La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres) aprobó el pasado miércoles una reducción a su presupuesto en 151 millones de pesos, en una reunión virtual a la que se presentó incluso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Salud encargado de la respuesta a la pandemia de COVID-19, Hugo López-Gatell.
Un ajuste que justificaron con la austeridad republicana de la cuarta transformación, a horas de que el presidente había negado los recortes que se le hicieron a alerta de Género, entre otros programa que desde hace dos años que tomó protesta ha venido acotando en detrimento de la seguridad de las mujeres.
Las representación de Veracruz se negó a probar el recorte del de por sí ya raquítico presupuesto para una emergencia nacional como el de las violencias contra las mujeres que es una pandemia no atendida por el desdén presidencial.
La veracruzana feminista Estela Casados narra lo sucedido en esa polémica sesión de la junta de gobierno.
“Ante el panorama del recorte presupuestal y de que, en los hechos, las mujeres que habitamos este país no somos consideradas prioritarias como tampoco lo son los problemas que nos atraviesan, a algunas consejeras provenientes de pueblos indígenas, academia y sociedad civil, nos pareció de una total incongruencia reducir los magros recursos que se le otorgan al Inmujeres”.
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