/ Yamiri Rodríguez Madrid /
Hace unos días Integralia presentó su primer reporte de violencia política en el país, en el que señala que Veracruz es uno de los seis estados en donde hay un muy “alto riesgo” de violencia política electoral. Conforme a su análisis, las entidades con “mayor riesgo de intervención del crimen organizado” en las elecciones locales cuentan con: acumulación de mercados ilícitos, grupos criminales en conflicto armado, un Estado de derecho débil, celebración de elecciones municipales, y municipios clave para el crimen, altamente competitivos”.
El 18 de enero la organización Data Cívica dio a conocer su monitoreo Votar Entre Balas, en el que destacó que el año pasado se registraron 574 agresiones del crimen organizado a personas vinculadas a la política y el gobierno y que los estados con más agresiones registradas (incluyendo asesinatos, atentados, ataques armados, secuestros, desapariciones y amenazas) fueron Guerrero (91), Guanajuato (64), Zacatecas (43), Veracruz (42) y Michoacán y Chiapas, con 38 cada uno.
Apenas el 2 de febrero, el Instituto Nacional Electoral (INE), junto con autoridades federales, acordaron establecer un protocolo específico para atender las solicitudes de candidatas, candidatos y partidos políticos, relacionadas con la seguridad en las entidades, en el marco del Proceso Electoral 2023-2024.
La consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, detalló que, bajo este esquema, las autoridades brindarán servicios de seguridad y acompañamiento a las y los candidatos que lo soliciten, asignándolos con base en zonas de riesgo con nivel de incidencia delictiva alta, media y baja y que será el INE el encargado de hacer una solicitud formal a la Mesa de Seguridad Interinstitucional, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre eventos que requieran de servicios de seguridad a nivel federal, como los debates.
El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Josué Cervantes Martínez, reveló que, a la fecha, solo un precandidato ha solicitado seguridad; habrá que ver de aquí a que termine el proceso electoral cuántos y en dónde también solicitan.
No debemos olvidarnos que, desafortunadamente en octubre del año pasado, William Monge, ex presidente municipal de Gutiérrez Zamora fue asesinado; aspiraba a figurar en la boleta el 2 de junio y, en el proceso del 2021, hubo otros asesinados. Aunado a esto figura en el radar las declaraciones de la semana pasada de la alcaldesa de Acayucan, Rosalba Rodríguez, sobre la situación que supuestamente prevalece en el sur de la entidad. Ojalá que sea un proceso con saldo blanco
@YamiriRodriguez
