, estado que tiene 99.9 por ciento según un estudio que mide la eficacia del sistema de justicia penal, así como los avances en la implementación del nuevo modelo.
Veracruz tuvo el quinto lugar en cuanto al monto de presupuesto del FASP con 378 millones de pesos, mientras que Tamaulipas cuenta con 292.5 millones de pesos en el 2018.
Como el año anterior, el Estado de México y la Ciudad de México fueron las entidades mayormente beneficiadas
con la distribución de estos recursos (6.8% y 6.0% respectivamente). En el caso del Estado de México, fue pagado un total de $580,087,792.2, y $512,177,656.2 para la Ciudad de México. En contraste, Michoacán fue el estado que menor
cantidad de recursos recibió del FASP en 2018, con $120,377,599.9, lo que representó 1.4% del total de los recursos pagados durante ese año.
De acuerdo al estudio de México Evalúa “Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, en 31 de las 32 entidades federativas del país más del 90% de los ilícitos se abrió una carpeta de investigación pero quedan en la total impunidad, sin reparación del daño, ni castigo para los responsables.
En Veracruz, las capacidades institucionales para garantizar el acceso a la justicia, no son cifras positivas, los jueces en el sistema de justicia penal acusatorio por 100 mil habitantes es de 0.5 cuando el promedio nacional es de 0.9.
Al respecto de defensores Públicos por cada 100 mil habitantes en Veracruz su participación es de 0.5 cuando el promedio nacional es de 2.
En Materia de agencias de Ministerios Públicos Veracruz adolece de ellas notablemente, ya que cuenta con tan sólo el 0.3 siendo el promedio nacional de 2.8.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) reportó que el SJP es operado a través de 41 Centros de Justicia Penal
Federal, donde Veracruz cuenta con dos centros: Coatzacoalcos y Xalapa.
Al respeto del desempeño de las Fiscalía con el mayor desarrollo de capacidades instaladas es la de Querétaro, seguida por las fiscalías de Baja California y de Chihuahua. En el siguiente nivel de desarrollo se ubican Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo y Tamaulipas; y muy por detrás, las fiscalías de San Luis Potosí y Durango.
Por estado, la Fiscalía que reportó más especialidades fue la de Colima, con 18, seguida por las de Puebla y Querétaro con 15 cada una; Durango con 14 y Aguascalientes, Sinaloa y Veracruz con 13 cada una. Con 12 se
encuentran Guanajuato, Estado de México y Tamaulipas, con 11 Michoacán y con 10 Baja California, Jalisco, Tabasco,
y Zacatecas.
Es importante señalar que únicamente ocho de 29 estados que proporcionaron información (Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz) reportaron que el Servicio Profesional de Carrera se encuentra operando efectivamente en la institución. Esto es grave dado que los servicios periciales y forenses se integran por personal altamente calificado, que requiere permanencia laboral y un plan de desarrollo profesional
que le permita alcanzar un alto grado de especialización.
Del análisis de los resultados de su operación en cada una de las instituciones arrojó como resultado que los estados que más sentencias dictaron en relación a las causas penales iniciadas fueron la Ciudad de México (26%),
el Estado de México (24.7%) y Sonora (26%).
Las entidades federativas que más utilizaron la prisión preventiva oficiosa fueron el Estado de México (70%), Michoacán (58.3%) y Veracruz (50.7%); mientras que las que menos la usaron fueron Tabasco (0.6%), Nayarit (4.4%) y Coahuila (4.5%).
A nivel nacional, el 51% de las investigaciones judicializadas iniciaron con detenido. Los estados que iniciaron más causas penales con esa característica son Ciudad de México (89.9%), Puebla (89.7%), Coahuila (71.7%) y Veracruz (71.2%).
En resumen, siete estados el nivel de impunidad supera el 99% siendo Tamaulipas y Veracruz los líderes con niveles del 99.9 y 99.8% de casos no resueltos respectivamente. En ese grupo se encuentra Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Baja California Sur y Yucatán. En cuanto a las entidades con mayor población el estado de México presenta un nivel de impunidad del 97.6%, Ciudad de México del 94.5% y Jalisco del 98.8%.
Las causas van en general desde la falta de agencias de MP, yo/o personal de atención hasta ausencia de capacitación de la ley y normativa al momento de aplicarlas. En 2018, una de cada cinco detenciones fue anulada por los jueces debido a irregularidades.
En particular en Veracruz se destacó, ya que hasta la fecha de elaboración del reporte, para el Estado de México y Veracruz no fue posible utilizar la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para el proceso de envío de solicitudes, por lo que debieron ser presentadas a través de los sistemas INFOMEX estatales.
El informe incluye un “Índice de Impunidad” construido a partir de la revisión de los resultados que en un año tuvieron casos que sí se denunciaron ante agencias del Ministerio Público. Ello sin tomar en cuenta la “cifra negra” de delitos que no se denuncian y por tanto no se les puede dar seguimiento.
“Aunque algunos estados han logrado avances para dar una salida satisfactoria a los asuntos que conocen, el porcentaje de casos no resueltos es muy alto y, de manera preocupante, a veces corresponde casi a la totalidad de los asuntos. Si pensamos en la cantidad de delitos ocurridos que ni siquiera llegan al conocimiento de las autoridades, las alarmas deben seguir encendidas para buscar la implementación de mecanismos que logren revertir la impunidad generalizada que hoy impera en todo el país” indica el informe..
Carpetas de Investigación en la congeladora
En ese sentido el reporte da a conocer que en 2018 se iniciaron poco más de dos millones de carpetas de investigación por alguno delito en las fiscalías del país. En casi la mitad de esos asuntos (49.6%) el Ministerio Público decidió no mandar el caso al juez sino tomar por su cuenta una determinación, lo que en teoría significaría que el caso que tuvo alguna “solución”.
Sin embargo al analizar cómo es que las agencias del MP “determinaron” estos casos, se advierte que 6 de cada 10 en realidad fueron enviados a lo que se denomina “archivo temporal”, es decir, se decide congelar el caso en el escritorio.
“El archivo temporal tiene como finalidad detener provisionalmente o dejar en pausa una investigación cuando se considera que no hay indicios para esclarecer los hechos o no se cuenta con las pruebas suficientes para avanzar en ella. No se trata de una determinación definitiva. Sin embargo, pareciera que esta figura está siendo utilizada como un mecanismo para ocultar el rezago institucional de las fiscalías, derivado de su ineficiencia para las labores de investigación” indica el análisis.
Por otro lado, del total de casos iniciados en 2018 a nivel nacional hay otro 40% que se encuentra en fase de investigación sin que se haya judicializado aun. En el análisis a nivel estatal hay casos peores, como Quintana Roo o Guerrero donde en fase de investigación siguen casi el 90% de los casos, o Tamaulipas y Puebla donde en esta estatus se encuentran el 70%.
Solamente un 3.9% de las denuncias ante el Ministerio Público a nivel nacional terminó en una carpeta de investigación enviada ante un juez, es decir, 4 de cada 100 casos. Y solo el 0.27% de los casos llegó a un juicio oral.
